BIOGRAFÍAS VIOLENTADAS: PARAPOLÍTICA, TRAMAS REPRESIVAS Y MOVIMIENTO SOCIAL DE VÍCTIMAS EN
COLOMBIA
VIOLENT BIOGRAPHIES: PARAPOLITICS, REPRESSIVE PLOTS AND SOCIAL MOVEMENT OF VICTIMS IN COLOMBIA
BIOGRAFIAS VIOLADAS: PARAPOLÍTICA, TRAMAS REPRESSIVAS E O
MOVIMENTO SOCIAL DAS VÍTIMAS NA COLÔMBIA
Lic. Andrés
Rodrigo López Martínez (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Ecuador)1
Fecha de recepción: 06 de abril de 2022
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2022
Creative Commons 4.0
Cómo citar: López Martínez, A. R. (2022). Biografías violentadas: parapolítica,
tramas represivas y movimiento social de víctimas en Colombia. Revista Pares - Ciencias Sociales, 2(2),
173-196.
ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s27188582/b0fmcscah
Resumen
Este
artículo se acerca al estudio de dos casos que permiten entender las relaciones
entre grupos armados ilegales, clases políticas, Estado y movimiento social en
Colombia. El primero aborda el asesinato de Eudaldo León Díaz Salgado, de quien
provendrían las primeras denuncias contra la parapolítica, y el segundo
se centra en la lucha de su hijo Juan
1 Licenciado en Ciencias Sociales
por la Universidad de Cundinamarca. Estudiante de Maestría en Sociología en
FLACSO-Ecuador, Quito.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2775-2985 E-mail: anrlopezfl@flacso.ecu.ec
David Díaz Chamorro contra
la impunidad y la violencia
criminal, articulado al Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. Se comprenden los casos
como vidas en cuyo relato la violencia criminal
es medular: como biografías violentadas. El artículo defiende
que los repertorios del movimiento social, caracterizados por su particular
estructura de movilización, están insertos en tramas represivas que permiten comprender el continuum de la violencia
en el país. De esta manera, se observan los casos como ventanas de estudio
a fenómenos sociopolíticos de hondo análisis
en la historia reciente de Colombia
que trascienden la individualidad de una alusión biográfica.
Palabras clave: parapolítica, biografías violentadas, MOVICE, trama de represión, repertorios.
Abstract
This article approaches the study of
two cases that allow us to understand the relationships between illegal armed
groups, political classes, the State, and the social movement in Colombia. The
first, addresses the murder of Eudaldo León Díaz Salgado, from whom the first complaints against parapolitics would come. And the second
focuses on the fight of his
son Juan David Díaz Chamorro, against impunity and criminal violence,
articulated to the National Movement of Victims of State Crimes,
MOVICE. The cases
will be understood as lives in whose story criminal violence is central: as violated biographies. The article defends
that the repertoires of the social movement, characterized by its particular
structure of mobilization, are inserted in repressive plots that allow us to
understand the continuum of violence in the country. In this way, the cases are observed
as study windows
to sociopolitical phenomena
of deep analysis in the recent history of Colombia that transcend the individuality
of a biographical allusion.
Keywords: parapolitics, violent
biographies, MOVICE, plot of repression, repertoires.
Resumo
Este
artigo aborda o estudo de dois casos que permitem compreender as relações entre
grupos armados ilegais, classes políticas, Estado e movimento social na
Colômbia. O primeiro caso aborda o assassinato de Eudaldo León Díaz Salgado, de
quem viriam as primeiras denúncias contra a parapolítica, e o segundo enfoca-se
a luta de seu filho Juan David Díaz Chamorro
contra a impunidade e a violência criminosa, articulada ao Movimento
Nacional de Vítimas do Estado
Crimes, MOVICE. Os casos são entendidos como vidas em cuja narrativa a violência criminal é
central: como biografias violadas. O artigo defende que
os
repertórios do movimento social, caracterizados por sua estrutura particular de
mobilização, estão inseridos em tramas repressivas que permitem compreender o continuum da
violência no país. Desta forma, os casos são observados como janelas de estudo
para fenômenos sociopolíticos de análise profunda na história recente da
Colômbia que transcendem a individualidade de uma alusão biográfica.
Palavras-chave: parapolítica, biografias violentas, MOVICE, trama de repressão, repertórios.
1.
Introducción
Este trabajo vincula paramilitarismo, Estado y movimiento social en Colombia, a partir del caso
específico de Eudaldo León Díaz Salgado y su hijo Juan David Díaz Chamorro, integrante del Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Se orienta por las siguientes preguntas ¿cuál ha sido el actuar paramilitar en contra del movimiento
social? ¿cuál ha sido el rol del
Estado frente dicho actuar? ¿Cuáles han sido los repertorios del movimiento
social para enfrentar la situación? Para comprender mejor las preguntas y cómo
se unifican en una sola hay que observar los siguientes cuatro elementos. En primer lugar, los grupos paramilitares en Colombia surgieron
en el período comprendido entre 1982-1996
como organizaciones armadas
contrainsurgentes y se expandieron en el período
de recrudecimiento del conflicto armado
comprendido entre 1996-2005. Como todos los grupos armados,
han atacado a la población civil, en quienes
han encontrado respaldo político, económico, moral o logístico, consentido o forzado (CNMH, 2013: 111). Dentro de su acción
contrainsurgente han amenazado, torturado, desaparecido y
asesinado a miembros
de distintos partidos
políticos, colectivos y movimientos sociales.
En 2005 tuvo lugar el aparatoso proceso de Justicia y Paz
en el que el gobierno de Álvaro Uribe negoció la dejación de armas con
distintos grupos paramilitares, que por un lado, se tradujo en la disgregación de anteriores células
armadas y la creación de un fenómeno conocido como
neoparamilitarismo, reconocido por perpetrar los mismos crímenes siguiendo el
mismo modus operandi de las anteriores organizaciones contrainsurgentes
(VerdadAbierta.com: 2015). Por otro lado, profundizó la percepción en la
sociedad civil, especialmente en las víctimas, de que al gobierno no le interesaba la verdad y la memoria
del conflicto, toda vez que, inmediatamente desmovilizados, extraditó a importantes jefes
de esta estructura a los Estados
Unidos por cargos
de narcotráfico, impidiendo que el país conociera
sus testimonios.
En segundo lugar, frente al mencionado proceso de 2005 se
formó el MOVICE, a partir del sedimento conformado por “diversas organizaciones
y movimientos sociales, sindicales, políticos, étnicos y raciales que han
sufrido la violencia generada por el Estado colombiano mediante graves
violaciones a los derechos humanos, que se unieron con el propósito común
de erradicar la impunidad” (Martínez Elías, 2018: 134).
Desde su creación, ha sido sistemático el
amedrentamiento por parte de este actor armado, consistente en amenazas,
hostigamientos, desapariciones, torturas, ficciones jurídicas y asesinatos a
miembros del MOVICE.
En tercer lugar, en medio
de la acción paramilitar contra
el movimiento social y otros actores políticos, el Estado ha desempeñado un rol importante. En algunas ocasiones
incluso han tenido relaciones simbióticas con los grupos armados
ilegales para llevar a cabo asesinatos, torturas o desapariciones. En otras
ocasiones, mediante el aparato burocrático y jurídico, ha obstruido las
demandas de los actores políticos, o en otros momentos abiertamente se ha
sumado a la tendencia global de recrudecer la criminalización de la protesta
(opendemocracy.net: 2017), y en otras ocasiones simplemente ha sido ausente,
facilitando la administración de la muerte sobre la población por grupos
privados, en una clara tendencia necropolítica (Mbembe, 2011).
En cuarto lugar, frente a las actuaciones y roles del
paramilitarismo y el Estado, el movimiento social, en este caso el MOVICE,
ha respondido mediante
un repertorio variado, como por ejemplo la acción contenciosa en el espacio
público, pero también
la acción legal. Además, sus repertorios han
superado la reacción a las olas de represión de los grupos armados privados
y del Estado, planteando demandas
propias, en un gesto que deja observar que el peso de las necesidades es
más fuerte que el de la represión (Cruz, 2016). Así, y aprovechando el
sedimento organizacional sobre el que está estructurado el movimiento, el
MOVICE ha tenido un amplio
espectro de repertorios de lucha que van desde la marcha,
las expresiones simbólicas, o la acción legal, entre otras. Este
documento comentará la acción legal y la acción de veeduría o presión sobre actores decisores
como parte de sus repertorios vinculados con los casos de estudio.
Dicho lo anterior,
se comprende entonces
que esta propuesta de investigación tiene el
objetivo de describir y analizar
la relación paramilitarismo-Estado-MOVICE. Para llevarlo a cabo, se propone, como se ha dicho,
explorar el caso específico de Eudaldo León Díaz Salgado y su hijo Juan David
Díaz Chamorro.
Eudaldo Díaz llevaba un año de ser alcalde del municipio de
El Roble, en el departamento de
Sucre, cuando en 2003 fue asesinado. Los hechos que rodearon el crimen,
y
que la investigación detallará, demuestran el contubernio entre Estado, élites
y paramilitares, articulados en torno al propósito de acallar las voces disidentes y de denuncia, y así preservar el poder impunemente. El crimen se observa entonces
como producto de un
intercambio de impunidad/asesinato llevado a cabo por estos actores.
Por su parte, Juan David Díaz ha sido miembro activo del
MOVICE. El asesinato de su padre se enraíza con los orígenes de este
movimiento, mientras que su propia biografía discurre entrelazada con la
historia del movimiento, con los embates del paramilitarismo, la connivencia
del Estado, la respuesta del movimiento social frente al crimen y la impunidad
y los logros de la acción colectiva. Victimizado, amenazado, exiliado, es una
ventana de estudio. Por otra parte, el enfoque que tendrá este trabajo está
dado por las herramientas analíticas y el uso de las fuentes.
1.1.
Categorías en la retina
El actor armado en cuestión lo entendemos como una
institución encargada de gestionar la violencia: una “organización paraoficial
especializada en el manejo de poder coactivo”
y una “estructura privada encargada
de la seguridad y de la protección” (Mbembe, [1999] 2011: 92) de grupos e intereses privados, cuyo
accionar es necesariamente ilegal y multidimensional. Además, son grupos
armados que actúan también bajo la máscara del Estado, que controlan territorios bien delimitados, y tienen a la población
civil dentro de sus
objetivos principales (Mbembe, 2011: 64).
En cuanto al Estado, lo observaremos de dos maneras.
Primero, como actor,
que opera para el caso
mediante funcionarios de carrera (Scokpol, 2014); segundo, como campo de
disputa entre actores políticos (Kunrath, 2020; Poulantzas, 2007 [1968]).
En cuanto al movimiento social, lo asumiremos como redes
informales de actores (organizaciones, grupos informales, individuos), involucrados en conflictos por el control
de recursos materiales y simbólicos, basadas estas redes en identidades
compartidas (Kunrath, 2020), pero principalmente nos enfocaremos en los
repertorios del movimiento, entendidos como un conjunto limitado de rutinas aprendidas,
compartidas y adecuadas a través de un proceso de elección relativamente
deliberado (Tilly, 2002; Tricot, 2012). En ese sentido, pondremos especial
interés en que el objetivo principal
del MOVICE es combatir y reducir la impunidad al tiempo que luchar por los derechos
de las víctimas del conflicto armado. Así, para el
caso de estudio será revelador poner mayor atención a los repertorios legales.
2. Parapolítica: captura, simbiosis
y sinergia
Álvaro Uribe Vélez ocupó la presidencia de Colombia durante
dos períodos consecutivos: 2002-2006 y 2006-2010. Antes, durante y después de
este tiempo ha sido vinculado con distintos escándalos políticos. Múltiples
individuos de la élite política vinculados con él han sido acusados de varios crímenes, que van desde la interceptación ilegal de comunicaciones hasta el descuartizamiento de campesinos y el asesinato de intelectuales, muchos de ellos han ido a prisión. Para 2014 ya habrían sido por lo menos 80 los congresistas y representantes con él
vinculados que habrían ido a la cárcel por distintos crímenes, entre los que
destacan el cohecho, el prevaricato y la financiación y formación de grupos
paramilitares (López de la Roche, 2014). Sin embargo, este líder político ha
sido protegido por la red de interacciones de su equipo
político, en relación
directa con el aparato jurídico
y los medios de comunicación, retirándolo del centro de los escándalos,
evitándole el juicio y la prisión, y conservando intacta su carrera política
(López-Martínez, 2022).
Durante su gobierno
se conocieron escándalos políticos que no son de ninguna manera hechos episódicos y efímeros,
sino que configuran acontecimientos históricos de gran calado en el discurrir nacional, y que se
entrelazan con complejas y dolorosas rutas de explicación de la historia colombiana, como lo es la del conflicto armado
y la de la relación
entre actores armados,
ciudadanía y actores políticos, que están atravesadas por los capítulos de la
desposesión de tierras, el desplazamiento forzado, las masacres, la
criminalización de la protesta y la eliminación del adversario político, entre
otros. En este caso me referiré especialmente al fenómeno conocido como
“parapolítica”, el cual se ha comprendido tradicionalmente como la infiltración
paramilitar en la clase política colombiana (Álvaro, 2008). Este escándalo
llegó a la luz pública principalmente por Eudaldo Díaz en 2003 (ContrariaTV,
2012), y dos años después desde el congreso por parte del entonces senador
Gustavo Petro (López de la Roche, 2014).
Antes de continuar con este caso, vale destacar que, si
bien tradicionalmente se ha comprendido a la parapolítica como la infiltración de la ilegalidad en el
Estado, es prudente problematizar esta perspectiva. En este documento afirmamos
que la relación entre criminalidad y Estado, y entre criminalidad y clases
políticas, no comprende únicamente la infiltración de la primera dentro de las
segundas. Comprendemos que esta relación supone tres formas.
Primero, la captura
del Estado y las clases
políticas: grupos ilegales
inciden por distintos medios sobre la conducción de
acciones e instancias estatales y condicionan el actuar de las
clases políticas. Segundo, la simbiosis: Estado y clases
políticas actúan de común acuerdo
con la criminalidad para lograr un beneficio compartido. Tercero, la sinergia:
esta relación supone que el Estado y las clases
políticas ya no son únicamente capturadas ni influidas
ni actúan de común acuerdo con la criminalidad,
sino que la ilegalidad, el crimen, se produce desde las instancias estatales
y desde las acciones de las clases políticas, incluso
cuando su actuar
no se encuentra en primer lugar condicionado por la presencia y acción de grupos al margen de la
ley. A partir de esto, insistimos, la sinergia consiste en la amalgama entre
ilegalidad e institucionalidad: ya no hablamos de captura ni de incidencia de
la criminalidad, sino de un Estado y de unas clases políticas criminales
(Bobea, 2016).
Observar esta triada de la relación entre
actores parece entonces
fundamental, toda vez que, por ejemplo, el caso de Eudaldo
Díaz ocurrió en el departamento de Sucre, ubicado al norte de Colombia, en la
región Caribe, donde no fue el paramilitarismo el que llegó a las clases políticas, sino las clases políticas las que se acercaron a él (Torres
y Burgos, 2021).
Pero esta relación puede tomar otras formas dentro
de las descritas. Otro ejemplo
en este sentido lo presenta la figura
del individuo conocido
como Álvaro “el gordo” García.
Proveniente del mismo
departamento e implicado en el crimen contra Díaz, este sujeto fue un
paramilitar que se convirtió en congresista (ElTiempo.com, 2021): la expresión
más clara de cómo el proyecto paramilitar infiltró el Estado. Pero no se puede
perder de vista la posibilidad de la diversidad de la relación descrita.
Esta relación entre clases políticas (encarnadas en actores
estatales) con la ilegalidad, es la que permite ubicar posteriormente la acción
del movimiento social dentro de una trama de represión que violenta ferozmente
las biografías de distintos actores políticos individuales adscritos a
proyectos políticos disidentes. Tener en cuenta si la relación es de captura,
simbiosis o sinergia, ayudará a comprender especialmente qué rol desempeñó el
aparato estatal frente a la acción del paramilitarismo contra el movimiento,
así como qué hizo posible el grado de intensidad y persistencia del ataque, y
podría dar luces sobre las características específicas del contenido y la forma
que cobra el repertorio de respuesta por parte del movimiento frente a esta ola
privada (pública o mixta) de represión. Pero antes reconstruyamos el caso de
Eudaldo Díaz.
3. Suspensión, sustitución y muerte
Durante el primer gobierno de Uribe Vélez los Consejos
Comunitarios de Gobierno fueron usados como efectivas plataformas de propaganda
política (Clavijo, 2010). El 1 de febrero de 2003 se llevó
a cabo el Consejo Comunitario número 17, en el municipio de
Corozal,
en el departamento de Sucre. De acuerdo con la sección de discursos de la
página web del expresidente Uribe, en aquella ocasión dijo:
Estos
consejos tienen que ser un factor de integración nacional, tienen que
constituirse en un mecanismo de que todos los colombianos, a través de Señal
Colombia [Canal de televisión pública], conozcamos cada una de nuestras
regiones, las valoremos y aprendamos a sentir superior
amor por Colombia, por cada una de las partecitas que integran esta Patria nuestra.
(Uribe, 2003)
Pues bien, venido
de administrar una farmacia en Magangué, cofundador del municipio de El Roble, en el departamento de Sucre, primer
alcalde electo de dicho municipio, y único gobernante de
la región por un partido de izquierda como lo es el Polo Alternativo
Democrático (Redacción Judicial, 2009), Eudaldo León Díaz Salgado apareció en
la televisión pública colombiana ese 1 de febrero en dicho Consejo
Comunitario, denunciando al
gobernador del departamento, Salvador Arana Sus, ante el entonces presidente
Álvaro Uribe, por nexos con los paramilitares y malos manejos públicos.
Rafael Barrios, abogado
del Colectivo de Abogados “José
Alvear Restrepo” (CAJAR), diría 6 años después en la
emisión del crítico programa de televisión Contravía,
que ese día Eudaldo había querido comprar un seguro de vida denunciando ante el
presidente, pero lo que había comprado era
un seguro de muerte (ContrariaTV, 2012). El mensaje
del abogado Barrios resume una
máxima de vida que la violencia ha convertido en consuetudinaria en Colombia:
“hay que comer callado”, evitar meterse en problemas.
Cinco años después
del crimen, Salvador
Arana Sus, quien tras el asesinato de Eudaldo
fue premiado por el presidente con la embajada de Colombia en Chile, fue
capturado tras dos años de fuga, sindicado por la creación de grupos
paramilitares en Sucre, y por su presunta participación en el asesinato de Díaz
(ElEspectador.com, 2008). Fue solo 18 años después del asesinato, cuando este
purgaba una condena de 40 años de prisión, que públicamente aceptó
estar vinculado con el asesinato
de Díaz, fue su actor intelectual, y pidió
perdón a las víctimas, con ocasión de la posibilidad de inscribirse en la Justicia
Especial para la Paz (JEP) y poder ser tramitado por la justicia
transicional, lo que implicaría desde cambios
en su tiempo purgado hasta la forma de purgarlo (Infobae.com, 2021).
Sin embargo, para efectos de este trabajo, ¿cuál es el
punto clave en este caso? Las palabras que dijo Eudaldo en ese Consejo
Comunitario lo resumen:
“Ya hubo la suspensión,
ahora llega la destitución y después
viene mi muerte. Ahora viene el otro paso y es que a mí me van a matar” (Redacción Judicial,
2009).
En esta cadena de acciones se fragua el vínculo entre la
clase política, la estructura estatal y la criminalidad. El portal web de Caracol
Radio resumió así el motivo por el cual fue suspendido Díaz, en una nota titulada
“Alcalde suspendido por abusar del mando”, publicada el 28 de marzo de 2003, siete
días antes del asesinato:
La Procuraduría ordenó la suspensión provisional del alcalde
de El Roble, Sucre,
Eudaldo Díaz Salgado, por el término de tres meses,
sin derecho a remuneración,
por haber ordenado presuntamente, avances en su salario, además de otros gastos
para sufragar obras públicas y de comisión.
Según
las pruebas documentales allegadas a la investigación, el funcionario ordenó
mediante resolución al Tesorero Municipal, el pago por adelantado de su salario
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2002, y en
el mismo año, autorizó el avance para cubrir gastos derivados de una comisión
en Bogotá.
En
el 2001, autorizó avances para cubrir gastos de mano de obra en trabajos
realizados en el alcantarillado doble de las Cejas de las Mesetas y en la
construcción y mantenimiento de la vía que de El Sitio conduce a Patillal, en
el municipio de El Roble. (CaracolRadio, 2003)
De manera póstuma Díaz fue absuelto. Guillermo Merlano,
entonces procurador regional, y Jaime
Gil Ortega, procurador provincial, fueron “cuestionados por el propio
Díaz, que aseguró que varios procesos disciplinarios en su contra
obedecían a una persecución política” (ElTiempo.com, 2007). Recordemos aquí que
Scokpol (2014) llama la atención sobre una perspectiva que considera al Estado
como actor, encarnado en la figura de los funcionarios, sean estos militares
o burócratas de carrera. Para el
caso, aplica la observación acerca de estos dos
personajes como actores estatales, toda vez que sus prácticas están cubiertas
de dignidades institucionales, están cubiertos por el estamento estatal.
Así, tenemos que el vacío que hay en las motivaciones de la
suspensión, dadas las denuncias que había
hecho Díaz así como la situación de peligro en la que se encontraba por estar enmarañado en la trama
de represión que hemos comentado, está tan lejos de una equivocación como
cerca de configurar cohecho con las clases políticas regionales para, a efectos
de la suspensión, no solo poner un estigma de corrupción sobre la figura de
Díaz, sino, y sobre todo, deteriorar sus condiciones de seguridad, como lo había previsto él mismo,
en un contexto en el que sabido era que en ese departamento el paramilitarismo
se paseaba campante por las calles con la venia del establecimiento y tal vez
alguna ocasional y poco trascendental fricción con la policía (Torres y Burgos,
2021).
Ambos individuos de procuraduría “han sido mencionados por
un testigo como asistentes a la reunión en la que los paramilitares de Rodrigo
Mercado Pelufo, Cadena, secuestraron al alcalde,
el 5 de abril de ese año” (ElTiempo.com, 2007).
Sin embargo, como advirtió el hijo de Díaz, “ellos aún
no le han dado la cara al país, ni a la justicia, a pesar que han comparecido
ante esta, pero no han sido vinculados al proceso” (Portafolio, 2009).
Sin necesidad de especular, este comportamiento hace evidente que: 1) existe
relación entre la acción de procuraduría y las denuncias de Díaz; 2)
existe renuencia por los actores estatales que
encarnan el sistema jurídico para establecer
esta relación; 3) si la relación entre procuraduría y gobernación produjo
la suspensión y destitución estamos
ante la presencia de una relación sinérgica
entre criminalidad e institucionalidad; 4) la suspensión y la sustitución así comprendidas componen cohecho,
el cual es un crimen y es punible; 5) si la relación no es explícita entre
procuraduría y gobernación, sino entre procuraduría y paramilitarismo (a fin de que Díaz perdiera su esquema de seguridad), entonces
hay simbiosis, y complicidad en desaparición forzada y homicidio
agravado.
Parece que hay opciones
que no se excluyen mutuamente. Sea cual fuere el escenario, la
conclusión puede ser la misma: en Colombia los intercambios entre criminalidad
e institucionalidad han tomado un carácter pernicioso y constitutivo de la
forma de hacer política de importantes sectores, con la permisividad del alto
gobierno¸ en medio de una enceguecida y torpe justicia, lo que, como aquí hemos
propuesto, compone una densa trama de
represión que atornilla
con fuerza a determinados sectores
en el poder (elementalmente a la derecha y a la ultraderecha) al
tiempo que cierne y administra la criminalización y la perversión de los
órganos de seguridad, así como la muerte, sobre la disidencia.
Finalmente, tras las denuncias de Díaz en aquel Consejo
Comunitario, Salvador Arana Sus lo citó a un encuentro para
“arreglar por las buenas”. Antes, a su hijo le expresó por escrito que el lugar de la reunión lo desconocía pero que “apenas
pueda te aviso,
uno no sabe (...) En dicha reunión van a estar presentes el gobierno departamental (…), los procuradores Jaime Gil y Guillermo
Merlano [y] el coronel Norman León Arango como garante de mi seguridad”
(ElTiempo.com, 2007). A los días apareció muerto, ubicado en forma de
crucifixión en el suelo, y con el carnet de alcalde sobre el pecho. Al día de
hoy, dieciocho personas, entre testigos clave y familiares han sido
desaparecidos y asesinados.
En esta densa trama de represión y biografías violentadas
se instala no solo la figura de David Díaz Chamorro, hijo de Eudaldo Díaz, e
integrante del Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado, MOVICE,
sino cada uno de los miembros del Movimiento,
por lo cual el elemento de la violencia en la biografía no solo cataliza la
movilización, sino
que se transforma en un elemento
identitario de cohesión
en la organización y de permanencia en el tiempo de la acción
colectiva.
4. Polifonía convergente y dolor en la nación
El movimiento social denominado Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado, (MOVICE) se fundó
en el año 2005, durante
el primer gobierno
de Álvaro Uribe,
catalizando el descontento principalmente contra la criminalidad estatal
y la impunidad. “Impunidad” y “criminalidad estatal” son la materia constitutiva
de la visión histórica con la que los miembros de MOVICE reconstruyen no solo
sus trayectorias individuales, sino a través de las cuales comprenden procesos
políticos y sociales de largo aliento en la realidad social colombiana, como la
formación y el devenir del Estado en Colombia (como un Estado criminal y violento), así como el efecto de las características específicas de su formación sobre la producción y prolongación del
conflicto armado interno.
Así lo condensa el documental titulado Somos Semilla, ubicado en el sitio web del movimiento, que presenta la polifonía convergente de la voz del MOVICE.
Por ejemplo, las palabras de Franklin Castañeda, de la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, adscrito al MOVICE:
En
Colombia siempre se nos ha planteado que el número elevado de desaparecidos, de
personas víctimas de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales,
torturas, detenciones arbitrarias, se debe al fenómeno del conflicto armado
interno. Sin embargo un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos
hemos venido defendiendo históricamente la tesis que en Colombia la violencia estatal no nace con el conflicto
armado, no nace después del conflicto armado, sino que por el contrario es
causa originaria del conflicto. (MOVICE, Somos Semilla, 2017)
Entendemos que es una polifonía
convergente fundamentalmente porque queremos no pasar por alto la
notoria heterogeneidad del movimiento. El MOVICE hace presencia en 15 de los 32 departamentos que componen el territorio colombiano.
Su estructura, entonces, está dada por capítulos regionales
(MOVICE, s.f.). La diversidad cultural colombiana está marcada por fuertes regionalismos, y es posible ubicar en extremos territoriales
antípodas culturales, o notorias diferencias desde gastronómicas hasta
idiosincráticas, sin embargo, es posible ubicar a un integrante del Capítulo
Atlántico, al extremo norte del país, el cual está “constituido principalmente
por víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales”
(MOVICE,
s.f.), y observar en su discurso el uso de la “impunidad” y la “criminalidad
estatal”, funcionando como categorías explicativas del mundo y vehículos y
motivos lingüísticos con que expresan su posición de víctimas y sus demandas,
tanto como así podría también escuchárselo en el discurso de un hombre negro o
mujer negra del Capítulo Nariño,
ubicado a 1500 kilómetros del Atlántico en el extremo
suroccidental del país e integrado por víctimas de “secuestro, desplazamiento y desaparición forzada de las comunidades negras e indígenas” (MOVICE, Capítulo Nariño,
s.f.).
Esta polifonía que viene de las múltiples y diferenciadas
violencias sufridas por los integrantes del MOVICE, pero también de sus
realidades culturales locales, converge entonces en la lucha contra la
impunidad y la denuncia de los crímenes del Estado. Aquí entonces podemos
observar que la criminalidad estatal y las violencias múltiples en Colombia han
ocurrido de forma tan ampliamente diseminada por el territorio nacional, que la lucha para encontrar justicia,
verdad, reparación y garantías de no repetición se ha convertido en un elemento
discursivo que interpela a extensos segmentos de la población nacional. El
siguiente mapa deja observar los departamentos donde el MOVICE tiene capítulos
regionales:
Mapa #1. 15 Capítulos regionales del MOVICE
Fuente: tomado de https://movimientodevictimas.org/
Pareciera que en Colombia al igual que la tierra y la
riqueza, el dolor también ha sido distribuido de forma desigual. Por efecto de
la violencia criminal, ya sea del Estado, de las clases políticas, o de actores
armados ilegales, o de distintos actores mediante distintas relaciones entre
ellos, el dolor, la pérdida de seres queridos, el temor, la incertidumbre, la
angustia, la sangre, la crónica roja, se han convertido en elementos consuetudinarios de una extensa franja poblacional de la nación.
En condiciones así, los diversos capitales que explican las
posiciones sociales que ocupan los actores en el espacio social, están
acompañados de una dimensión emocional afectada por la violencia
sociopolítica, que se experimenta en forma proporcional al nivel de vulnerabilidad, también delimitado por
la posesión de capitales. Uno de los asuntos que se ha querido plantear en este texto,
es que las biografías violentadas de miles de colombianos,
agrupados en el MOVICE, signados por una polifonía convergente, están situados
en una densa trama de represión cuyas fuertes hebras están formadas por las
relaciones criminosas entre Estado, clases políticas y grupos armados ilegales.
Puede observarse que este patrón de victimización existe a nivel nacional y se presenta siempre como un efecto
del objetivo de perpetuarse en el poder (que se ha dicho que teje la
trama de la represión), y que produce entonces la ubicación dolorosa, letal y
brutal, de individuos, y actores políticos colectivos e individuales en el mundo,
porque ser víctima de la violencia no se puede entender como una situación
episódica, sino que por su efecto profundamente doloroso deviene en una
condición de vida, en una forma de estar en el mundo: esa es la reflexión constitutiva que nos lleva
a pensar aquí en lo que hemos designado
como biografías violentadas: relatos de vida donde la violencia criminal se
convierte en un elemento medular; relatos que, por esas mismas características,
exhiben una articulación tal de actores y acontecimientos que, a la manera de la microhistoria, permiten observar diversos casos individuales como ventanas
a contextos más amplios o a realidades de altas complejidades colectivas, que
escapan del nivel individual que en principio evocaría una alusión biográfica.
Las vidas, entonces, de los miembros de un movimiento
social de víctimas como el MOVICE, son biografías violentadas. Conozcamos otro
ejemplo de ello en las siguientes palabras de Diana María López Longa,
integrante de la Asociación de Mujeres y Hombres de Triana, organización que forma parte del MOVICE desde la ciudad de Buenaventura, en el Capítulo Cauca:
Primero dejaban
siete muertos a orillas de la carretera. Después a los quince días otros sietes muertos. Y así, entonces
ya la gente empezó a irse. Los que nos
quedamos que no teníamos
para donde irnos nos daba mucho miedo. Cualquier
ruido que oíamos decíamos “ya nos vienen a matar”. Hubo una cosa de que ya la gente
desaparecía y nadie
se daba de cuenta, cuando al tiempo ese vacío,
“que
¿a
dónde está? ¿que quién fue?, ¿que para dónde se lo llevaron? Pero nunca se daba cuenta
uno qué pasaba.
Ahora poquito nos dimos de cuenta que a unos los
picaban y los echaban en una caneca con concreto
y los tiraban al mar, otros los picaban y los tiraban así por pedazos
al río o al mar. Entonces por eso nunca aparecieron. A mi hijo no sé qué lo
hicieron. Hace ocho años y no sé qué lo hicieron. (MOVICE, 2017)
A Juan David
Díaz Chamorro, hijo de Eudaldo
Díaz, no solo lo emparenta
con Diana María López una
biografía violentada, sino que en ambos casos¸ como en los varios que, además
del de Diana, da a conocer el citado documental (Somos semilla), el nivel de
miedo y dolor producido por el elemento violento en las biografías no logró amedrentar
a los individuos, sino que en la articulación con asociaciones locales, y en la
articulación entre estas con las de otras regiones a través del MOVICE, la
colectividad ha respaldado el mantenimiento de la lucha política contra la
impunidad y la criminalidad estatal. Con la esperanza de vencer la impunidad, y
obtener justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, a través de
la acción colectiva los individuos se han constituido en actores políticos.
El caso de Juan David Díaz, deja observar que la trama de
represión y la violencia criminal son un continuum,
es decir, no se detienen una vez que ocurren, sino que, por la naturaleza misma
de las relaciones antes expresadas, en relación también con intereses
económicos, y sin descartar la existencia de motivantes ideológicos o
culturales, los actores criminosos continúan perpetrando actos ilegales y
violentos contra las personas que ya han sido por ellas victimizadas.
Así, la violencia no se detuvo con el asesinato de Eudaldo
Díaz. Hasta la fecha, en relación con su caso, 18 personas, entre familiares y
testigos, han sido asesinados (El Espectador, 2021). Por su parte, Juan David
ha dicho:
Tanta
injusticia me dio un motivo más para persistir a pesar de las amenazas y los intentos
de homicidio en mi contra y de mis familiares,
con los que siempre hemos sido uno a
la hora de aguantar y enfrentar al poder criminal de la mafia sucreña, pero así
como no podíamos permitir que su muerte quedara en la impunidad, tampoco que su
nombre y legado fuera manchado por las calumnias. (El Espectador, 2021)
El deseo de justicia de Juan David, inserto en una trama de
represión compuesta por grupos e individuos que buscan perpetuarse en el poder
para evitar los efectos jurídicos de sus acciones ilegales, estuvo acompañado
de un continuum de violencia contra
él: “cuatro atentados, 50 amenazas
y cinco procesos judiciales en su contra,
exilio y 18 asesinados entre testigos y familiares de estos” (El
Espectador, 2021).
Si el caso de Eudaldo
Díaz estuvo más vinculado con la denuncia
de la parapolítica, el de
su hijo Juan David lo está más con el de la acción del MOVICE. De entrada, esto
demuestra que además del continuum de
violencia que la violencia necesariamente genera, la acción criminal del
Estado, las clases políticas y los grupos armados ilegales producen ellas
mismas las condiciones para que existan demandas
por justicia, verdad,
reparación y garantía de no repetición, en un ciclo
abierto por la violencia criminal que conecta 1) violencia; 2) biografías
violentadas; 3) demandas por justicia, verdad, reparación y garantía de no
repetición; 4) criminalización o nueva ola de violencia para acallar las nuevas
demandas, como lo muestra el Gráfico 1.
Gráfico 1. Ciclo abierto por la violencia
criminal
Pero para que la acción
de los individuos cuyas biografías han sido violentadas tengan éxito, de la mano con la constitución del individuo en actor político
mediante la olectivización
de
la lucha y el respaldo del MOVICE, viene aparejado un tipo de repertorio2 de acción colectiva que encuentra sus características particulares debido a la estructura de movilización
(McAdam, McCarthy y Zald, 1999) del MOVICE compuesta por ese diverso sedimento
organizacional que hemos comentado. Es decir: en primer lugar, parte de las
luchas de movimientos como este se inscriben en la exigencia de justicia y otras demandas
como verdad o garantía de no
repetición, que encuentran en la acción legal un repertorio de acción colectiva
recurrente. En segundo lugar, el sedimento organizacional sobre el que está
montado el MOVICE agrupa a distintas organizaciones, entre ellas unas que son
indispensables para vehiculizar este tipo de repertorios, como los son los comités
o colectivos de abogados o
defensores de derechos humanos. Además de las agrupaciones de víctimas que
componen el movimiento, estas organizaciones son clave para tramitar las
demandas y denuncias ante el poder institucional y las instancias
internacionales.
Así, por ejemplo,
observamos que, en el caso de Juan David Díaz,
su lucha para que la muerte de su padre no quedara impune,
para que su memoria no fuera ensuciada bajo el manto de la criminalidad, y para que hubiera justicia, verdad y no repetición, se inscribió en la estructura organizativa del movimiento. De esta manera, observamos que, si bien la onda represiva y violenta
en contra suya y en contra de distintas personas cercanas al caso de su padre han sido sostenidas, la estructura organizativa hizo posible recientemente llevar el caso de la muerte de Eudaldo Díaz por su
hijo en un trabajo mancomunado con el Colectivo de Abogados José Albear
Restrepo (CAJAR) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esto se ve reflejado, en que en los argumentos por los cuales la Comisión integra
a su trabajo este caso, se
encuentra, gracias a la evidencia por estos actores documentada y denunciada, que el caso ha estado
rodeado de elementos
entorpecedores que lo tienen en un
estado inconcluso. Por su
parte, el Estado colombiano para que la Comisión no lo integrara alegó que el caso se encuentra abierto y que no se han agotado
los recursos judiciales internos, así como que también los familiares de Díaz no han
dejado de tener la posibilidad de interponer recursos legales (WRadio, 2022).
De manera que es posible observar entonces como esta situación presenta
una disputa legal ante el Estado mismo
para encontrar éxito en
las demandas, pero también en contra del Estado ante instancias
internacionales. Esto es característico de los repertorios de acción legal del
MOVICE.
2 Recuérdese que
estamos entendiendo repertorio como como un conjunto limitado de rutinas
aprendidas, compartidas y adecuadas a través
de un proceso de elección relativamente deliberado
(Tilly, 2002; Tricot, 2012).
Pudiera tal vez parecer un elemento menor el hecho
de llevar ante la Comisión
el caso de Eudaldo Díaz por
su hijo¸ pero esto constituye un logro importante para él y para el movimiento,
toda vez que este tipo de repertorios se entienden también insertos dentro de
la trama de represión, que en este caso se observa que tiene un efecto entorpecedor, dilatador, que se expresa en el funcionamiento ralentizado de
la justicia para esclarecer totalmente los hechos que rodearon el asesinato de Eudaldo y así distribuir las responsabilidades. Dado que
no ha sido así, la demanda contra la
impunidad ha persistido, y la estructura organizativa ha vehiculizado el
repertorio de acción legal.
En este sentido, se observa también un ejercicio de control
o veeduría de la justicia como parte de este repertorio legal, el cual se
expresa en un continuo examen y en una continua presión por parte de la
estructura organizativa sobre los distintos estamentos encargados de
administrar justicia o de tomar decisiones relevantes para el caso. Así, por
ejemplo, sabemos que si bien Salvador Arana Sus, purga su pena en la cárcel El
Bosque, de Barranquilla, y solicitó ante la JEP libertad condicional a cambio
de revelar información relevante sobre el caso de Eudaldo y sobre el capítulo
de la parapolítica en Sucre, la JEP luego de aceptar
su participación en la institución decidió negarle la libertad condicional por encontrar falta compromiso por parte de Arana Sus. Se podría
decir que esta es la función de la JEP y que ha obrado según sus criterios.
Pero esta acción debe entenderse también asociada a los repertorios de acción,
en este caso de veeduría y presión, que a través de la denuncia y del
posicionamiento de las demandas en los medios de comunicación, logran realizar un ejercicio fiscal
sobre los órganos
tomadores de decisiones. Este comportamiento
del repertorio se observa no solamente en el MOVICE, sino en otros movimientos sociales como el movimiento feminista Causa Justa, por ejemplo¸
que ha acompañado sus acciones legales para la reglamentación del aborto, con
el posicionamiento veedor y fiscal de sus demandas en los medios de
comunicación a fin de presionar e incidir para lograr un determinado resultado.
Dado que la parapolítica no es un fenómeno acabado
en el país, y dado que persiste
la criminalidad, la densidad
de la trama represiva con el movimiento social no disminuye, y por el contrario diversifica su efecto represivo. Al respecto son ilustradoras las palabras de Díaz Chamorro:
18
años de mi vida sin derecho a paz ni tranquilidad por el hostigamiento
constante, 10 de estos cargando 4 procesos jurídicos en contra, basados en
montajes orquestados de supuesta relación
con paramilitares y hasta homicidios. 18 años en los que en muchas partes se me cerraron, sin razón, las puertas a nivel
laboral porque
nadie se atrevía
a darle trabajo al hombre
que se atrevió a alzar la
voz clamando justicia y enfrentar al poderoso Salvador
Arana, a sus paramilitares
por su complot y su crimen; que se atrevió, solo
revestido de dignidad, a luchar contra la impunidad. (El Espectador, 2021)
Así, en la trama represiva contra el movimiento social,
este también ha sufrido el embate del complot
y las ficciones urdidas por la criminalidad a fin de desvirtuar el repertorio
legal del movimiento y de acallar por medios jurídicos
a sus miembros. Para el caso, en 2011
paramilitares vincularon mediante testimonio ante Justicia y Paz que Juan David
tendría relación con dos homicidios cometidos en Sucre durante
los años 2002 y 2003.
Sin embargo, la Fiscalía “no
solo le precluyó el caso, sino que advirtió que las acusaciones de los
paramilitares fueron mentirosas y con visos de venganza” (ElTiempo, 2021). La
abogada Yessica Hoyos, de CAJAR, adscrita al MOVICE, lo expresa así:
Esta decisión
es importante porque se confirma
que todo fue una mentira. Han buscado deshonrar a Juan David Díaz con este y otros procesos, afirmando que era paramilitar, no sólo asesinan a su padre, lo torturan y
desaparecen por denunciar la corrupción en Sucre, siendo alcalde de El Roble;
si no que por buscar la verdad y hacer justicia recibe muchas amenazas. Él
estuvo en el exilio y ahora tuvo que soportar
estos procesos judiciales que afectan su buen nombre. (PrensaCAJAR, 2022)
En síntesis, el repertorio de acción legal del MOVICE se ha
inscrito dentro de la densa trama represiva y criminosa que hemos descrito. Esto ha hecho que violencia criminal y repertorio de acción
legal se trencen en un ciclo de continuo ataque y defensa, ya que los ataques
criminales intensifican la percepción de la necesidad de luchar contra la impunidad
y la criminalidad, y en dicho ciclo es indispensable para el éxito del movimiento la presencia de los colectivos de
abogados y defensores de derechos humanos.
Della Porta (opendemocracy.net, 2017) ha advertido sobre un
considerable aumento de la represión
y la
criminalización de la protesta en todo el mundo, y así
se puede constatar en informes sobre movilizaciones recientes para el caso
colombiano (france24.com, 2021). Ante esta situación, se presenta hoy de forma
acuciante la necesidad de la diversificación y presencia de expertos en leyes dentro de los
movimientos sociales. Si en movimientos sociales de décadas anteriores la
figura del cuadro político apareció como una figura clave para dirigir la
movilización y trabajar con las masas, hoy se muestra
indispensable la presencia de cuadros
jurídicos
o la articulación con organizaciones defensoras de derechos humanos y de
abogados, como lo ha logrado realizar el MOVICE.
Consideraciones finales
Hasta aquí hemos podido observar cómo las biografías
violentadas son una entrada metodológica útil para la comprensión socio
política. Esta permite una reconstrucción detectivesca, en este caso a partir
de la prensa y material audiovisual, que hace posible considerar la acción y
relación de distintos actores dentro de complejas tramas de acción que vinculan
la represión y la defensa, vehiculizada mediante el repertorio de acción legal.
Así, se insiste en que la acción criminal del
paramilitarismo y la parapolítica, en connivencia con las clases
políticas, y en relación con un Estado
que a veces pacta con la delincuencia o a veces
él mismo es el delincuente, tejen una trama de
represión que ha implicado el
deterioro democrático del país mediante el silenciamiento de voces críticas frente al comportamiento pernicioso del poder. Esta trama asegura el continuum de la violencia criminal,
y se trenza con los repertorios de acción legal
y de veeduría en un pulso
de fuerzas que permiten observar una lucha desigual entre actores armados,
actores estatales y clases políticas, que disponen de los recursos e
instrumentos estatales para su acción represiva¸ contra un movimiento social
alimentado por la esperanza de la dignidad y el motor
de la necesidad de darle
paz a su memoria. Pareciera una lucha de David contra
Goliat, pero no hay que olvidar que, en esa como en esta, David venció.
Frente a las preguntas iniciales, el documento ayuda a
observar que el actuar paramilitar en contra del movimiento social ha sido
diverso, y ha consistido tanto en el asesinato como en la persecución y la ficción
jurídica. Además, se observa la acción
de este actor se comprende la relación con las clases
políticas regionales y con el poder
estatal. Estos tres actores se trenzan de forma variada en una relación que
puede implicar captura, simbiosis o sinergia, implicando una determinada
dirección de la relación (ej.: paramilitarismo buscando apoyo político;
políticos buscando apoyo paramilitar), y determinando la acción estatal, que va
desde la omisión al cohecho, en un contexto que indica un intenso vínculo entre
criminalidad e institucionalidad, logrando hacer observable que la criminalidad
emana también del Estado. Frente a ello, el MOVICE ha respondido mediante su
estructura de movilización, apelando a
los
expertos en leyes que integran el movimiento, a través de repertorios de acción
legal con destinos internos, pero también internacionales.
Además, queremos también
concluir diciendo que la existencia del MOVICE ha sido
posible por las características históricas de la realidad
colombiana. Esto se expresa
precisamente en los motivos de cohesión y convergencia de los integrantes del
movimiento, en su percepción del mundo, así como en los contenidos de sus denuncias y la forma que encuentran para
mantener a flote sus demandas.
En otros Estados,
tal vez corporativos, o con una mayor
capacidad democrática para
tramitar las demandas de los actores políticos de forma histórica, y con mayor
capacidad para integrar sus demandas en la proposición de políticas públicas, quizá la carga de dolor de las víctimas o
no sería tan intensa, o no existiría, o estuviera en camino de encontrar una
solución por vía de la integración de las demandas por la institucionalidad. Pero en el caso colombiano el poder institucional se ha caracterizado históricamente por un muy
fuerte carácter excluyente y
violento, y por una cercanía y
amalgama muy estrecha con la criminalidad. Esto no solo hace posible que el
MOVICE exista, sino que lo hace necesario, y a nosotros, desde la esfera
académica, nos invita a rodear al MOVICE, a aportar en su visibilización, a fin
de que la pugna entre violencia criminal
y repertorios tengan
por fin un sobre peso
hacia la justicia, de manera
que las pesadas cargas de dolor que llevan las víctimas encima puedan ser
tramitadas, y podamos comenzar a construir una sociedad sobre una base distinta
al sudor, la sangre, las lágrimas y las balas.
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