PROTESTAS FEMINISTAS EN CIUDAD DE MÉXICO Y PUEBLA. ENTRE LA LEGITIMIDAD Y LA CRÍTICA SOCIAL

PROTESTOS FEMINISTAS NA CIDADE DO MÉXICO E PUEBLA. ENTRE A LEGITIMIDADE E A CRÍTICA SOCIAL

FEMINIST PROTESTS IN MEXICO CITY AND PUEBLA. BETWEEN THE LEGITIMACY AND SOCIAL CRITIQUE

 

Lic.Adriana Apolinar Navarro

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)[1]

Dra.Lidia Aguilar Balderas

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)[2]

Dr.Octavio Humberto Moreno Velador

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)[3]

 

Fecha de recepción: 12 de febrero de 2022

Fecha de aceptación: 24 de mayo de 2022

 

RESUMEN

En este artículo se presenta un análisis de las prácticas que se llevaron a cabo durante las protestas feministas en la Ciudad de México y el Estado de Puebla entre agosto de 2019 y marzo de 2020. Desde la teoría política contractualista y la teoría sociológica sobre la violencia se analiza la legitimidad del ejercicio de la violencia en las protestas feministas. Por otro lado, con base en la realización de una encuesta representativa a mujeres de ambas entidades, se analiza la percepción que ellas tienen acerca de las protestas, la iconoclasia y las acciones como pintas, quemas y destrozos. Se concluye que, el uso de la violencia en las protestas feministas tiene sustento en contextos de dominación ilegítima y de desprotección de poblaciones, aunque para la mayoría de las mujeres de Ciudad de México y Puebla, el uso de la violencia no es necesariamente legítimo y prefieren otras formas de protesta pacífica o simbólica.

Palabras clave: iconoclasia, legitimidad, protestas feministas, resistencia, violencia.

 

RESUMO

Este artigo apresenta uma análise das práticas realizadas durante os protestos feministas na Cidade do México e no estado de Puebla entre agosto de 2019 e março de 2020. Desde a teoria política contratualista e a teoria sociológica sobre a violência, analisa-se a legitimidade do exercício da violência nos protestos feministas. Por outro lado, com base na realização de uma pesquisa representativa a mulheres de ambas as entidades, analisa-se a percepção que elas têm sobre os protestos, a iconoclasia e as ações como pichações, queimas e destroços. Conclui-se que o uso da violência nos protestos feministas sustenta-se em contextos de dominação ilegítima e de desproteção de populações, embora para a maioria das mulheres da Cidade do México e Puebla, o uso da violência não é necessariamente legítimo e preferem outras formas de protesto pacífico ou simbólico.

Palavras-chave: iconoclastia, legitimidade, protestos feministas, resistencia, violência.

 

ABSTRACT

This article presents an analysis of the practices that took during the feminist protests in Mexico City and the state of Puebla between August 2019 and March 2020. Viewed from the contractual political theory and the sociological theory of violence, the legitimacy of the exercise of violence in feminist protests is analyzed. On the other hand, based on a representative survey of women from both entities, the perception that they have about protests, iconoclasm, and actions such as painting, burning, and destruction is analyzed. It is concluded that the use of violence in feminist protests is sustained in contexts of illegitimate domination and where there is a lack of protection for populations. Although, for most women in Mexico City and the state of Puebla, the use of violence is not necessarily legitimate, and they peaceful or symbolic ways to protest.

Keywords: feminist protests, iconoclasm, legitimacy, resistance, violence.

 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad política y social la realización de protestas feministas forma parte de la regularidad de la acción política a nivel internacional. Dichas movilizaciones, inscritas en la cuarta ola del feminismo, encuentran resonancia a nivel global y juegan un rol fundamental en la acción de los movimientos sociales y de la sociedad civil en general. Siendo tanto una forma de manifestación y protesta legítima, como un reto para la acción gubernamental en los diferentes países del mundo.

De manera particular en México la acción del movimiento feminista ha cobrado una mayor presencia pública durante los últimos diez años, expresado en protestas y manifestaciones en las principales ciudades del país. En este contexto, recientemente llamó la atención pública la realización de protestas feministas en las que se utilizaron acciones directas como la pinta, quema y destrucción de espacios públicos, comercios e infraestructura pública, la realización de plantones, la ocupación de edificios públicos y de gobierno, etc. Esta serie de demostraciones públicas como parte del repertorio de protesta, despertó en la opinión pública una fuerte discusión motivada por los medios de comunicación acerca de la legitimidad de las prácticas en las protestas de mujeres.

          Ante este fenómeno relacionado con diversos aspectos de la vida pública planteamos un análisis de las protestas feministas a partir de conceptos de la filosofía política y la sociología política. Consideramos que desde la crítica a la tradición contractualista se pueden encontrar argumentos suficientes que legitiman el uso de recursos como la pinta, quemas y destrucción, partiendo de que la población femenina, en un país como México, sufre una situación de amplia vulnerabilidad y desprotección estatal, además de estar sujetas al patriarcalismo político. Como objetos de investigación consideramos las marchas feministas realizadas tanto en la Ciudad de México, como en la ciudad de Puebla entre agosto de 2019 y marzo de 2020, así como los resultados de una encuesta de opinión aplicada a una muestra representativa de mujeres de ambas ciudades con el fin de analizar su percepción de legitimidad acerca del uso de la violencia en las protestas.

          Se emplean en el análisis conceptos como violencia (Genovés, Feierstein), poder (Weber), resistencia y rebelión (Scott), protesta y movimiento social (Tarrow, Tilly) e iconoclasia (Besançon, 2000). Metodológicamente se empleó un análisis cuantitativo en el análisis de 769 encuestas a mujeres de ambas entidades, en cuestionarios cerrados, realizados durante los meses de mayo y junio de 2021.

 

Protestas, violencia y legitimidad en el movimiento feminista contemporáneo

En esta investigación entendemos a las protestas como expresiones públicas y colectivas a través de las cuales algunos grupos buscan evidenciar su descontento y que éste sea resuelto, constituyendo formas de desafío en contra de una autoridad determinada. Tarrow (1997), afirma que las protestas pueden empezar de manera espontánea, pero otras requieren de mayor tiempo para articular sus demandas y expresarlas públicamente. Existen múltiples formas para protestar, por ejemplo, la ocupación pacífica o la desobediencia civil brindan a las protestas una gran capacidad para atraer a los ciudadanos a confrontaciones disruptivas con las autoridades, sin dar motivo para la represión (p. 195).

Por otra parte, la violencia dentro de las protestas se considera una estrategia para presentar diversas demandas ante las autoridades, se utiliza por grupos que no tienen otros recursos y buscan una mayor visibilidad en su acción, la violencia no pretende incomodar a la autoridad, sino que intenta enviar un mensaje a los medios de comunicación (Crettiez, 2009). Las protestas violentas van acompañadas de una crítica al incumplimiento de las responsabilidades por parte de las autoridades y contienen un reclamo de justicia (Tilly, 1978). Dichos ejercicios de violencia se pueden comprender también como instrumentales, al ser actos intencionales, planificados y premeditados que se usan como medio para resolver conflictos, controlar el comportamiento de los demás o incluso conseguir algún resultado determinado (Velasco, 2013); o bien, como un tipo de violencia proactiva, entendida como un medio para conseguir un fin determinado con un objetivo que va más allá del perjuicio a otro (a) (Roncero, Andreu y Peña, 2018).

Las movilizaciones y protestas feministas que se han llevado a cabo en los últimos años han tenido como objetivo denunciar los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres. En palabras de Crettiez (2009), la violencia es un acto que emplea la fuerza o la intimidación para que alguien actúe en contra de su voluntad, también es una pulsión que puede tener como única finalidad satisfacer la ira o un sentimiento negativo; en resumen, se trata de un ataque intencional en contra de otros y genera dolor (pp. 13-14). En lo que se refiere a la violencia en contra de la mujer, la Organización de las Naciones Unidas señala que, se trata de todo acto de violencia de género que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico (Organización de las Naciones Unidas, 2021).

La violencia en contra de las mujeres incluye actos tales como: humillaciones, devaluación, marginación, acoso, violencia física, violación sexual, tocamientos en el cuerpo de la persona, violencia económica, violencia patrimonial, etc. Estas formas de violencia se encuentran, en todos los ámbitos, desde las instituciones educativas, en los ámbitos familiares, laborales y en la comunidad (IPN, 2012). Ante esta situación es posible decir que, a nivel general la mujer mexicana vive en un entorno en el que sufre violencia con diferentes expresiones y de manera normalizada. A los altos niveles de violencia hay que sumarle la llamada “violencia institucional”, es decir, la situación en la que, a través de los agentes del Estado, se llevan a cabo acciones de violencia física, psicológica o sexual y cuando el Estado no cumple con la prevención, sanción y erradicación de las violencias (Bodelón, 2014: 132). La violencia institucional tiene lugar cuando el Estado comete esa violencia o la tolera.

Weber (2002) definió al Estado Moderno como “el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (p. 44), una parte consustancial de esta conceptualización recae en la aceptación mayoritaria de este poder basado en la normalización de la dominación y su institucionalización a través de la ley. Sin embargo, en contextos en los que una parte significativa de la población sufre violencia normalizada y discriminación, incluso por las mismas instituciones estatales, es posible pensar en la ruptura del consenso y el surgimiento de una eventual resistencia, o incluso formas de rebelión contra el poder establecido.

Un autor del contractualismo clásico como Rousseau (1999), planteaba que en el pacto social todos se obligan y obedecen bajo las mismas condiciones y todos gozan de los mismos derechos: a la vida, la seguridad, la libertad y la igualdad (pp. 19-29). Y si bien, los contratantes pueden tener intereses diferentes a los determinados en la “voluntad general”, el Estado puede recurrir a la fuerza para garantizar su cumplimiento, pero cuando el Estado no garantiza los derechos de la sociedad, ésta puede resistir usando su propia fuerza en contra del Estado transgresor (Bobbio, 1989: 20).

La idea de Rousseau acerca de que los asociados se obedecen a sí mismos cuando se unen al cuerpo colectivo encuentra problemas prácticos y políticos, esto parece coherente si quienes se adhieren al pacto están de acuerdo con el orden jurídico bajo el que viven, sin embargo, cuando la realidad de las divisiones sociales, económicas y políticas se hace evidente, la noción de que todas las personas podían ser representadas simultáneamente por la voluntad general ya no es sostenible. A esta desprotección se le agrega que las mujeres no forman parte del contrato social debido a que, el pacto social confluye con el patriarcado al establecer dos esferas separadas e independientes, la esfera pública y la privada, con funciones opuestas para hombres y mujeres y al excluir a las mujeres de la esfera pública, también le restringe derechos y libertades (Fries y Matus, 1999, como se citó en Maffía, 2007: 1).

Pateman (1995) afirma que, de acuerdo con los teóricos clásicos del contractualismo, solo los hombres poseen los atributos y las capacidades necesarias para realizar un contrato, el más importante es la posesión de la propia persona, además sostienen que la mujer no posee de manera natural los atributos y de las capacidades de los individuos. De esta manera, la diferencia sexual se convierte en una diferencia política, es decir, representa la diferencia entre libertad y sujeción. El contrato originario a través del cual los hombres transforman su libertad natural en la seguridad de la libertad civil no contempla a las mujeres como individuos, ellas son el objeto del contrato (pp. 15-17).

Dichas diferencias sexuales y políticas entre hombres y mujeres establecen, a su vez, relaciones en las que la dominación corresponde a los hombres y la subordinación a las mujeres; es así como se “expresan en una diferencia jerárquica que somete a relaciones opresivas que se pretenden naturales, porque naturales se pretenden las diferencias de sexo” (Maffia, 2007). Las mujeres como víctimas de estas opresiones han cuestionado las bases del poder de los hombres, critican la legitimidad del pacto patriarcal que, tal como señala Millet (1995), encuentra sus bases en el Estado, la familia y la sociedad.

Siguiendo a Pateman (1995), la idea de Locke que afirma que “cada hombre tiene una propiedad en su propia persona”[4] deja al descubierto que las mujeres no son propietarias de sí mismas, lo anterior ha despertado diversas luchas feministas, desde las que en su momento buscaron el divorcio como ruptura de la propiedad del marido sobre la mujer, hasta las que demandan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos (pp. 24-25); es decir, la búsqueda de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí se hace evidente la diferencia sexual como diferencia política, donde las mujeres se encuentran en desventaja, por lo tanto, luchan para que el Estado garantice su vida y su seguridad, ello implica el derecho a una vida libre de violencia, tanto física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, violencia feminicida, entre otras, que han sido ejercidas por la sociedad y las instituciones del Estado. Con estas acciones reclaman la propiedad de sí mismas, “la libertad civil como mujeres, y no como un pálido reflejo de los hombres” (Pateman, 1995:25).

El Estado debe garantizar el bienestar de las mujeres, si no lo hace podría verse rebasado por acciones de protesta. Los procesos de legitimidad, de definición de la dominación y las luchas entre los dominadores y los subordinados se llevan a cabo en el espacio de la sociedad civil (Moreno y Figueroa, 2018: 91-92); en dicho espacio se manifiestan las instancias de cambio de las relaciones de dominio, así pues, hay grupos que luchan por la emancipación del poder político y se forman contrapoderes (Bobbio, 1999). En este caso, los feminismos recurren al espacio de la sociedad civil para poner en evidencia los problemas que encara el Estado para salvaguardar el bienestar de las mujeres y con ello ponen en duda la legitimidad de éste; como consecuencia del descontento se desatan movimientos, protestas y resistencias en contra de la dominación estatal.

Más allá de la impugnación a la legitimidad del Estado y gobiernos, los movimientos feministas han ampliado su crítica y consideran a la dominación patriarcal como la fuente de múltiples violencias y cuestionan las bases del poder de los hombres en los estados modernos. Para Eisenstein (1980), el patriarcado es la organización jerárquica masculina de la sociedad, se mantiene a través del matrimonio y la familia, mediante la división sexual del trabajo y de la sociedad. Este orden garantiza la dominación a través de la fuerza y el control masculino (p. 28). Paredes y Guzmán (2014) señalan que, al ser una dominación tradicional, se compone de usos, costumbres, normas familiares y hábitos sociales, ideas, prejuicios, símbolos, leyes, educación, define los roles de género y los hace parecer como naturales y universales (pp.77-78). En la dominación patriarcal, como en las demás dominaciones, hay una situación de desigualdad. Específicamente en el patriarcado los hombres son quienes detentan el poder y para garantizar el orden recurren a la fuerza y a la violencia como formas de opresión en contra de otros hombres y mujeres.

En el ejercicio de la protesta y la rebelión las mujeres expresan la exigencia para que sus derechos sean garantizados, buscan impugnar una dominación estatal que ante la complicidad o la omisión termina por normalizar, legitimar y perpetuar múltiples violencias y opresiones en contra de las mujeres. Impugnan contra el orden social del patriarcado entendido como una forma de dominación sobre las mujeres.

 

Violencia e impunidad en dos ciudades mexicanas: CDMX y Puebla

La violencia ejercida contra mujeres y la consecuente impunidad en la que quedan los actos violentos son graves problemáticas que enfrentan las mexicanas ante un Estado que, en su conjunto, no cumple con la obligación de garantizarles seguridad y justicia. A este respecto, consideramos que los datos existentes acerca de violencia sexual, violencia feminicida e impunidad permiten entender la motivación de las movilizaciones feministas, incluidas sus expresiones más disruptivas y violentas. A continuación, se hace una descripción del panorama de violencia e impunidad en el que viven día a día las mujeres de dos de las ciudades más importantes en México: la Ciudad de México y Puebla.

Desde una perspectiva estructural consideramos que la violencia en contra de las mujeres es resultado de las relaciones de poder y de dominación que dan a los varones la potestad de violentar a las mujeres desde la posición de poder y privilegio que ostentan en términos de género, es decir, desde el patriarcado (Castañeda, Ravelo y Pérez, 2013: 14). Asimismo, por género entendemos a la serie de valores sociales, culturales, políticos, jurídicos y económicos asignados socialmente en función del sexo de nacimiento (diferencias físicas y biológicas entre la mujer y el hombre) y aprendidas durante el proceso de socialización. El género determina lo que significa “ser mujer” o “ser hombre” en un contexto determinado (PNUD, 2007 como se citó en INEGI, 2017: 11).

Los tipos de violencia en contra de la mujer son: violencia económica, psicológica, emocional, física, sexual (que incluye acoso sexual, violación, violación correctiva y cultura de la violación), trata de personas, mutilación genital femenina, matrimonio infantil, violencia en línea o digital (ciberacoso, sexting y doxing) y el feminicidio (Organización de las Naciones Unidas, 2021). Una parte importante en el reconocimiento de la gravedad y las consecuencias de la violencia en contra de las mujeres es la información, la cual permite visibilizar los problemas y en consecuencia atender, prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito (INEGI, 2016).

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) desarrollada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y por el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES), ofrece indicadores acerca de las violencias, explica que a nivel nacional 30,7 millones de mujeres (66,1 %) han experimentado violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito (familiar, escolar, laboral, comunitario e institucional), por parte de diversos agresores, desde la pareja, familiares, profesores, jefes y hasta desconocidos.

La ENDIREH (INEGI e INMUJERES, 2016) describe que en Ciudad de México el 79,8 % de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. Por su parte, en Puebla el 64,3 % de las mujeres mayores de 15 años dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, y en alguno de los ámbitos por parte de cualquier agresor. En este contexto de violencia y desprotección, se puede considerar que la manifestación más contundente son los feminicidios. Según ONU Mujeres los feminicidios:

son la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres (2020, 1).

La tipificación del feminicidio en la Ciudad de México se realizó el 26 de julio de 2011 y en el estado de Puebla el 31 de diciembre de 2012 en el artículo 338 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (Secretaría de Gobernación, 2021). Ahora bien, INMUJERES (2017) plantea que, México no cuenta con estadísticas confiables acerca de la violencia en contra de las mujeres, entonces, el número de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) se toma como el indicador más cercano para conocer el número de feminicidios, se debe agregar que entre 1985 y 2015 se registraron 49.455 DFPH a nivel nacional, en 2015 ocurrieron 2.277 casos, esto equivale a 6 mujeres asesinadas al día.

Las cifras que ofrece el INEGI respecto a los feminicidios en ambas entidades solo existen a partir de 2015, por esta razón, solo consideramos el periodo de 2015 a 2020 para describir la situación de violencia sexual y violencia feminicida que experimentan las mujeres en ambas entidades. Como se puede observar en la gráfica 1, durante 2015 en CDMX, hubo 45 feminicidios, en 2016 incrementó a 52 feminicidios, en 2017 se muestra un ligero descenso a 46 feminicidios, bajó en 2018 a 37 feminicidios, en 2019 fueron 43 y finalmente aumentó el número a 64 durante el año 2020. En Puebla se registraron cero feminicidios en 2015, un caso en 2016, cero feminicidios en 2017, con un drástico aumento en 2018 con 30 feminicidios, en 2019 incrementó a 35 y finalmente en 2020 fueron 65 casos.

GRÁFICA 1

Gráfica 1. Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (INEGI, 2021).

El incremento en el número de feminicidios no representa un problema de la vida privada, los feminicidios son resultado de las relaciones de dominación sociales y políticas en las que el Estado ha dejado fuera de su tutela a las mujeres a tal grado que estos delitos, una vez cometidos, quedan impunes. Con base en datos del Diagnóstico Nacional de acceso a la justicia y violencia feminicida (CNDH y UAM, 2016), las investigaciones por feminicidios presentan prácticas negligentes, omisiones, actos de impunidad, resistencia de las instancias de procuración de justicia para investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, entre otras acciones que retardan o entorpecen el acceso a la justicia (p. 10). Además, la CNDH (2018) afirmó que gran parte de las instituciones de procuración de justicia no atienden al Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual establece que se deben investigar todas las muertes violentas de mujeres bajo protocolos de feminicidio.

Algo similar ocurre con las violaciones sexuales, las autoridades omiten los datos acerca del sexo de las víctimas, por lo tanto, la información que se presenta aquí en cuanto a violaciones se refiere a ambos sexos. El artículo 174 del Código penal para el Distrito Federal, menciona que comete una violación sexual quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. De igual manera, se considera violación la introducción de cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o moral (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2012).

Como se observa en la gráfica 2, durante 2015 en CDMX, hubo 498 violaciones, en 2016 incrementó a 694 violaciones, en 2017 se muestra un descenso a 519 casos de violación, bajó en 2018 a 263 feminicidios, en 2019 hubo un gran incremento a 1279 y finalmente aumentó el número a 1505 violaciones sexuales durante el año 2020. En 2015 en el estado de Puebla hubo 407 violaciones, en 2016 ascendió a 451, en 2017 se registraron 588, en 2018 los casos disminuyeron a 501, en 2019 el número siguió al alza con 547 delitos de este tipo, y en 2020 se informó acerca de 576 violaciones.

 

GRÁFICA 2

Gráfica 2. Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (INEGI, 2021).

 

Los registros de violaciones dependen de las denuncias levantadas ante el Ministerio Público o las fiscalías, por lo tanto, es difícil poder tener cifras exactas debido a que en el país cerca del 80 % de los delitos no se denuncian (SEGOB, INMUJERES y ONU MUJERES, 2017: 62). Sin embargo, las estadísticas judiciales revelan que alrededor de 99 %, de los presuntos delincuentes y los sentenciados por este delito, son varones, además se contabilizan 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres (INEGI, 2019: 6).

Las omisiones en la información, las negligencias en las investigaciones, la revictimización y diversas violencias ejercidas por las instituciones del Estado que imparten justicia, dejan ver que “el estado liberal construye con coacción y autoridad el orden social a favor de los hombres como género legitimando normas, formas, la relación con la sociedad y sus políticas básicas” (MacKinnon, 1993: 289). Además, el género como sistema social se encarga de dividir el poder, construyendo una relación jerárquica política entre hombres y mujeres. La subordinación de la mujer se considera universal y natural, no se ve como sistema de dominio ni como un asunto de poder político (MacKinnon, 1993).

Es necesario resaltar que las omisiones de las instituciones del Estado que imparten justicia (cuyo dominio recae principalmente en manos de los hombres) dan lugar a la impunidad, a la falta en el cumplimiento de la ley, la corrupción y la mala administración de justicia. De acuerdo con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la violencia Institucional se refiere a:

Los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015).

A propósito de la violencia institucional, Lagarde (2016) describe que en cada instancia se desechan los casos de violencia de género, con el argumento de que podrían haberle ocurrido a cualquier persona mujer u hombre, otros casos se desestiman bajo la idea de que toda la sociedad es violenta o que hay una mayor cantidad de hombres y una menor cantidad de mujeres que mueren violentamente. Por esa razón, hay un bajo registro de denuncias, se estima que hay una denuncia por cada diez hechos de violencia, la autora concluye que las leyes, el aparato jurídico y judicial han sido usados contra las mujeres como instrumentos de dominación de género (pp. 6-7).

El conjunto de datos aquí ofrecidos es evidencia del entorno violento en el que viven las mujeres, así como de su situación de desprotección y todos los pendientes que guarda el estado mexicano frente a la impartición de justicia. Máxime cuando la falta de información de las fiscalías, la discriminación y la difusión de información de las víctimas (por parte de las instituciones), expedientes, declaraciones etc., transgrede su derecho a la privacidad y su derecho de obtener justicia. Así, las mujeres han emprendido diversas formas de lucha y resistencia, buscan hacer visible la violencia y exigen justicia. Aquí se ubica el análisis acerca de las manifestaciones y protestas feministas en el país, incluidas sus expresiones más disruptivas.

 

Protestas, iconoclasia y violencia feminista: CDMX agosto 2019 y Puebla marzo de 2020

El feminismo en México ha ido creciendo y evolucionando tanto en sus formas de organización y expresión como en sus demandas; por ejemplo, partir de 1970, se desarrolló la segunda ola del feminismo mexicano, el primer grupo feminista autónomo fue Mujeres en acción solidaria, después apareció el Movimiento Nacional de Mujeres, entre otros, estos colectivos estudiaban la opresión de las mujeres, en el trabajo, en la sociedad y en la familia; las luchas estaban enfocadas a la legalización del aborto y la igualdad entre hombres y mujeres (Jaiven, 1987: 18-19).

En los años 80, las mujeres de sectores populares emprendieron diversas luchas por mejores salarios y condiciones de vida. En la década de los 90 hubo un aumento en los estudios académicos feministas. A lo largo de los años, los feminismos en México han defendido la autonomía de las mujeres y ha denunciado la violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, entre otras (Cano, 1996: 357-359).

Lamas (2018), afirma que ninguna otra causa feminista ha logrado más leyes y recursos que la lucha en contra de la violencia, la cual se ha enfocado en los brutales feminicidios y en las distintas expresiones de la violencia intrafamiliar, en la violación, la trata y en el acoso sexual. De esta manera, nuevas perspectivas de análisis y formas de lucha han surgido, precisamente, desde el movimiento feminista (p. 277).

El 8 de marzo de 2018 el movimiento feminista convocó a una huelga de gran escala, no fue la primera de la historia, pero si fue la primera a nivel global y con ello tomó más fuerza la cuarta ola del feminismo (Varela, 2020). En la sociedad civil internacional y particularmente la mexicana se ha gestado a lo largo de los años un fuerte movimiento feminista que intenta visibilizar y protestar contra la violencia, la discriminación y la opresión que sufren las mujeres en su conjunto. Álvarez (2020) señala que pueden identificarse diversos elementos que detonaron el movimiento actual: 1) el aumento generalizado de la violencia contra las mujeres en nuestro país, 2) la impunidad en los delitos de género, la ineficacia de la justicia y la normalización de esta situación, y 3) el enfrentamiento de grupos de hombres contra las mujeres ante la creciente autonomía y lucha de las mujeres (pp. 149-150).

Entre los años 2007 y 2017, se registraron 124 movilizaciones feministas en Ciudad de México, 30 estuvieron relacionadas con temas de derechos humanos, 26 con derechos sexuales y reproductivos, 67 con la violencia contra las mujeres. Esto significa que el 54 % de las movilizaciones feministas denuncian las diversas formas de violencia (CIMAC, 2018). Las protestas han ido en aumento, por ejemplo, durante 2013 y 2014 se registraron cinco, en 2015 fueron ocho protestas en contra de la violencia, en 2016 aumentaron a 15 y en 2017 se contabilizaron 18 movilizaciones feministas (Lamas, 2018: 278).

En la Ciudad de México y el estado de Puebla, entre agosto 2019 y marzo 2020, los feminismos[5] emplearon distintas formas de protesta tales como la marcha del día 16 de agosto de 2019 denominada como “Brillanteada”; el 29 de noviembre de ese mismo año llegó a la Ciudad de México, proveniente de Chile, el performance “Un violador en tu camino”; el 14 de febrero de 2020 la manifestación frente a Palacio Nacional por el feminicidio de Ingrid Escamilla y el Paro Nacional del 9 de marzo.

En primer lugar, se encuentra la protesta denominada “Brillanteada”[6] que se llevó a cabo el día 16 de agosto del año 2019, bajo la consigna “No me cuidan, me violan” y que se caracterizó por ser una protesta que incluía acciones directas como las que se describen en las siguientes líneas. En la Ciudad de México y en Puebla la Brillanteada tuvo como objetivo denunciar la impunidad y falta de respuesta ante la violación de una menor de 17 años en la alcaldía de Azcapotzalco por parte de cuatro policías. Los contingentes feministas empezaron a concentrarse en la Glorieta de Insurgentes, en la alcaldía de Cuauhtémoc a las 6:00 de la tarde, algunas de ellas estaban vestidas de negro, tenían diamantina rosa, portaban pañuelos verdes y morados. Mujeres encapuchadas hicieron pintas que decían “No nos cuidan, nos violan”, “Cerdos violadores”, “México feminicida”, “funcionarios cerdos”, “No necesitamos ser valientes, necesitamos ser libres” etc., Asimismo, hicieron destrozos en estaciones del metrobús, prendieron fuego, rompieron vidrios y realizaron pintas en el Ángel de la independencia, mientras que afuera de la fiscalía del estado de Puebla destruyeron una patrulla de tránsito municipal para exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres, violaciones y feminicidios que siguen impunes. Algunas de las manifestantes estaban vestidas de negro, llevaban pintura, diamantina y tenían el rostro cubierto. Realizaron pintas en contra de los elementos de seguridad al exterior de la fiscalía, que decían “Violadores”, demás gritaban consignas como “vivas nos queremos” y “ellos son cómplices de violación”, en los carteles que llevaban estaban mensajes como “Me cuidan mis amigas, no la policía”, “Si tocan a una, nos tocan a todas”, “Ni una más”, “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”, “Luchar hoy para no morir mañana” y “Fiscalía violadora” (Animal Político, 2019; El Universal, 2019; Páez, 2019).

Es importante señalar que fenómenos como la intervención a monumentos o edificios públicos, reconocidos como símbolos políticos y sociales como el Palacio Nacional o el Ángel de la independencia pueden entenderse como actos iconoclastas, es decir, la destrucción del arte como una crítica social, política, religiosa o estética. Dichos monumentos son considerados iconos y su destrucción tiene un fondo político, que no necesariamente se puede entender como un acto de vandalismo o mera destrucción (Besançon, 2000).

Posteriormente, el feminicidio de Ingrid Escamilla y la filtración de fotografías explícitas del cuerpo con signos de violencia, dieron como resultado algunas protestas que también incorporaron acciones directas. El 14 de febrero de 2020, grupos feministas llegaron a palacio nacional, pintaron frases como “Estado feminicida” y “Nos están matando”, prendieron fuego a una de las puertas para exigir justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Más tarde llegaron a las instalaciones de La prensa (medio que difundió las fotos) y prendieron fuego a uno de los camiones del periódico. Finalmente, llegaron al Ángel de la Independencia, donde policías lanzaron gases para dispersarlas (Aristegui Noticias, 2020; BBC News Mundo, 2020).

Cabe mencionar que no todas las mujeres que salieron a protestar hicieron pintas, destrozos o ataques contra algún inmueble, solo fueron grupos de mujeres que estaban encapuchadas y vestidas de negro, son ellas quienes habitualmente están en la primera línea para neutralizar a policías y hombres que se encuentran en las manifestaciones o marchas (Articulación Feminista Marcosur, 2019; Milenio, 2020). El feminicidio de Ingrid desencadenó reclamos y protestas por parte de mujeres que exigen justicia en un país en el que, al día, en promedio, son asesinadas 10 mujeres, además, la exhibición y filtración de fotos llevaron a las manifestantes a cuestionar no solo a los medios de comunicación, sino también a las autoridades encargadas de investigar el caso. La discriminación y la violencia por parte de las instituciones que difunden información de las víctimas, expedientes, declaraciones etc., transgrede el derecho de las mujeres a obtener justicia.

Estas movilizaciones tienen como objetivo expresar “la disconformidad y protesta de los ciudadanos” (Ibarra y Tejerina, 1998, como figura en Riol Carvajal, 2003), ya que uno de los principales objetivos de los grupos oprimidos es destruir o derrumbar la justificación que sostiene a la dominación, las protestas son formas de impugnación del poder que intentan demostrar que el grupo dominante no cumple con la protección de los derechos de los subordinados (Moore, 1987, como se citó en Scott, 2000: 118). A través de dichas manifestaciones, los grupos feministas expresan su descontento y resisten ante las condiciones de violencia física, psicológica, económica, patrimonial y feminicida que enfrentan día a día.

Sin embargo, las protestas públicas organizadas, implican un riesgo de represión (Eckstein, 2001: 22), riesgo que se vuelve mayor cuando las protestas conllevan acciones directas como la destrucción de objetos o inmuebles, además de pintas, quemas, etc., a este respecto, un autor como Genovés (1991), considera que la violencia es la expresión abierta de fuerza, acción compulsiva contra la voluntad de alguien y forma parte de las luchas de protesta ante una determinada situación predominante (p. 118). Así, las protestas y el eventual uso de la violencia en ellas representan una forma de resistencia ante el poder y en su caso, una forma de rebelión ante el statu quo imperante.

Por otro lado, Scott (2000) postula que las relaciones de poder generan también relaciones de resistencia, por ejemplo, las resistencias cotidianas no requieren una gran coordinación y no desafían de manera directa a los dominadores, se caracterizan por ser discretas, recurren a formas indirectas de expresión a través del disfraz, anonimato que se ejerce públicamente, y que puede tener un doble significado o puede ser utilizado para proteger la identidad de los actores (pp. 43- 45);

En las protestas y manifestaciones feministas observamos diferentes expresiones y formas de resistencia, desde las marchas organizadas, hasta el uso de máscaras para ocultar el rostro, el uso de vestimentas negras para guardar anonimato mientras se realizan pintas, daños a edificios y estructuras públicas o la quema simbólica en espacios públicos. Asimismo, los feminismos suelen acompañar las marchas con consignas como “ni una más, ni una asesinada más”, “ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer”, o canciones como la del performance “un violador en tu camino”, dicho performance fue creado por el colectivo chileno Las Tesis; en Ciudad de México y Puebla se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2019. Mujeres feministas han usado este tipo de bailes y cantos para expresar su descontento hacia las violencias, feminicidios e impunidad en la impartición de justicia.

El performance “Un violador en tu camino” ha sido retomado por las mujeres mexicanas para denunciar a las instituciones, a las fuerzas de seguridad y a la sociedad por reproducir y normalizar las violencias en contra de las mujeres. La letra expresa la complicidad que existe entre el Estado patriarcal, los jueces y sus omisiones en la impartición de justicia. Mujeres de diferentes estados mexicanos, así como de diferentes partes del mundo tales como España, Turquía, Alemania, Argentina, etc., han salido a las calles a denunciar las desapariciones, las violaciones, los feminicidios y la indiferencia de la sociedad, y de las autoridades a través de esta representación artística creada por Las Tesis.

Estas formas de resistencia dan paso al desafío abierto y colectivo, el cual busca atraer atención, denunciar públicamente los problemas que enfrentan y protestar ante las autoridades y grupos gobernantes; Feierstein (2018) explica que, en las protestas, existen situaciones que quieren darse a conocer de manera espectacular a través de la violencia y con ello obtener atención mediática (p. 152).

Otro ejemplo de este tipo de estrategias es el Paro de mujeres, un tipo de desafío abierto y colectivo que busca afectar las actividades productivas y de reproducción de la vida cotidiana, visibilizar el lugar subordinado de las mujeres en la sociedad, la discriminación en los mercados de trabajo y el no reconocimiento del trabajo doméstico (Gago, 2018, como se citó en Peller y Oberti, 2020). El día 18 de febrero de 2020 la colectiva veracruzana “Brujas del Mar” junto con otras colectivas independientes lanzaron una convocatoria para llevar a cabo un paro nacional de mujeres, este paro, denominado en redes sociales como “Un día sin nosotras”, se realizó el 9 de marzo, un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, con el fin de visibilizar la violencia hacia la mujer y el aumento de los feminicidios

Los colectivos de mujeres convocaron a no asistir a las labores, a que ninguna mujer saliera a la calle, que ninguna mujer asistiera a los trabajos, ninguna niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando (El Universal, 2020; La Jornada, 2020). La ausencia de mujeres en los diferentes espacios ayudó a visibilizar su gran papel en la vida cotidiana, centros de trabajo, instituciones, en la vida pública, especialmente en el hogar con el trabajo no remunerado (Álvarez, 2020). Las mujeres que se sumaron al paro afirmaron que estaban haciendo un reclamo legítimo. Los feminicidios, las violaciones, la discriminación, la violencia en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la comunidad y las injusticias, han hecho que cada vez más mujeres salgan a manifestar su indignación, y le exigen al Estado que garantice sus derechos.

Las protestas históricamente suelen emplear la violencia como uno de sus recursos para lograr una mayor visibilidad en nombre de la justicia (Genovés, 1991: 118). En este sentido, las luchas feministas han usado la violencia en contra de inmuebles y monumentos, en los que han realizado pintas y destrozos como expresiones iconoclastas. Desde nuestra perspectiva, la violencia dentro de las protestas es una respuesta a la situación de franca indefensión y desprotección de las mujeres.

De este modo, la violencia y la resistencia en las protestas feministas poseen legitimidad al ser una respuesta en contra de la dominación patriarcal y la violencia institucional. A pesar de que el uso de la violencia posee bases de legitimidad como parte del repertorio de protesta, ha despertado numerosas críticas por parte de la sociedad mexicana. Resulta interesante cómo entre las propias mujeres existen visiones encontradas acerca del empleo de formas violentas o disruptivas de protesta, están desde quienes las aprueban y apoyan, hasta un buen número de mujeres que las rechazan abiertamente.

 

Percepciones femeninas en torno a la protesta

Las protestas han llamado la atención de las autoridades, de los medios de comunicación y de la sociedad en general, tanto por sus formas radicales e intensas, como por otras expresiones pacíficas y simbólicas como consignas, bailes y cantos. Sin embargo, en México la opinión pública en general ha lamentado las pintas en monumentos como el Ángel de la Independencia, en estaciones de transporte público, fachadas de edificios, estaciones del metro, entre otros. Los medios de comunicación han minimizado el éxito de las protestas, en su lugar han promovido la idea de que se trata de manifestaciones vandálicas.

Los medios, al igual que un amplio sector de la sociedad, han reprochado, criticado y criminalizado, no solo las protestas más radicales, sino que también los bailes y representaciones artísticas feministas han sido objeto de burlas por parte de los medios de comunicación y la sociedad. Por su parte, los feminismos han defendido su postura de protesta, reivindicando incluso sus formas más disruptivas, frente al crecimiento de los feminicidios, las agresiones sexuales, la discriminación y la impunidad.

En este sentido, consideramos conveniente explorar cuál es la percepción ante la protesta y sus diferentes expresiones por parte de mujeres que habitan las dos entidades en las que se han presentado las protestas analizadas. Para ello, se realizaron encuestas cerradas, semiestructuradas, guardando anonimato, y con criterios representativos; se encuestó a 385 mujeres de CDMX y 384 de la ciudad de Puebla. Las edades de las mujeres encuestadas van desde los 18 hasta los 60 años, el 65,5 % de ellas cuentan con estudios de licenciatura, el 20,2 % con bachillerato, el 7,8 % con maestría, el 3,7 % con secundaria, el 1,8 % con doctorado y el 0,4 % con primaria.

El 91,6 % (704) de las encuestadas expresaron que están a favor de que las mujeres salgan a las calles a protestar, y el 8,4 % (65) manifestaron que no están de acuerdo con las protestas. Como se mencionó anteriormente, en protestas como la Brillanteada nacional o la marcha por el feminicidio de Ingrid Escamilla tuvieron lugar actos violentos como quema de inmuebles, quema y destrucción de camiones de la prensa o patrullas, destrucción de paradas del Metrobús; respecto a estos hechos 99 mujeres (13 %) expresaron estar totalmente de acuerdo con las protestas que involucran actos violentos, 116 mujeres más (15,1 %) están de acuerdo, 156 encuestadas (20,2 %) no están de acuerdo ni en desacuerdo, 202 (26,3 %) están en desacuerdo y 196 (26 %) están totalmente en desacuerdo. De lo anterior resulta que 135 (42 %) no están de acuerdo con la violencia en las protestas feministas frente a 102 mujeres (32 %) que sí lo están (Gráfica 3).

 

GRÁFICA 3

Gráfica 3. Elaborada con datos propios.

 

También se les cuestionó si están dispuestas a participar en las protestas que involucran actos violentos, a lo que el 26,3 % (202) respondió que sí y el 73,7 % (566) respondió que no. Retomando los datos de la gráfica 3 se observa que, pese a que el 32 % de las mujeres dijo que sí está a favor de los actos violentos, solo el 26,3 % están dispuestas a colaborar en este tipo de acciones.

En cuanto a las protestas que involucran representaciones artísticas como bailes y cantos el 72,1 % de las mujeres (555) respondieron que están totalmente de acuerdo en su realización, el 17,3 % (133) están de acuerdo, el 7,2 % (55) no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2 % (15) están en desacuerdo y el 1,4 % (11 mujeres) está totalmente en desacuerdo. Es decir, el 89,4 % están a favor de que se lleven a cabo representaciones artísticas como parte de las protestas feministas en contra de la violencia y los feminicidios (Gráfica 4).

 

GRÁFICA 4

Gráfica 4. Elaborada con datos propios.

 

Por consiguiente, surge la duda acerca de si ellas participarían en protestas con manifestaciones artísticas, a lo que el 81,3 % (625 mujeres) respondieron que sí, mientras que el 18,7 % (144) dijeron que no lo harían. Entre las actividades que ellas prefieren están cantos, bailes y actividades artísticas (51,6 %), detener las actividades laborales, educativas y económicas (47,8 %), realizar pintas en las calles de la ciudad (16,1 %) y finalmente la quema o destrucción de inmuebles (2,3 %) (Gráfica 5).

 

GRÁFICA 5

Gráfica 5. Elaborada con datos propios.

 

Los datos arrojados a través de las encuestas muestran que, si bien la mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo en la realización de protestas, solo una pequeña parte de ellas acepta la práctica de actos violentos, y un porcentaje aún menor estaría dispuesto a participar directamente. Por el contrario, la mayoría de las mujeres está de acuerdo en la ejecución de protestas, pero con expresiones pacíficas y artísticas o bien, con el paro de actividades como una forma de expresar su descontento y protesta.

A lo largo de estas líneas hemos descrito que, desde la teoría de movimientos sociales se reconoce el uso de la violencia como un recurso para obtener una mayor atención en cuanto a las demandas, sin embargo, desde la perspectiva de las mujeres que habitan en ambas entidades, estas protestas que usan la violencia no son mayoritariamente aceptadas.

Esto muestra un cuestionamiento respecto a la aceptación o el rechazo a las formas violentas de manifestación. Una posible interpretación estaría en el rechazo abierto por parte de las mujeres a toda forma de violencia, no solo la que sufren de manera constante en la sociedad, sino también, en la realización de protestas violentas. Asimismo, es posible verlo desde la influencia de las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres en el patriarcado. En este sentido Segato (2003) afirma que la masculinidad es la capacidad de dominar, es una posición jerárquica en la que se puede ejercer violencia. Se refiere al hombre violento que es capaz de demostrar su virilidad. La autora explica que los hombres han creado estos conceptos para preservar su posición de privilegio, por lo tanto, las características tradicionales de sumisión que se le han impuesto a la mujer no son naturales, sino que se han formado culturalmente para que ella asuma esta subordinación que el hombre ha conformado a su conveniencia (pp. 37-40).

Dentro del orden social, la distribución estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos, tienden a ratificar la dominación masculina en la que se apoya (Bourdieu, 1998: 22). La concentración del poder, la fuerza y la violencia en manos de los hombres y la docilidad, inferioridad y sometimiento atribuidos a las mujeres hacen que la mujer sea considerada como un ser que no puede ostentar el poder, esto la relega del uso legítimo de la violencia, ni siquiera para exigir mejores respuestas por parte de las autoridades.

Este cuestionamiento acerca de la legitimidad de la violencia en las protestas ha sido entendido por las feministas, quienes han desplegado formas ocultas como consignas o cantos; formas anónimas dentro de las manifestaciones en las que se cubren la cara; desafíos abiertos como el Paro y formas de confrontación violenta. Algunos grupos han decidido no ejercer violencia, pero todas las mujeres de esa mayoría luchan y resisten.

 

Reflexiones finales

Una vez analizado el ejercicio de la protesta, la violencia y la iconoclastia por parte de las protestas feministas, resulta estar lejos de ser un sin sentido o de no tener una explicación racional. En este trabajo hemos argumentado que estos fenómenos solo se pueden comprender considerando al uso de la violencia como un recurso que tiene legitimidad en un contexto de violencia y opresión en lo económico, lo político y lo social. En este sentido, el surgimiento de fenómenos como la rebeldía y la resistencia, son propias históricamente de contextos de fuerte dominación, en este caso determinado por el predominio del poder masculino ante el femenino. Las instituciones que imparten justicia enfrentan dificultades para proteger la vida y el bienestar de las mujeres, por lo tanto, los reclamos y las exigencias de las mujeres son también una respuesta ante la violencia que viene de las autoridades.

El uso de expresiones violentas dentro de las protestas y manifestaciones buscan una mayor visibilidad pública de sus reclamos y demandas, su objetivo no es propiamente la destrucción, sino que se entiende como una vía para lograr mayor potencia y visibilidad pública. La iconoclasia en este sentido permite comprender el verdadero sentido simbólico de dichos actos, al no ser meras acciones de pillaje o destrucción. Incendiar objetos, pintar monumentos o paredes, simbólicamente son llamados de atención urgentes hacia la sociedad y las autoridades para visibilizar las diferentes formas de opresión que atraviesan a las mujeres. Sin embargo, esta violencia no resulta legítima para todas las mujeres, aun las que simpatizan directamente con los movimientos y las marchas feministas se decantan por formas pacíficas y artísticas de protesta, incluyendo expresiones como las formas ocultas y cotidianas de resistencias.

Finalmente, la violencia no es un ingrediente indispensable en todas las protestas feministas, por el contrario, existe un amplio repertorio de acciones de resistencia pacífica a través de representaciones artísticas, consignas, bailes, cantos, carteles, pañuelos verdes y morados durante las marchas o paros de actividades. Dentro de los feminismos hay mujeres que rechazan totalmente la violencia, no harían destrozos o pintas, pero sí están dispuestas a realizar un performance o un paro.

Cabe agregar también que la violencia puede dar motivos a las autoridades para reprimir la movilización, o para imponer algún castigo en contra de las manifestantes, por miedo a las represalias es que algunas se cubren la cara o recurren a mensajes disfrazados como canciones o consignas, por lo que es un recurso que no siempre es usado dentro del repertorio de acciones. Las manifestantes también se encuentran en constante riesgo, la amenaza no solo es el Estado, sino otros grupos de la sociedad que no comparten los mismos objetivos que ellas, y esto podría dar lugar a un choque o a ataques personalizados.

Los altos niveles de violencia e impunidad dejan ver que el Estado no cumple con la premisa contractualista acerca de la protección de la vida y de la seguridad de las mujeres, este ha sido el punto central de las constantes e intensas movilizaciones feministas autónomas, las cuales han logrado que sus demandas resuenen en el espacio público y que sean integradas en las agendas políticas. Como señala Pateman (1995), que las mujeres sean propietarias de sus personas significa un golpe decisivo contra el patriarcado (p.26) ya que con esto implica la posesión de sus cuerpos, de sus derechos políticos, civiles, sociales, sexuales, derecho a la vida y a la seguridad. Por lo tanto, las mujeres han desarrollado sus propias formas de expresión y organización, con las que luchan en contra del estado patriarcal.

 

 

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Velasco, M. (2013). Violencia reactiva e instrumental. La impulsividad como aspecto diferenciador. Revista de Educación, 361, 665-685.

Weber, M. (2002). Economía y sociedad. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

 

 



[1] Es licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente es Maestrante en Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el campo de la investigación, se ha centrado en los estudios acerca de: Teoría Feminista, Acción Colectiva y Movimientos Sociales.

E-mail: [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6207-4994

 

[2] Es Doctora en Sociología y Maestra en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, funge como Profesora investigadora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (BUAP). Líneas de investigación en: Estudios de Política y Procesos de Gobierno, Análisis jurídico político.

E-mail: [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1828-8079

 

[3] Es Doctor y Maestro en Sociología Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I (2019-2022) (CONACYT). Profesor-Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación se centran en: Movimientos sociales, Democracia en América Latina, Populismo, Populismos latinoamericanos, Derechas.

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ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9031-5759

[4] Locke, 1967, como se citó en Pateman,1995: 24.

[5] Entendemos a los feminismos como las distintas instancias organizativas de grupos, colectivos y redes. Estos tienen una amplia interacción, se expresan y manifiestan en diversos espacios, generando posicionamientos, articulaciones políticas y plataformas organizacionales (Millán, 2020).

[6] Organizaciones feministas protestaron frente a las instalaciones de la secretaría de Seguridad Ciudadana y arrojaron diamantina rosa al titular de la dependencia, Jesús Orta. En consecuencia, llamaron diversas ciudades del país para protestar por las declaraciones de la autoridad (Cerva, 2021).