El
Lic. Don Juan Nepomuceno González: intimidades de una etapa histórica de San
Luis Potosí, México (1846-1863)
The Lawyer Don Juan Nepomuceno
González: intimities of a historical stage of San Luis Potosí, México
(1846-1863)
Advogado Dom Juan Nepomuceno González:
intimidades de uma fase histórica de San Luis Potosí, México (1846-1863)
(Instituto Politécnico Nacional, México)[1]
Fecha
de recepción: 10 de septiembre de 2024
Fecha
de aceptación: 06 de noviembre de 2024
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Creative Commons 4.0
Cómo citar: González,
O. (2024). El Lic. Don Juan Nepomuceno González: intimidades
de una etapa histórica de San Luis Potosí, México (1846-1863). Revista Pares - Ciencias Sociales, 4(2),
167-190.
ARK
CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s27188582/yoswfnwru
Resumen
El
presente artículo es un fragmento de la investigación sobre la familia González
Moreno. Una línea transversal de la investigación es el proceso de Don Juan
Nepomuceno del Refugio Fausto González Magallanes —tatarabuelo en esta línea
genealógica— quien, por cuestiones geográficas y temporales fue parte de la
primera sentencia exitosa de amparo en México efectuada el 13 de agosto de 1849
en el Estado de San Luis Potosí y la Rebelión de la Sierra Gorda entre los años
de 1847 y 1849. Asimismo, fue contemporáneo de la Guerra contra los Estados
Unidos entre los años de 1846 y 1848 y del asesinato del gobernador, Julián de
los Reyes en 1853 hasta la llegada a San Luis Potosí del Segundo imperio en
1864, evento que marcó el término de esta etapa. Se utiliza la biografía como
una forma de conocer el contexto del momento histórico que el país vivía e
identificar los métodos de coacción e imposición ejercidos por parte del poder
del Estado y de las clases privilegiadas a partir del México independiente del
siglo XIX y su reflejo con el actual.
Palabras clave: Sierra Gorda, Julián de los Reyes,
amparo, siglo XIX
Abstract
This article is a fragment of the research on the
González Moreno family. A transversality line of research is from Don Juan
Nepomuceno del Refugio Fausto González Magallanes —great-great-grandfather in
the genealogical line— who, for geographical and temporal reasons, was part of
the first successful amparo ruling in México carried out on August 13, 1849 in
the State of San Luis Potosí and the Sierra Gorda Rebellion between the years
of 1847 and 1849. In addition, he was a contemporary of the War against the
United States between the years of 1846 and 1848 and the assassination of the
Governor, Julián de los Reyes in 1853 until the arrival of the Second Empire in
San Luis Potosí in 1864, an event that marked the end of this stage. Biography
is used to know the context of the historical moment that the country was
experiencing and identify the methods of coercion and imposition exercised by
state power and the privileged classes from the independent México of the 19th
century and its reflection with the current one.
Keywords: Sierra Gorda, Julián de los Reyes,
legal protection, 19th century
Resumo
Este
artigo é um fragmento da pesquisa sobre a família González Moreno. Uma linha
transversal da pesquisa é o processo de Dom Juan Nepomuceno del Refugio Fausto
González Magallanes, tataravô nesta linha genealógica, que por razões
geográficas e temporais, fez parte do primeiro amparo bem-sucedido no México em
13 de agosto de 1849 no Estado de San Luis Potosí, e da Rebelião de Sierra
Gorda entre os anos de 1847 e 1849. Da mesma forma, foi contemporâneo da Guerra
contra os Estados Unidos entre os anos de 1846 e 1848, e do assassinato do
Governador Julián de los Reyes em 1853 até a chegada do Segundo Império em 1864
em San Luis Potosí, evento que marcou o fim desta etapa. A biografia é
utilizada como uma forma de conhecer o momento histórico que o país vivia e
identificar os métodos de coerção e imposição exercidos pelo poder do Estado e
pelas classes privilegiadas do México independente no século XIX e seu reflexo
com o momento atual.
Palavras-chave: Sierra Gorda, Julián de los Reyes,
proteção, século XIX
Introducción
El presente artículo es producto transversal de una
investigación sobre el árbol genealógico
de la familia González Moreno, llevada a cabo en un inicio por medio de un
estudio documental e investigación de campo que contó con entrevistas. La investigación
documental se basó en: (a) archivos de la biblioteca de la Asociación de
Escritores de México A. C.; (b) libros y artículos académicos que sirvieron
como fuentes indirectas; (c) herramientas para el conocimiento de documentos
históricos genealógicos, como Familysearch y las del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México; y (d) documentos del
archivo familiar.
Al efectuar la búsqueda de los antecedentes primigenios
genealógicos familiares del primer apellido, se rastrearon los más antiguos
entre los años 1760 y 1800 en una localidad llamada —durante la época
virreinal— Real de Fresnillo, en lo que hoy se conoce como el Estado de
Zacatecas que junto con los actuales Estados de Aguascalientes, Colima y
Jalisco conformó el Reino —en un tiempo intendencia— de la Nueva Galicia donde
en Guadalajara se fincó el centro de poder político, económico y social de
dicho reino. Don Félix González y Rosaura de la Torre, españoles los dos, son
los primeros antecedentes genealógicos recolectados a la fecha. Con ellos
comienza esta línea temporal y genealógica.
Don Félix y Doña Rosaura fueron padres de Don José Miguel
González de la Torre (Real de Fresnillo, Zacatecas, 1782). Hombre acaudalado y
húsar del Digno Escuadrón de Caballería de Guadalajara, perteneciente al
Ejército realista durante la Guerra de Independencia de México. Su primogénito
fue Don Juan Nepomuceno del Refugio Fausto González Magallanes (Guadalajara,
Jalisco, 1814-San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1871), capitán del Ejército
Nacional y abogado que participó en la Guerra de Invasión Estadounidense
(1846-1848) y fungió como prefecto de la capital del Estado de San Luis Potosí
en el año de 1846, durante el mandato de Ramón Adame. Esta figura permitirá
mostrar la parte menos conocida de esta etapa histórica de San Luis Potosí, tan
importante para la de México.
En el artículo se presentan y reflexiona sobre los tratos,
movimientos, pactos y complicidades en torno al conflicto entre México y
Estados Unidos; al estallido de la rebelión de la Sierra Gorda, a la primera
sentencia exitosa de amparo en México y al asesinato del gobernador, Julián de
los Reyes. Se narran las circunstancias y ofrece luz al interior de los hechos
en los cuales se encontró envuelto el Lic. Don Juan Nepomuceno González,
personaje que se toma como punto de referencia del presente artículo.
Antecedentes históricos
A partir de 1808, el Virreinato de la Nueva España comenzó a
desestabilizarse a consecuencia de las Guerras Napoleónicas. Este fue el inicio
de una centuria de beligerancias, sangre, traiciones y muerte que forjaron el
siglo XIX en México. Contrario a lo que se cree comúnmente, en 1810 el
movimiento perpetrado por Miguel Hidalgo no era independentista. Él estaba a
favor del gobierno de Fernando VII. Como sabemos, los mitos fundados en torno a
un personaje no son para crear un héroe y mostrar una verdad, sino para
legitimar un discurso y una ideología: “sostengo que este primer mito alrededor
de la figura de Hidalgo respondió a otro tipo de aspiraciones que no guardaban
relación alguna con el nacionalismo y la invención de la nación mexicana”
(González Salinas, 2014, p.163).
Hidalgo pertenecía a la clase criolla que ostentaba
privilegios, compuesta en su mayoría por hacendados, comerciantes, abogados,
médicos o sacerdotes que, a pesar de su privilegiada situación, se percibían
menospreciados por los españoles nacidos en Europa que vivían en lo que hoy es
México y que solo llegaban por un tiempo y después se iban. Anhelaban
pertenecer a las más altas estructuras de poder que eran destinadas para los
nacidos en Castilla y que, a consecuencia de las encomiendas, no les permitían
aspirar a puestos directivos dentro del reino.
Miguel Hidalgo mantenía un pensamiento tradicionalista de
influjo monárquico a pesar de ser un hombre ilustrado. Esta reminiscencia
imperial se percibe en el estandarte que portó durante su movimiento con la
imagen de la patrona de los nacidos en lo que hoy es México, la Virgen de
Guadalupe, en el que figuraba la siguiente inscripción: ¡Viva la Religión! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva
Fernando VII! ¡Viva la América! ¡Y muera el mal gobierno! (Gutiérrez
Escudero, 2008). Y se confirma más adelante cuando se nombró a sí mismo su Alteza serenísima (Vázquez, 2004). En la
actualidad se le mitifica como el libertador de México cuando este país ni
siquiera existía: su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Al inicio de
la independencia (1821), durante el mandato de Agustín de Iturbide se llamó Imperio
Mexicano y más adelante República de México. Hidalgo nació, vivió y murió en el
Virreinato de la Nueva España.
La idea de independencia surge con José María Morelos y
Pavón; el movimiento de Hidalgo fue detonado más por intereses que sobrepasaban
los nacionalistas o sociales y no solo él estaba preocupado por los cambios que
se suscitaban en esta parte del mundo: en otras zonas de lo que hoy es México
muchas personas con poder económico, los criollos, se lanzaron a la guerra
contra los insurgentes para conservar su estatus y no perder lo que habían
construido durante años y generaciones. Tal fue el caso de Don José Miguel
González de la Torre —padre de Don Juan Nepomuceno González—, que se integró al
Ejército realista para no perder su posición acaudalada.
El trato de “don” que se daba a los criollos era la manera
de diferenciarlos del vulgo. Es como la expresión de cortesía que se practicaba
en el siglo XVII en las cortes europeas para diferenciar a las oligarquías
privilegiadas de la plebe por medio del lenguaje. El siglo XIX en México fue un
rompecabezas en el que la sangre, las complicidades y las traiciones fueron
parte de la constitución del país, que, básicamente, fue cimentado por
criollos.
Hubo grandes desacuerdos que provocaron muerte y miseria
entre los mismos grupos militares de ambos bandos, que no llegaban a acuerdos y
hasta lucharon entre ellos. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que son los
dos héroes que le dieron nombre, libertad e independencia a la nación, fueron
fusilados por traidores a la patria cuando los traicionados fueron ellos. Estos
actos los llevaron a cabo mexicanos —designados por ellos mismos como
americanos—, no españoles venidos de Europa. Benito Juárez (1806-1872)[2],
a quien se tiene como ejemplo de honor y justicia en México, también tildó de
traidores a algunos que estuvieron con él en su camino hacia la presidencia y a
la restauración de la República solo por desear acceder a otros cargos públicos
o a la misma presidencia, como sucedió con Porfirio Díaz, a quien también en el
país, todavía en el presente, algunos lo consideran un traidor.
Juárez fue el iniciador de la restauración de la República,
en tal proceso tuvo que hacer frente a complicaciones tanto internas como
externas que se le presentaron, a las que se sobrepuso con firmeza. Asimismo,
guiado por intereses personales, llevó a cabo el intento de la firma del
Tratado McLane-Ocampo que consistía en la compra a perpetuidad de una franja en
el Istmo de Tehuantepec y que sería una ruta interoceánica que partía desde el puerto de Tehuantepec en el
sur, hasta Coatzacoalcos en el Golfo de México. Y no solo eso, también
contemplaba la concesión de dos derechos de paso en el norte de México, uno
entre Nogales y Guaymas y el otro entre Matamoros y Mazatlán. Benito Juárez
estaba presionado por el gobierno de los Estados Unidos, se encontraba en medio
de la Guerra de Reforma y con la venta pensaba comprar armamento y víveres para
sus ejércitos, para así ganarla y ser el presidente del país. Por la Guerra de
secesión en Estados Unidos, entre otras cuestiones políticas y de intereses
nacionales de los vecinos del norte, el Tratado no se llevó a cabo. En caso de
haberse concretado, Juárez sería recordado como un traidor a la patria, pero
como escribió el filósofo e historiador José Fuentes Mares (1918-1986): Dios era juarista.
Porfirio Díaz es el iniciador del México moderno, quien
consumó la restauración de la República que propuso Juárez y el primero en el
México independiente que intentó unificar al país al incluir en su administración
a juaristas, lerdistas e imperialistas y reconciliarse con la iglesia, además
de conciliar con otras naciones y obtener el reconocimiento internacional
(Speckman, 2004). También propició la educación a nivel nacional y logró la
confianza de otras naciones para lograr préstamos para la construcción de vías
de ferrocarril, un gran logro después del caos que fue la mayor parte del siglo
XIX en México.
Repercusiones del momento histórico
nacional en San Luis Potosí
El 28 de enero de 1847, López de Santa Anna, como presidente
interino de la República, se presentó en San Luis Potosí para arengar a los
potosinos en la defensa de la patria contra la invasión estadounidense y fue
apoyado por el grupo privilegiado al que perteneció el Lic. González. Muchos de
sus miembros eran antiguos activos que comulgaron con el federalismo de alianza
proclamado por López de Santa Anna en los años treinta del decimonónico, entre
ellos Ramón Adame, quien en ese momento fungía como gobernador y era viejo
conocido del ahora Excelentísimo Sr. General en jefe, benemérito de la patria y
presidente interino de México, López de Santa Anna. No se sabe a ciencia cierta quién lo recibió, si fue Francisco
Fregoso o Juan Nepomuceno González, porque las fechas del término de prefectura
de González y el inicio de Fregoso no se han verificado con precisión. Sin
embargo, es muy posible que los dos estuvieran presentes en ese evento.
Entre los años de 1846 y 1848 México estuvo en conflicto con
los Estados Unidos y por su ubicación geográfica situada con proximidad a la
capital del país, San Luis Potosí fue un bastión de defensa y leva contra la
intervención estadounidense y, por tanto, fue guiado políticamente por los
federalistas potosinos (Ramírez Casas, 2020). Los federalistas potosinos fueron
un sistema de reacción que estaba integrado en su mayor parte por abogados,
comerciantes y periodistas pertenecientes a una clase media activa del Estado y
que también contaba con poder económico y político. Varios de ellos habían
participado una década antes en las luchas federalistas de los años treinta
donde coincidieron respaldados por el general Esteban Moctezuma y Don Paulo
Verástegui, quien era uno de los hacendados más acaudalados e importantes del
estado y zonas aledañas. A partir de aquellas luchas se conformó una clase
política en el estado que dominó por varios años y dictó las decisiones
estatales.
Algunas de estas decisiones influían en lo federal:
Una premisa fundamental aquí es que,
para entender la historia política del México del siglo XIX, resulta
importantísimo entender la función de estas élites, sobre todo las que
pertenecían al espacio político conocido como “la media luna liberal”. Allí se
encuentran las bases políticas para la reforma liberal y donde se definirían
sus características principales. (Corbett, 1998, p. 455)
En esta clase pudiente se encontraban personajes de
autoridad como Ramón Adame y Mariano Ávila, quienes entre los años de 1846 y
1848 se alternaron la gubernatura y vice gubernatura del estado. Recordemos que
en el tiempo de la Nueva España no se permitía a los criollos acceder a los
puestos políticos directivos y con la Independencia esta situación cambió.
En 1846, al inicio de la invasión estadounidense, Juan
Nepomuceno González fue el prefecto de San Luis Potosí y estuvo directamente
involucrado en la defensa del país desde la capital del estado. Durante la
guerra con los Estados Unidos se presentó otra de forma intestina. Una rebelión
en la Sierra Gorda (ubicada entre los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro
y San Luis Potosí) que fue detonada por desertores del ejército mexicano,
exmilitares que estuvieron en contra de las decisiones tomadas por los
generales Ampudia y López de Santa Anna relativas a las negociaciones del
Tratado Guadalupe Hidalgo, que cedía más de la mitad del territorio nacional.
Además de las medidas de reclutamiento, que por el momento bélico que acontecía
en el país eran necesarias, pero no agradaron mucho a otros:
Esas medidas de reclutamiento llegaron
a casos como el de Félix Paz Hernández, a quien el Tribunal Superior de
Justicia del Departamento de San Luis Potosí, el 13 de enero de 1846, sentenció
a ocho años de servicio en el ejército con destino a la guarnición de Matamoros
por el delito de homicidio. Otros, como el prefecto de Tancanhuitz, escribían a
las autoridades del estado, que les exigían su “cuota de sangre”. (Calvillo
Unna & Monroy Castillo, 1998, p. 421)
Eventos como el del Tratado de Guadalupe Hidalgo fueron
aprovechados por personas que tenían otros intereses. El hacendado y político
Manuel Verástegui aprovechó el momento histórico para presionar sobre un camino
económico entre la huasteca potosina y la huasteca tamaulipeca con un fin
meramente de beneficio personal y, al no encontrar respuesta positiva por medio
del discurso, incitó a los pobladores a rebelarse con la consigna de hacer de
las dos huastecas un estado aparte y para ello redactó el plan de la guerra de
la Sierra Gorda, conflicto señalado como un antecedente de la guerra de
invasión:
Antes de la guerra del 47, el eje San
Luis Potosí-Tampico formaba un importantísimo cruce en la economía del
Norte-Atlántico, mandando plata pura a Londres y a Nueva Orleans a cambio de
mercancías importadas que después serían distribuidas al mayoreo por toda la
zona minera del centro-norte de México. Pero la guerra causó trabas tremendas
en las redes mercantiles de estos comerciantes. (Corbett, 1998, p. 560)
Este conflicto se unió al de la invasión estadounidense en
la que, en un momento, los rebeldes planeaban hacer tratos con las fuerzas
armadas de los Estados Unidos. Un problema que ya se había expandido hacia
otros estados y que por momentos tomó más relevancia y prioridad que la misma
guerra de invasión.
Fue un tiempo de caos no solo a nivel político, sino también
a nivel social. En la revuelta muchos guerrilleros y gente del pueblo se
beneficiaron a costa de las mismas personas de la región. Existen infinidad de
documentos legales a la par de la guerra contra Estados Unidos que describen el
momento que se vivía en el país, pero al investigar se centra más la atención
en documentos oficiales relacionados directamente con el conflicto
internacional y se deja a un lado los acontecimientos locales que,
afortunadamente, algunos investigadores ya están rescatando para así tener una
visión más precisa sobre este acontecimiento:
Ante el creciente interés de los
historiadores por el primer gran conflicto entre México y Estados Unidos, así
como el empleo cotidiano y monótono de las fuentes clásicas de la guerra, vale
la pena rescatar la valiosa información albergada en el Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (TSJDF) para obtener una perspectiva más amplia
de lo que fue la convivencia cotidiana entre mexicanos y estadounidenses.
Además, dicho archivo proporciona una explicación más grande de la guerra,
relatada siempre por los ciudadanos, los soldados, las autoridades y los
guerrilleros. (Aparicio & García González, 2014, p. 186)
En 1848 el Congreso toma la decisión de
destituir a Ramón Adame y a Mariano Ávila de la gobernación de San Luis Potosí
e impone al General Julián de los Reyes, haciendo caso omiso de todas las
garantías que, conforme a la Constitución de 1824, tienen todos los ciudadanos
nacidos en territorio mexicano. A Adame lo apresaron bajo dudosos argumentos,
logrando el disgusto y rechazo de una parte de la sociedad potosina por la
manera de obrar por parte del gobierno federal. El conflicto con el Congreso
fue a consecuencia de que Adame y Ávila no estaban de acuerdo con la pérdida de
más de la mitad de territorio mexicano y el vice gobernador lanzó una
iniciativa —mientras el gobernador tomaba un receso— que después publicó como
decreto, que discurría sobre la negativa del Tratado Guadalupe Hidalgo y
declaraba que la batalla no había terminado. Aquello fue una declaración de
guerra contra el gobierno.
Imponer a un gobernador interino no les costó trabajo porque
se sabía que a finales de 1848 habría nuevas elecciones para representantes
estatales en los distintos estados de la república. Elecciones que agravaron,
aún más, la administración del nuevo gobernador. La llegada de Don Julián de
los Reyes a la gubernatura estuvo sustentada en la ilegalidad, en el atropello
y el ejercicio desmedido del poder del gobierno federal sobre los ciudadanos.
Un año después, en 1849, el Congreso de México envió a una terna de suplentes
del Juzgado Único del Estado de San Luis Potosí, conformado por Pedro Sámano,
Vicente Busto y Doroteo Fernández. Ese mismo año el gobernador dicta un
documento solicitando el destierro del hacendado y promotor del levantamiento
de la Sierra Gorda en el poblado de Río verde, Manuel Melchor Verástegui
Suárez, y lo encarcela con el fin de condicionarlo para que firmara el acta de
destierro.
Este caso de abuso de poder no solo fue aplicado a Verástegui
Suárez, sino a otros más, entre ellos, al Lic. Juan Nepomuceno González, como
veremos más adelante. Durante este hecho es que se presenta la sentencia de
amparo en la que por primera vez un ciudadano mexicano pudo defender
eficazmente sus derechos individuales y constitucionales en contra del
gobierno. Para las primeras elecciones de 1848, ante candidatos a la
gobernación como Pedro Sámano y Julián de los Reyes, resultó electo Ramón
Adame. Al mismo tiempo, Verástegui tenía pactado un compromiso con Eleuterio
Quiroz —principal rebelde de Sierra Gorda— para invadir el Estado de San Luis
Potosí, llegar a la capital e imponer en la silla del gobierno estatal a Adame
o, en su defecto, a Sámano (Palomino Manchego, 2013).
Se retrata así el modo de obrar de la clase política en
México, que comulgaba con ideologías útiles a sus intereses:
Los “moderados” en San Luis Potosí
siempre se consideraban liberales; no querían de ninguna manera volver al statu quo colonial cuando su provincia
era un mero satélite del centro y su economía cautiva a las maniobras de los
comerciantes capitalinos. Lo que querían los “moderados” era más autonomía
económica y política para los criollos potosinos, es decir, guardaban un sueño
republicano y aristocrático. (Corbett, 1998, p. 456)
Para defenderse, Verástegui interpuso un amparo ante el juez
suplente del Juzgado Único del Estado de San Luis Potosí, Don Pedro Sámano,
quien resolvió en favor de Don Manuel al tomar la figura del amparo de la
legislación mexicana dictada en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.
Verástegui fue señalado por el gobierno de San Luis como un agitador y como el
autor intelectual de la rebelión de Sierra Gorda por la redacción del Plan político y eminentemente social del
Ejército Regenerador de la Sierra Gorda. Esto es plausible, porque
Eleuterio Quiroz fue un hombre sin instrucción académica, incapaz de redactar
un plan; además, algunas fuentes citan que, antes de ser ejecutado, Quiroz
confesó que Don Manuel fue el autor ideológico del movimiento y quien redactó
el documento (Ramírez Casas, 2020). Esto se reafirma en el tercer artículo del
manifiesto, al pedir la restitución de los anteriores gobernador y
vicegobernador, conocidos y amigos de Verástegui:
Art. 3. El orden de cosas de San Luís,
volverá al estado que guardaba antes del 6 de Enero de 1848; y en consecuencia,
volverán a sus puestos los Exmos. Sres. D. Ramón Adame, D. Mariano Ávila, y
todos los demás, funcionarios públicos de aquella época, por haber sido
lanzados revolucionariamente de los empleos en que habían sido legalmente
constituidos. (Quiroz & Camargo, 1849)
Fue
una guerra de poder en la que se enfrentaron dos fuerzas con intereses propios:
una que deseaba que se mantuvieran las cosas como estaban y otra, el cambio. La autoría
intelectual de Verástegui quedó de manifiesto cuando la fuerza opositora al
levantamiento de Sierra Gorda, a través de los editores del periódico El monitor republicano, publicó el 22 de
marzo de 1849, en el Suplemento
número 14099, su desacuerdo y sus reflexiones en contra del movimiento
revolucionario de Río Verde; allí también designan a Verástegui como el
redactor del plan:
No puede uno menos, por circunspecto que sea,
de echarse a reír a pierna suelta al llegar á este y los dos artículos que
siguen. Parece que el autor del plan de intento ha querido burlarse del imbécil
Quiroz y su pandilla. ( … ) ¿De quién es del que te burlas, bárbaro y
desvergonzado Verástegui? ¿de tu héroe de carnaval o de la nación mexicana? ( … )
Si Quiroz fuera un hombre que tuviera al menos sentido común, por este solo
artículo, en que el autor del plan lo ridiculiza tan torpemente y lo pone en
espectáculo, lo hubiera despachado a los infiernos: pero se conoce que aquel
arriero es un mentecato de siete suelas (El monitor republicano, 1849).
Quién fue Don Juan Nepomuceno del
Refugio Fausto González Magallanes, testigo de una etapa histórica de San Luis
Potosí
Por el lugar de nacimiento del hijo de
Don José Miguel González y Doña María Lugarda Magallanes, Don Juan Nepomuceno
del Refugio Fausto González Magallanes (Guadalajara, Jalisco, 1814-San Luis
Potosí, 1871), el apellido familiar González en San Luis Potosí se inicia en
Guadalajara, Jalisco, como se confirma en el tercer párrafo de la página 194 y
en el primero de la 195 de la fe de bautismo del abogado y excapitán mexicano
(imagen 1). Fue capitán federalista del Ejército Nacional y abogado liberal
constituyente. Egresado de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de
Ciencias del estado de Jalisco, anteriormente conocida como la Real Universidad
de Guadalajara, y miembro de la Asociación Patriótica Potosina. Casado el 28 de
agosto de 1841 con Doña Benita Serrano Arenas (San Luis Potosí, 1828-1883),
unión sacramental que puede verificarse en el Acta 112, página 188 del libro de
registros de la Iglesia Parroquial de la Ciudad de San Luis Potosí (imagen 2).
Imagen 1. Fe de bautismo,
Guadalajara, Jalisco, México.
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Fuente: www.familysearch.org Recuperado
el 20 de septiembre de 2024.
Por ser un español nacido en México gozó de ciertos
privilegios y fue parte de la primera generación criolla de ascendencia
González en el Estado de San Luis Potosí, linaje que también le permitió
mantener relación con el poder político y social durante la conformación del
estado potosino. Participó en las batallas federalistas (1835–1839) y en el año
de 1846 fue prefecto[3]
de la Ciudad de San Luis Potosí; por consiguiente, estuvo activo durante la
Guerra de Intervención estadounidense en México. Fue parte de los
constituyentes cuando Eulalio Degollado —más adelante gobernador— redactó y
propuso la Constitución del estado de San Luis Potosí en 1857.
Imagen
2. Acta de matrimonio, Iglesia Parroquial, San Luis Potosí, México.
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Fuente: www.familysearch.org.
Recuperado el 20 de septiembre de 2024.
Un año antes, en 1856, Degollado fue padrino de su hijo,
José Benjamín Adolfo González Serrano, reafirmando así su estrecha amistad. Con
licencia especial por parte del rector y cura, el Lic. Don Manuel Del Conde y
Blanco realizó el convite particular del acto bautismal como se evidencia en el
acta 171 del registro parroquial (imagen 3).
Imagen 3. Fe de bautismo, Iglesia
parroquial, San Luis Potosí, México.
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Fuente: www.familysearch.org. Recuperado el 20 de septiembre
de 2024.
Manuel del Conde, abogado y diputado, pasó a la historia por
ser el Segundo Obispo de la Diócesis de San Luis Potosí en 1869 y por estar
involucrado en 1853 en el asesinato de Don Julián de los Reyes, gobernador del
estado.
Imagen
4. Fe de bautismo, Iglesia parroquial, San Luis Potosí, México.
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Fuente: www.familysearch.org. Recuperado el 20 de septiembre
de 2024.
Durante la administración de Juárez, el padrino del casamiento
de su hija, María Virginia González Serrano (San Luis Potosí, 1842) con Don
Manuel Villalobos, el 25 de septiembre de 1862, fue el teniente coronel Don
Francisco de Paula Fernández, personaje de la élite política y social de San
Luis Potosí de la época. Anteriormente, en 1850, Degollado también fue padrino
de su hija, Adelaida Marciana, como se puede observar en el fragmento de la
página 93 del registro de la Parroquia del Sagrario de San Luis Potosí (imagen
4).
Con Doña Benita Serrano procreó, según se los registros
hallados hasta el momento, doce hijos: María Verónica del Refugio (1842), María
Virginia del Refugio (1842), María Norberta Delfina de la Merced (1843),
Refugio (1844-1850), Aurelio (1845-1859), Leopoldo Juan María (1848-1907),
David Emilio (1850), Adelaida Marciana (1850-1852), Moisés Juan Nepomuceno
Ramón (1852-1873), José Benjamín Adolfo (1856-1915), Eloísa Matilde (Lagos de
Moreno, Jalisco, 1859) y María Yrina (1862).
El Lic. Don Juan Nepomuceno González y
la solicitud de amparo en contra del Estado
La primera sentencia de amparo solicitada en San Luis Potosí
se atribuye a Manuel Verástegui, pero él no fue al único que se le aplicó una
instancia de destierro: varios fueron condicionados con este aparato jurídico
de coerción por parte del gobernador de los Reyes. Este acontecimiento al mismo
tiempo fue una afrenta a la imagen del gobernador, que debía ser aplacada ante
la opinión pública. Julián de los Reyes tuvo que confirmar lo sucedido con las
anteriores órdenes de destierro en el informe que rindió al Congreso a mediados
de junio de 1849.
Las órdenes de destierro fueron disfrazadas de legalidad porque, al ver que
el amparo de Verástegui obtuvo resultados contrarios a los que se esperaban, de
los Reyes y su gobierno
dedujo que las demás tendrían el mismo destino. En consecuencia, el
gobierno del estado argumentó que no se les había brindado seguimiento para no
perjudicar a los ciudadanos. Está confirmada la existencia de, al menos, una
orden de destierro previa a la primera sentencia de amparo:
Cabe agregar que, en la misma ciudad de
San Luis Potosí, al parecer, antes de la demanda formulada por Manuel
Verástegui se presentó otra, suscrita por el licenciado Vicente Busto; aún no
se encontraba al frente del Juzgado de Distrito Pedro Sámano y quien ejercía el
cargo (J. M. Esparza Paredo), formuló una consulta a su superior, el Tribunal
de Circuito de Guanajuato; éste, mediante oficio del 15 de enero de 1849.
(Arizpe Narro, 2006, p. 57)
En el expediente se discurre sobre los argumentos del gobierno
de San Luis Potosí, a consecuencia de la solicitud del Licenciado Vicente
Busto, para que se le amparara contra el Ejecutivo de aquel estado, que
pretendía encarcelarlo por haber expresado en la Junta de Electores la
manipulación que llevó a cabo el gobernador, Don Julián de los Reyes, el 25 de
diciembre de 1848 para hacer triunfar las listas de sus candidatos para
concejales del Ayuntamiento de San Luis Potosí (González Oropeza, 2012). En el texto se presume la acción de manipular
las listas de electores, de coaccionar el voto, de reducir a prisión a los
opositores y de coartar la libertad de expresión, entre otros ilícitos. Además
de que su llegada al poder fue de manera ilegal. El argumento de Don Juan
Nepomuceno González en contra del gobierno fue el siguiente, según el Lic.
Busto:
contra la conducta del gobierno, a
quien culpaba de haber instigado torpemente para vencer en la contienda
electoral, señalaba personas que pertenecían al colegio, y se hallaban
presentes, que habían sido inducidas por el gobernador inmediatamente para que
votasen por tales candidatos, y concluía protestando contra los actos de las
Juntas, que él consideraba nulos por la violencia que se ejercía en su persona,
y le privaba de ejercer los derechos de elector. (González Oropeza, 2012, p.
24)
También se menciona el proceder del juez Esparza y Peredo,
quien tuvo conocimiento del amparo, pero que ante la falta de una ley
reglamentaria del artículo 25 del Acta de Reformas de 1847, decidió remitir “la
duda de ley” a la Suprema Corte de Justicia. En esta solicitud de amparo
estuvieron involucrados muchos personajes de la sociedad potosina, como Juan
Nepomuceno González, a quien el gobernador ordenó apresar con el pretexto de
que era protector, patrocinador y cómplice de un delincuente. Este arresto solo
duró un día y de él el Lic. Busto dedujo lo siguiente:
Para
mí esto era evidente desde el primer día: casi el motivo de la prisión de aquél
elector no es otro que el de ser contrario al gobierno, que trabajaba con
empeño para otra lista diferente de la de aquél, que tenía algún prestigio para
con varios de los electores, y que hacía por tanto dudosa la victoria del
gobierno. (González Oropeza, 2012, pp. 24-25)
Más adelante, en el mes de marzo de 1849, de los Reyes, con
el pretexto de que la investidura que el Congreso le atribuía también le
ofrecía facultades extraordinarias para contrarrestar la situación de
subversión en la Sierra Gorda, ordenó la destitución de los licenciados Antonio
Ávila y Manuel Patiño como Jueces Primero y Segundo de Letras y colocó en su
lugar a los licenciados Jesús Hernández Soto y Antonio Ortiz. Esta acción fue
cuestionada por Ávila y Patiño,que la consideraron ilegal, además de un abuso
de poder por parte del gobernador, un signo del carácter y la manera en que
administraría el estado.
Con motivo de tres amparos presentados, existen testimonios
de Vicente Busto, Juan Nepomuceno González y Pablo de la Barrera —quien fue
presidente municipal de San Luis Potosí en 1844—, implicados y afectados por
las acciones del gobernador. De ellos, quien mejor argumentó estas
arbitrariedades y se documentó más a fondo para lograr la solicitud de amparo
fue el licenciado Busto, quien fungió como elector secundario por la fracción
5ª de la capital del estado durante esas elecciones de 1848, y a través de lo
declarado por Don Juan Nepomuceno se enteró de los motivos de su
encarcelamiento y de las acciones que cometió el gobernador de los Reyes contra
la Junta Electoral y los votantes.
El abuso de poder ejercido por parte del gobernador hacia el
Lic. González, expuesto por Busto, fue una manera de captar lo observado y
confirmado por su persona durante las elecciones de ese año, que ganó de los
Reyes a Sámano con un total y una diferencia que no se correspondía con el
número de votantes. La elección involucró medidas arbitrarias:, se dio ingreso
y voto a militares no pertenecientes al estado de San Luis Potosí, se impidió
el voto a personas empadronadas aduciendo que no estaban inscritas en el
padrón, se encarceló a votantes opositores y se efectuó la entrega de listas de
modo tal que ganara el contrincante de Sámano
(Soto Lara, 2012, p. 94).
Los atropellos, irregularidades y difamaciones sufridos por
los electores contrincantes es lo que detona la demanda de amparo por parte de
Busto, que deja constancia del proceder del gobernador de los Reyes para con
aquellos que eran opositores a sus candidatos y gobierno:
Se
preguntó en efecto a aquellas personas, quienes con su dicho confirmaron la
exposición de González, confesando algunos que habían sido llamados por el
gobernador, y otros por el oficial primero de su secretaría, y aconsejados para
que votaran según vistos lista. (González Oropeza, 2012, p. 26)
Para lograr los objetivos pretendidos, tanto por parte de
los gobiernos como de las cúpulas del poder económico y social a lo largo de
México, se empleó todo tipo de medios:
Las arbitrariedades del gobernador de
los Reyes desembocarían en su asesinato ocurrido en 1853. El mérito de este
juicio fue la valentía del juez Esparza y el celo con que los electores de San
Luis Potosí cuidaron su libertad para cumplir las obligaciones electorales ( … )
A partir de 1849 ( … ) a se inicia una práctica que se observa hasta
nuestros días que interpone a los procesos democráticos las denuncias penales
fingidas que sólo tienen la intención de evitar la auténtica contienda
electoral. (González Oropeza, 2012, p. 35)
Estas aprehensiones e ilegalidades por parte del gobernador
fueron infracciones inventadas, que Busto sintetiza señalando sobre González y
De la Barrera que: “Su delito fue el mismo que el mío, haber hablado contra los
manejos del gobierno” (González Oropeza, 2012, p. 25).
Busto, en su cargo
como Procurador de Pobres (desde1847 hasta mayo de 1848), padeció de una
persecución política y militar y, como consecuencia, tuvo que solicitar apoyo
ante la violación de sus derechos y libertad de expresión tras la publicación
de su artículo Los errores de esta guerra,
que causó el enojo de López de Santa Anna. Solicitó el amparo del gobernador
Ávila, quien lo protegió y le dio apoyo
contra las decisiones arbitrarias del gobierno federal, según confirma un
artículo publicado el 25 de julio de 1847, en el periódico El progreso de la Ciudad de Guanajuato:
Ya estaba por entonces vigente el
artículo 25 del Acta de Reformas, y tal vez sea aquí en donde encuentra fuerzas
el Gobernador Mariano Ávila quien, según se desprende de una información
contenida en el periódico oficial del Estado, “no podía creer se diera un
ataque tan profundo a las garantías individuales, que se ajara de manera tan
directa la soberanía del Estado”, por lo que hubo de comunicar al Comandante
Amador, en un despacho de la misma fecha, que “ante tales agravios es sabida la
obligación en que se halla (el Gobernador) de prestar amparo y protección a
todos sus ciudadanos”, y, en fin, “el deber sagrado en que se encuentra de no
consentir que se ultrajen en manera alguna las garantías individuales. (Larios
Díaz, 2022, pp. 24-25)
Hay que mencionar que Sámano ocupó diversos puestos públicos
durante aquella etapa en San Luis Potosí. En 1836 fue Regidor del Ayuntamiento;
en 1843, Alcalde Primero de la Ciudad; en 1846 y 1847, Diputado del Congreso
Estatal; en 1847, Subsíndico del Convento de San Francisco y en 1848,
Presidente de la Legislatura Estatal (Arizpe Narro, 2006). Además, en las
elecciones de 1848 contendió contra de los Reyes y otros aspirantes de menor
jerarquía.
Con estos datos podemos concluir que Sámano fue parte de la
alta clase política y social del estado, de la que también formaron parte
Verástegui, de la Barrera, Busto, Adame, Ávila y González. Adame y Ávila
presidieron la gobernación; de la Barrera fue alcalde de la capital Busto fue
Juez de Distrito y Primer Procurador de Pobres; y González fue alcalde de la
capital. Un grupo muy compacto que poseyó gran influencia y poder durante esos
años y que fue parte de una cofradía, hermandad o sociedad con características
masónicas por su carácter secreto y que se confirma de una manera plena tras el
asesinato del gobernador de los Reyes.
Nepomuceno González y el asesinato del
gobernador de los Reyes
El gobernador de los Reyes mandó a construir el camino de
Escalerillas, vía comercial que tuvo contacto económico con otros estados.
También ordenó construir un rastro para evitar las enfermedades virales
ocasionadas por matar animales en cualquier lugar y ofreció un impulso a la
construcción del camino de San Luis Potosí a Tampico. Ello le conllevó
enemistades con hacendados de la región de Río Verde, como Verástegui, porque
exigían que ese camino pasara por su ayuntamiento, por las ventajas económicas
que les brindaría esa vía. También construyó el mercado de frutas y legumbres
que solucionó muchos problemas para los comerciantes en días de lluvia.
Igualmente, edificó el Panteón de Guadalupe y fundó la Escuela Normal del
estado. Estas acciones, benéficas para el estado, le ofrecieron la admiración
de muchos, pero también el resentimiento y odio de otros, porque merced a ellas
vieron perjudicadas su economía, su posición social y política dentro de la
comunidad, y menguado su poder.
El
gobernador fue expuesto por Ponciano Arriaga ante el Congreso en 1852 al
argumentar la forma en que accedió al poder y los atropellos e injusticias
cometidos contra los ciudadanos:
Veía
yo en aquel tiempo al frente del Estado en cuya capital nací, á un hombre sin
antecedentes, sin carrera, sin mérito alguno, sin nombre, que habia subido al
alto puesto de gobernador por asalto y con despojo de las autoridades
legítimas; y todo esto no hubiera bastado para resolverme á ser acusador,
porque al fin con buenos hechos hubiera él podido conquistar cuanto le faltaba;
pero le veia al mismo tiempo persiguiendo á las autoridades y á los ciudadanos,
aprovechando las infelices circunstancias en que se hallaba el Estado para
saciar sus resentimientos privados, no perdonando ocasión alguna para
deshacerse de sus enemigos, convirtiendo el gobierno en instrumento de rencores
de partido. (Arriaga, 1852, p. 4)
En
noviembre de 1852 un congregado en Tampico, Tamaulipas, conspiró a favor del
regreso de López de Santa Anna a la presidencia y varios personajes de poder de
la localidad de Río Verde en San Luis Potosí como Don Paulo Verástegui, Domingo
Uthurri y José Martínez de Lejarza, entre otros, vieron en este suceso una
oportunidad para remover de la gubernatura a de los Reyes y se adaptaron al Plan
de Tampico, en el que lo desconocían como autoridad máxima del estado.
Dicho
pronunciamiento se elaboró en casa de José María Verástegui, hermano de Don
Manuel. En aquellos tiempos no era usual que los servidores públicos estuvieran
en sus cargos por más de un año. De esta protesta surgió a la luz el llamado Directorio Revolucionario de Río Verde,
sociedad secreta que manejaba al estado desde años atrás, solo que ahora para
el sector público.
La hermandad estaba conformada por personas de relieve
social y político del estado y en ese momento se apoyaba en hombres
pertenecientes a las fuerzas militares que se habían emplazado en esa
localidad, además de soldados de la colonia militar de San Ciro. Conspiraron para secuestrar a Don
Julián para llevarlo a sus terrenos y, se especuló, efectuar un juicio en su
contra. A consecuencia del alto grado de secretismo por parte de quienes
participaron en este hecho, no existe un argumento preciso del motivo real por
el que se realizó el secuestro.
El 8 de enero de 1853 en la capital de San Luis Potosí
asesinaron a plena luz del día al gobernador del estado, Don Julián de los
Reyes. Este acto es posiblemente el primer magnicidio con base en el secretismo
de las sociedades herméticas en el México independiente. Previamente, ese mismo
año, también se presentó la que es considerada la primera sentencia eficaz de
amparo en México como república independiente (y posible causa del homicidio).
El asesinato estuvo envuelto en una sombra de dudas,
complicidades y corrupción. Jamás se enjuició a persona alguna por ese acto en
el cual estuvieron involucrados personajes de la alta clase social, política y
religiosa de la capital, que conformaban un grupo conocido como El directorio
revolucionario de Río Verde. Todos sabían quiénes habían sido los asesinos
materiales solo que nunca se les consignó ni mucho menos se les condenó.
A pesar de que hubo avisos al gobernador Don Julián y dos
intentos frustrados para arrebatarle la vida, se hizo caso omiso de ello. Por
una cuestión política en la que los intereses personales de ciertos personajes
se veían afectados por distintas circunstancias, que incluían a la huasteca
potosina y la tamaulipeca, a gente de la localidad de Río Verde y hasta el
regreso de López de Santa Anna a la presidencia, se conspiró en el secuestro
del gobernador y para ello contrataron a un sicario. Eso propició que el
gobierno señalara culpables a diestra y siniestra; la mayoría, personas con
poder económico, político y social que fueron involucradas en el homicidio, entre
ellos Verástegui, Adame y Don Manuel del Conde. Para defenderse de la
imputación contrataron al González como el representante legal de algunos
implicados de los cuales, muchos solo fueron chivos expiatorios.
El político, periodista y cronista potosino, Manuel Muro
Rocha (1839-1911) afirma que después de la Guerra de intervención
estadounidense de 1847 y de las tres revoluciones que siguieron en la sierra de
Xichú los estados de San Luis, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas se llenaron de
ladrones, asesinos y asaltantes. Grupos de bandoleros que se dedicaron a la
extorsión, al robo y también a ser sicarios y a toda clase de actividades
sucias a sueldo. Uno de ellos fue Andrés López Morales, “El amito” Andrés
—también conocido como Eulogio Morales—, reconocido bandolero de la zona de los
Altos de Jalisco, quien fue contratado para secuestrar a de Los Reyes. El amito
Andrés, que comandaba una banda de más de sesenta hombres, para ese trabajo
solo se hizo acompañar de siete, de los que solo se conoce el nombre de cinco y
de dos ni siquiera se saben sus apodos. Intentaron secuestrar al gobernador de
los Reyes, pero el plan se salió de control y terminaron ultimándolo.
Tiempo
más adelante en el estado de Jalisco detuvieron a algunos de los participantes
de la banda de el amito —quien se cambiaba de nombre muy seguido para no ser
reconocido— por un asalto en La Ciudad de los Lagos, Jalisco. Entre estos
hombres se encontraban: Rafael del Águila, Timoteo Medina, Sotero Ponce,
Valentín y José María Vázquez o Rodríguez, José María Ruiz y Manuel Cañedo.
Este último, por cuestiones de su historial delictivo, tuvo más dificultades
para resolver su caso y para quedar en libertad amenazó con decir todo sobre el
asesinato del gobernador y con base en el chantaje exigió al grupo de “señores
decentes” del Directorio Revolucionario de Río Verde la asistencia de uno de
los mejores y más profesionales abogados de San Luis Potosí. Para lograr la
libertad de los imputados se envió a un equipo de élite, a lo mejor de la
abogacía potosina, y para el caso más difícil contrataron al Lic. González,
quien logró el objetivo. Más adelante, Cañedo fue baleado y después colgado por
seguir sobre el mismo camino de destrucción, al igual que a Amito, a quien
fusilaron
Uno de los implicados en la muerte de Julián de los Reyes
fue Don Manuel del Conde, presbítero y teniente de la Iglesia Parroquial de San
Luis Potosí y, más adelante, en 1869, Segundo Obispo de San Luis Potosí, quien
tuvo relación con Don Juan Nepomuceno y bautizó a su hija Norberta Delfina de
la Merced en 1843, como lo confirma la fe de bautismo en el tercer párrafo con
número de referencia 812.
Imagen
5. Fe de bautismo, Iglesia Parroquial, San Luis Potosí, México.
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Fuente:
www.familysearch.org. Recuperado el 20 de septiembre de 2024.
El México independiente de mediados del decimonónico se
conformó de los distintos ritos que existían en ese momento. La masonería fue
parte fundamental para la constitución del país y a partir de la mitad del
siglo XIX quienes estaban en los puestos políticos y militares importantes
pertenecían a una logia o sociedad secreta que estaba ligada a las mismas ideas
fundacionales. El grupo de personas conocido como El diccionario revolucionario
de Río Verde fue una de estas sociedades secretas que se establecieron a lo
largo del país que detentaban el poder en San Luis Potosí en ese tiempo. Muro
Rocha (1908) describió la ausencia de justicia que se presentó en el referido
caso al no consignarse a ninguno de los perpetradores intelectuales del crimen;
pero, al mismo tiempo, la condena social y la de algunos cercanos al
gobernador, que después del acto sangriento perdieron su estatus dentro de la
sociedad potosina:
En 1863, Juárez se estableció en San Luis Potosí y lo nombró
la capital del país, pero al siguiente año tiene que retirarse a consecuencia
de la instauración del Segundo Imperio (1864-1867), medida impuesta por el
grupo de conservadores que invitaron a Maximiliano de Habsburgo para gobernar
México. Después de este acontecimiento se fue perdiendo el protagonismo de
quienes formaron parte de esta importante etapa entre los años de 1846 y 1853.
El Lic. Don Juan Nepomuceno González, víctima de hepatitis,
falleció el 4 de mayo de 1871, según consta en las páginas 84 y 85, registro
410, de un documento oficial del estado de San Luis Potosí (imagen 6).
Imagen
6. Acta de defunción,
Registro Civil, San Luis Potosí, México.
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Fuente: www.familysearch.org.
Recuperado el 20 de septiembre de 2024.
Conclusiones
Al efectuar la investigación relativa al árbol genealógico
familiar logramos, de manera fortuita, observar desde otra perspectiva los
hechos históricos acontecidos en el estado de San Luis Potosí durante una
delimitada etapa del siglo XIX. Se reflexionó sobre el poder de los círculos
sociales y políticos; las usanzas y métodos para alcanzar objetivos a toda
costa, sea para defenderse o para pasar por encima de las leyes como una manera
de mantener una posición de autoridad; los intereses personales encubiertos con
los discursos de inclusión, solidaridad y bienestar común; la manera en que
algunos hechos delictivos nunca se resolvieron porque quienes habían sido
denunciados justa o injustamente poseían una red de amistades pudientes en lo
económico, político y social donde la complicidad y los favores mutuos los beneficiaba.
Las ambigüedades en torno a algunos hechos en los que el poder del dinero y de
las relaciones fueron claves. Y también sobre las acciones de algunos
personajes que estuvieron involucrados en varios hechos sin que se llegue a una
conclusión sobre su responsabilidad en ellos.
A través del análisis de los datos recolectados podemos
deducir que la sentencia de amparo fue exitosa a consecuencia de que Manuel
Verástegui y Pedro Sámano se conocían y mantenían tratos tanto sociales como
políticos y, por los documentos y testimonios de personajes que vivieron esos
eventos como Don Vicente Busto, eran parte de un grupo social que convivía y
pertenecía a la élite de la capital del estado y que se percibió en peligro a
la llegada de Don Julián de los Reyes a la gubernatura y, al mismo tiempo, por
la manera ilegal y determinante en que fueron depuestos de sus cargos Ramón
Adame y Mariano Ávila, quienes eran parte de esa clase social privilegiada de
San Luis Potosí.
A mediados del siglo, principalmente en los estados de la
república, algunas asociaciones secretas no pertenecientes a alguna logia o
rito fueron conformadas por masones pertenecientes a logias constituidas,
principalmente de las establecidas en la Ciudad de México y que se
complementaban con las personas de poder económico, político y social de cada
región para extenderse y contribuir a las prácticas iniciáticas con juramento
de secretismo. El Lic. Don Juan Nepomuceno González formó parte de esa clase
social pudiente de San Luis Potosí y al parecer fue miembro de la cofradía con
un grado de aprendiz o de compañero por los cargos públicos que ejerció y por
su lugar dentro del escalafón social y político que desempeñó y, por
consiguiente, se presume que no poseyó conocimiento de lo que se confabulaba en
contra del gobernador de los Reyes, porque quienes poseían los grados más altos
eran los que planeaban y decidían ciertos asuntos que no debían ser del
conocimiento de los aprendices y compañeros de acuerdo a las prácticas
masónicas.
El siglo XIX en México fue un tiempo de adaptación y de
exploración. De búsqueda de una identidad nacional, por tanto, de caos. Se
intentaba encontrar el método para unificar al país y en esa búsqueda surgieron
batallas, sangre, muerte y con ello, traiciones. Rasgos distintivos que fueron
parte de lo cotidiano dentro del circuito de las altas esferas de la política
nacional que se extendieron a lo largo del siglo XX y continúan hasta la fecha.
Grupos de poder se enfrentaron de manera violenta intentando
obtener los puestos que ostentaban la autoridad y el privilegio de decidir el
destino del país. El salvajismo imperó en las maneras de justicia como el
fusilamiento, la horca o la ley fuga. Costumbres que legitimaban el actuar de
los gobiernos de aquel siglo. Modos de ajusticiamiento que también carecían, en
muchos de los casos, de una estricta y minuciosa defensa para procesarlos,
juzgarlos y dictaminarlos a consecuencia de los vacíos legales de garantías
para los ciudadanos y que se ejecutaban con una alta carga de abuso a la sombra
de la ignorancia de un país donde el 80 % de su población era analfabeta. Han
cambiado las formas, pero su espectro continúa presente.
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