EL PARTIDO POLÍTICO COMO ARMA CIUDADANA: LA APUESTA DEL M-19 Y DEL FMLN

THE POLITICAL PARTY AS A CITIZEN WEAPON: THE PROPOSAL OF THE M-19 AND THE FMLN

O PARTIDO POLÍTICO COMO UMA ARMA CÍVICA: A APOSTA DO M-19 E DO FMLN

Lic. Melissa Valencia Hernández

(Universidad de Antioquia, Colombia)[1]

 

Lic.Yeimy Leccett Tamayo Calle

(Universidad Nacional de La Plata, Argentina)[2]

 

Fecha de recepción: 23 de febrero de 2022

Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2022

 

RESUMEN

Este artículo analiza, desde una perspectiva comparada, los retos que afrontaron los excombatientes de la guerrilla colombiana Movimiento 19 de abril (M-19) y el salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a la hora de conformar un partido político como una apuesta de participación ciudadana, tras su desmovilización en procesos de paz. Para alcanzar este objetivo se recurre a la revisión de fuentes secundarias. En primer lugar, se realiza una caracterización del contexto histórico y el desarrollo de ambas guerrillas. En segundo lugar, se examina su transformación en partido político, precisando los móviles y los hechos históricos que influyeron en ello. Por último, se determinan los limitantes, éxitos y fracasos de dicha apuesta. A partir de la información reunida se concluye que ambos procesos de paz fueron exitosos en la finalización del conflicto armado con dichas guerrillas y se convirtieron en un referente histórico de participación ciudadana y política dentro del sistema de partidos de cada país analizado. No obstante, mientras que el proceso de transformación a partido político del FMLN resulta satisfactorio, dicha transición resulta ambigua para la Alianza Democrática M19 (AD-M19).

Palabras claves: AD-M-19, FMLN, transición política, participación ciudadana, guerrillas.

 

ABSTRACT

From a comparative perspective, this article analyzes the challenges faced by the members of M-19 (Colombian) and the FMLN (Salvadoran) guerrillas in the transformation into a political party, as a proposal of citizen participation after their demobilization in peace processes. In order to achieve these objectives, we did a secondary data review to characterize the historical context and the development of both guerrillas; then, we examined their transformation into a political party, specifying the motives and historical facts that influenced this transformation; finally, we determined the limitations, successes, and failures of this political proposal. Based on the information gathered, it is concluded that both peace processes were successful in ending the armed conflict with these guerrillas and became a historical benchmark for citizen and political participation within the party system of each country. However, the process of transformation of the FMLN into a political party is satisfactory, the transition is ambiguous for the AD-M19.

Keywords: AD-M19, FMLN, political transition, citizen participation, guerrillas.

 

RESUMO

Este artigo tem por objetivo trazer uma análise, a partir de uma perspectiva comparativa, dos desafios enfrentados pelos ex-combatentes da guerrilha (Movimento 19 de Abril) M-19 (Colômbia) e (Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional) - FMLN (El Salvador) no período que formaram um partido político como meio de participação cidadã após sua desmobilização em seus respectivos processos de paz. Para atingir estes objetivos, foi fundamental a revisão de fontes secundárias bibliográficas. Primeiramente, foi realizada uma caracterização do contexto histórico e do desenvolvimento de ambas as guerrilhas. Posteriormente, foi examinada a sua transformação num partido político, especificando os motivos e os fatos históricos que as influenciaram. Finalmente, foram determinadas as limitações tanto dos sucessos quanto dos fracassos deste movimento. Com base nas informações coletadas, pode-se concluir, que ambos os processos de paz foram bem-sucedidos no fim do conflito armado com tais guerrilhas e tornaram-se um ponto de referência histórico na participação cidadã e política dentro do sistema partidário de cada país analisado. No entanto, enquanto a transformação do FMLN em partido político foi satisfatória, a transição do AD-M19 para um partido político percebe-se ambígua.

 

Palavras-chave: AD-M-19, FMLN, transição política, participação dos cidadãos, guerrilhas.

 

 

INTRODUCCIÓN

La historia de América Latina ha estado permeada por la insurgencia guerrillera; tanto así que es éste el espacio geográfico donde la guerra revolucionaria ha permanecido con mayor fuerza. Ahora bien, de todas las experiencias existentes proponemos resaltar el Movimiento 19 de Abril (M-19) en Colombia y El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, por su desarrollo, contexto, firma de un acuerdo de paz y posterior organización partidista. El interés por abordar estos dos movimientos guerrilleros radica en cómo dejan las armas a través de procesos de negociación y luego conforman partidos políticos, siendo casos sui géneris en esa época para la región.

El enfoque que guía nuestro trabajo es el hermenéutico, en cuanto busca comprender fenómenos, y el método es el histórico-comparativo, cuyo objetivo, según Lastra (2018), es la comprensión de sucesos culturales, sociales y políticos, que posean similares características o que forman parte de un proceso macro-histórico en común. La comparación la asimilamos, entonces, como un recurso analítico, artesanal y heurístico, a través del cual visualizamos elementos de los casos comparados de manera más comprensiva.

En los casos analizados, el paso de movimientos guerrilleros a partidos políticos se dio por medio de la participación de sendos procesos de paz, término que usaremos desde la conceptualización de Dudouet (2009), quien lo define como etapas determinadas para la resolución y mitigación del conflicto armado donde intervienen iniciativas unilaterales y bilaterales y, en algunos casos, terceros; a partir de lo cual, se establece una negociación que tiene como resultado un Acuerdo Final. En el caso de nuestro trabajo, buscaremos analizar cómo los procesos de paz, a los que se circunscribieron las guerrillas aquí estudiadas, les posibilitó ingresar a la vida civil, donde se resalta su organización partidista.

En cuanto a lo que significa e implica ser ciudadano partimos de la idea de O’Donnell (2001), quien observa en la ciudadanía una forma dual: pasiva y activa. Siendo la primera un estatus natural, impuesto y atribuido a los sujetos por el mero hecho de nacer en un territorio, mientras que la activa se refiere a cómo esos sujetos participan de la política y forman parte de la administración de lo público. A su vez, la ciudadanía se sustenta en dos principios básicos: la igualdad jurídica[3] y la libertad política[4]. Pensamos, entonces, que la ciudadanía de los excombatientes no es un espectro político limitado a lo legal, sino que abarca el acto de reconocerse mutuamente en el ejercicio democrático, en el que los partidos juegan un papel central al permitir un accionar político organizado.

En este sentido, consideramos con Alcántara Sáez (2004) que los partidos son los actores protagónicos en la dinámica política, en tanto estructuran la competencia democrática y le dan forma a los resultados electorales, creando un universo conceptual con el que los ciudadanos y las élites se orientan. En palabras de Daza (2005), los partidos “legitiman las reglas de juego que rigen la acción política y la competencia política dentro del sistema político” (p. 106). Por otro lado, una guerrilla es una fuerza de combate, con tácticas militares irregulares que actúa en contra del Estado y sus instituciones (Villarraga, 2015). Así, los partidos políticos fueron las armas que las guerrillas del FMLN y el M-19 eligieron tras su reincorporación a la vida civil, como un medio para canalizar sus reclamaciones y sus posiciones ideológicas dentro del marco de lo estatal.

En consecuencia, al preguntarnos por el paso de organización guerrillera a partido político, y en aras de ordenar el análisis, nos proponemos seguir una ruta. En primer lugar, caracterizamos el contexto histórico en el que se desenvolvieron ambas guerrillas para especificar la historia de las mismas. En segundo lugar, estudiamos los procesos de paz y los partidos políticos que son frutos de dicha transición. Finalmente, comparamos ambos pasos y proyectos en cada apartado y se presenta una conclusión al respecto.

 

El origen de las guerrillas M-19 y FMLN

Para abordar nuestro objeto de estudio es importante partir de un marco histórico, en el que podamos contextualizar el sentido estructural que guió el obrar guerrillero. Para ello, consideramos fundamental comprender las causas de movilización insurgente, para contrastar las razones que les llevaron a tomar y a dejar las armas, orientando su escenario de movilización hacia el espectro partidista.

 

Colombia y el surgimiento de las guerrillas

A la hora de comprender el paso que la guerrilla del M-19 ha dado de la lucha armada a la contienda política electoral, encontramos que Colombia en general es un caso muy interesante debido a la larga data de su conflicto interno; el cual, según Lizarazo (2016), tiene sus raíces en la Constitución de 1886, cuyos principios y centralismo dieron lugar a una hegemonía conservadora que duró 44 años. Durante esta época la ausencia de mecanismos institucionales para acceder al poder llevó a que los movimientos de oposición y el Partido Liberal sólo encontraran las armas y las guerras civiles como una alternativa de contienda. A lo anterior se suma una expansión económica que escapó al alcance de los conservadores, dando pie a que los trabajadores se organizaran para reivindicar derechos laborales.

Además, de acuerdo con Bushnell (1996), en los años treinta Colombia experimentó un periodo de República Liberal (1930-1946), que fue trastocado con el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán en 1948, situación que reavivó los brotes de violencia partidista. A su vez, para el presidente Laureano Gómez (1950-1954), todo lo que estaba ocurriendo era culpa del liberalismo y del comunismo, por lo que en su mandato utilizó la represión como medio de gobernanza, agudizando las condiciones de nacimiento de la insurgencia armada.

Como reacción, afirma Díaz (2017), el 13 de junio de 1953 los militares, liderados por el general Gustavo Rojas Pinilla, asumieron la presidencia del país, buscando frenar el periodo denominado La Violencia. Su gobierno se distanció de las élites, siendo ellas, precisamente, quienes apoyaron el golpe que dio inicio al Frente Nacional (1958-1974), que consistió en la repartición igualitaria de puestos políticos entre liberales y conservadores durante 16 años, excluyendo los demás partidos políticos. Periodo que fue seguido por el nacimiento de las guerrillas, el narcotráfico y el paramilitarismo.

Pues bien, en el surgimiento de la lucha guerrillera colombiana resaltamos cinco factores históricos. 1) El conflicto agrario, asociado a la concentración de la tierra, el olvido del campo por parte de los gobiernos centrales y la movilización de campesinos, en forma de autodefensas; 2) el periodo de La Violencia (1946-1948), en el que los enfrentamientos entre liberales y conservadores dejaron alrededor de 200.000 víctimas muertas y millones de afectados, a la vez que propició la normalización de la violencia como un instrumento para dirimir la política; 3) la exclusión política, fruto del bipartidismo exacerbado y del Frente Nacional; 4) la Revolución Cubana, cuyo impacto generó un clima de cambio latinoamericano e inspiró a los sectores excluidos de la política a armarse, dando lugar a las guerrillas de corte revolucionario y, finalmente, 5) la urbanización acelerada del país, dado que entre 1930 y 1970 ésta creció en Colombia exponencialmente, pero sin las condiciones que garantizan una vida digna (Velásquez, 2015).

Lo anterior nos permite concluir con Patiño Hormanza, Grabe Loewenherz y García-Durán (2009) que la lucha guerrillera colombiana nació en medio de situaciones estructurales de larga duración, siendo una respuesta a las dinámicas sociales y las circunstancias históricas. Respecto al nacimiento del M-19 determinamos como causas directas el periodo de La Violencia, dado que no había otra forma de hacer oposición legal y legítima y la urbanización acelerada, lo que explica el que ésta sea una guerrilla urbana.

 

El Salvador: régimen militar, represión y transformaciones políticas

El Salvador fue gobernado por un régimen militar desde 1931 hasta 1979, cuando tuvo cabida un golpe de Estado, con el que se derrocó al entonces presidente General Carlos Humberto Romero (1977-1979). En los años del régimen, las opciones de hacer política por parte de los partidos eran insuficientes, por la concentración del poder en los militares, quienes gobernaron por 49 años (Artiga-González, 2008: 525).

Como precisa Almeida (2010), a partir de 1972 el régimen autoritario salvadoreño dio marcha atrás en el proceso de liberalización que se había iniciado una década antes, a través del uso masivo del fraude electoral y la represión, cerrando de esta forma los canales institucionales de acceso al sistema político, a lo que se sumaron una serie de problemas económicos que afectaron a los grupos de más bajos ingresos. Si bien el régimen había utilizado la represión de opositores políticos en las sucesivas crisis por las que había atravesado –1944, 1960-1961, 1968– esta había sido selectiva y se había ejecutado principalmente a través del encarcelamiento y la tortura.

Este retroceso autoritario puso en marcha un proceso de escalada de las reivindicaciones del movimiento popular y de cambio, en el marco de interpretación de sus agravios. Esto facilitó, además, la emergencia de una nueva identidad colectiva orientada no hacia las reivindicaciones sectoriales, sino al cambio total del sistema político y económico. De esta forma, las organizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas radicalizaron sus exigencias y formas de protesta como respuesta a dicho cierre de espacios políticos, lo que facilitó la apropiación de la infraestructura del movimiento popular por parte de las guerrillas.

En 1979 finalizó el régimen militar y se estableció una junta de gobierno entre civiles, formada por los partidos más reconocidos en ese momento: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido Conciliación Nacional (PCN) y militares, cuyo fin era acabar definitivamente con el régimen y establecer una democracia. En 1980 se dio inicio al proceso para reformar las instituciones de gobierno y la Constitución de 1962, la cual buscó establecer las ramas del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial (art. 86), también se propuso fortalecer el Parlamento y la Presidencia, dar mayor poder a los partidos políticos estableciéndose como único medio de representación política (art. 85) y se reformaron los tiempos en el calendario institucional. Así, finalmente, se promulgó la Constitución de 1983 sin la participación de las guerrillas.

 

Un contexto en relación

El marco histórico en el que surgieron las guerrillas objeto de estudio tienen diversas semejanzas, entre las que resaltamos el cierre de los canales institucionales, como mecanismo para llegar al poder, que en El Salvador se dio en medio de una dictadura del régimen militar, mientras en Colombia se desarrolló desde el actuar de la hegemonía que lideró el partido conservador. Hay, entonces, un contexto de pocas posibilidades de participación en ambos países y crisis económicas mal gestionadas por los gobiernos, donde, a la par, se fueron gestando procesos sindicales y revolucionarios, entre los que resaltamos el M-19 y el FMLN, cuya acción insurgente vio en las armas el medio más efectivo para cambiar el estado de cosas.

 

UNA REVISIÓN DE LA HISTORIA DE LAS GUERRILLAS

Luego de haber identificado los rasgos generales en los que se desenvolvieron las guerrillas analizadas, es necesario pasar a comprender su propia historia, esto es, su conformación, sus móviles de acción y su organización ideológica.

 

Desarrollo histórico del Movimiento 19 de Abril M-19: caso colombiano

El Movimiento 19 de Abril M-19, tal y como lo plantea Lizarazo (2016), fue una guerrilla urbana colombiana, reconocida por sus memorables actividades, que integró elementos ideológicos camilistas y bolivarianos con ideales guevaristas, antiimperialistas, nacionalistas y democráticos –elementos últimos que los diferencian del resto de las guerrillas tradicionales del país– cuyo propósito fue promover la identidad nacional y ampliar la democracia y la libertad. Lo cual, de acuerdo con Riaño y Bernal (2016), al no ser viable desde la institucionalidad de mediados del siglo XX, se promovió mediante una organización armada.

Ahora bien, de acuerdo con Moreno (2020), el nacimiento del Eme (M-19) se remonta al fraude de la última elección presidencial del Frente Nacional, cuando el 19 de Abril de 1970 los boletines oficiales exponían como ganador a Gustavo Rojas Pinilla, candidato por la Alianza Nacional Popular (ANAPO)[5], por una mayoría de alrededor de 114.000 votos, panorama que cambió al día siguiente, ante el anuncio de que el candidato conservador Misael Pastrana Borrero había superado a Rojas por poco más de 2.600 votos. Este fraude, analiza Valbuena (2017), generó un sentimiento de indignación y en respuesta el presidente de la época ordenó el arresto domiciliario del general y declaró el Estado de Sitio.

Lo anterior propició que algunos integrantes de la ANAPO cuestionaran la real posibilidad de llegar al poder por vías institucionales, proponiendo las bases de la organización armada Movimiento 19 de Abril (M-19). A lo anterior Moreno (2020) suma que en 1971 se llevó a cabo la IV Conferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la que se determinó extender la lucha armada a las ciudades, lo que generó discrepancias entre disidentes de las FARC y anapistas, quienes diseñaron un programa en 1972, conocido como la Primera Conferencia del M-19, en el que se propuso crear una unidad guerrillera urbana, que rescatase los valores nacionales.

Al año siguiente, se llevó a cabo la Segunda Conferencia, en la que se discutió, entre otros asuntos, el nombre de la organización, los lineamientos y la manera de darse a conocer, optando por la recuperación de la espada de Bolívar cuya significación era llevar al pueblo la libertad; dicho acto fue anunciado con una gran campaña mediática. El robo se llevó a cabo el 17 de enero de 1974, misma fecha en la que se tomaron las instalaciones del Concejo de Bogotá y, en ambos episodios, la organización dejó inscripciones en las paredes que anunciaban su llegada a la lucha armada. Acciones que coinciden en el tiempo con el establecimiento del Estado de Sitio, mencionado con anterioridad, decretado en el gobierno de López Michelsen (1974-1978) y recrudecido en el mandato de Turbay Ayala (1978-1982) con su Estatuto de Seguridad[6].

La composición social del núcleo originario fue, de acuerdo con Patiño Hormanza, Grabe Loewenherz y García-Durán (2009), una combinación de sectores populares urbanos, con jóvenes y franjas de clase media, con formación universitaria, algunos exmiembros de las FARC y de la ANAPO, el movimiento obrero y con un amplio grupo femenino en su dirección nacional.

En cuanto a la forma de financiación, encontramos en Patiño Hormanza, Grabe Loewenherz y García-Durán(2009) que casi todo provino de secuestros, a lo que añadieron golpes menos constantes como asaltos a bancos y apoyo internacional, sin llegar a tener grandes capitales en su organización. Por otro lado, al analizar el accionar del M-19, determinamos, de la mano de Lizarazo (2016) y Velásquez (2015), tres etapas. La primera va desde 1974 hasta 1981, donde se consolidaron como una organización político-militar y desarrollaron su metodología de guerra urbana. La segunda va desde 1981 hasta 1984, caracterizada por la persecución a sus líderes y, como consecuencia, su repliegue a la ruralidad. La tercera va de 1985 hasta 1989, en la que se evidencia un agotamiento de sus métodos y una propensión a la salida negociada del conflicto.

Pues bien, respecto a las acciones político-militares Valbuena (2017) nos muestra cómo éstas tenían el propósito de crear una simbología que justificase sus perspectivas, desarrollando una interlocución en el ámbito internacional y con el gobierno nacional, para entrar en el escenario político y desarrollar una legitimidad democrática de la guerra. Las principales acciones las resumimos en la siguiente cronología:

                   1974: robo de la espada de Bolívar.

                   1976: secuestro de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia.

                   1978: robo de armas al Cantón Norte en Bogotá[7].

                   1980: toma de la embajada de la República Dominicana, 1981-1982 guerras por la paz[8] –.

                   1981: secuestro de Martha Nieves Ochoa.

                   1985: toma del Palacio de Justicia.

                   1988: secuestro de Álvaro Gómez Hurtado.

Otra fecha que resaltamos con Valbuena (2017) es la de 1989, cuando se creó un campamento en la población de Santodomingo (Cauca), desde donde se adelantaron las conversaciones con el presidente Barco. Ese mismo año se realizó la Décima Conferencia en la que el Eme optó por la dejación de las armas y, un año después, firmó un Acuerdo de Paz que lo condujo a la conformación como movimiento político legal.

Ahora bien, entre las acciones mencionadas queremos destacar, junto con Tobón (1989), la toma del Palacio de Justicia, a partir de la cual la imagen política y militar del Eme se empezó a deteriorar, siendo su mayor error (Moreno, 2020), ya que perdió legitimidad y dio paso a que el Estado le propiciase duros golpes, como el asesinato a comandantes, entre los que resaltan Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, lo que hizo que la organización fuese perdiendo su voluntad armada y redujese progresivamente su capacidad miliar; tras lo cual, bajo el liderazgo de Pizarro, se abrió el camino para la firma del Acuerdo en 1990 y su posterior participación partidista con la Alianza Democrática M-19.

 

Desarrollo histórico del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional: caso salvadoreño

Las guerrillas salvadoreñas surgieron a partir de 1970 en el contexto de un régimen autoritario establecido en 1932. Las diferencias en el seno del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) –fundado en marzo de 1930– en torno a la conveniencia o no del uso de la lucha armada, expresadas en el IV Congreso en 1970, produjeron una escisión dentro de la colectividad que dio paso a la creación de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL) en abril del mismo año.

Debido al poder represivo y el bloqueo de las organizaciones políticas partidistas por parte del régimen, en las décadas de 1960 y 1970 surgieron diferentes organizaciones revolucionarias afines al Partido Comunista que tuvieron como objetivo establecer una nación democrática, revolucionaria y socialista. Por lo que también emergieron el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la Resistencia Nacional, los cuales eran afines al Partido de la Revolución Salvadoreña (PRS).

En 1975 se constituyó el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Luego, en 1980, se consolidó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a partir de cinco estructuras políticas y político-revolucionarias las cuales fueron: las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), El Partido Comunista de El Salvador (PCS), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) la Resistencia Nacional (RN) y Farabundo Martí (FM). La fundación del FMLN significó el acceso a un nivel superior de recursos para las guerrillas, en tanto éstas, con la mediación cubana y nicaragüense, pudieron contar con el apoyo en armas, munición y logística de países como Vietnam, Checoslovaquia o la República Democrática Alemana. En este punto es destacable el escaso apoyo directo ofrecido por la Unión Soviética como ha demostrado Paszyn (2000).

Financieramente, el FMLN fue considerablemente autónomo a lo largo de la guerra, ya que extrajo el grueso de sus ingresos de la ayuda proporcionada por la red de comités de solidaridad construida en Estados Unidos, México y Europa, y en menor medida de la recaudación de impuestos de guerra. Este hecho es particularmente relevante, ya que la crisis y el derrumbamiento final del Bloque del Este no habrían significado una amenaza vital para los recursos económicos de la guerrilla.

A finales de 1980 el FMLN y el FDR (Frente Democrático Revolucionario) establecieron una alianza estratégica que pervivió a lo largo de toda la guerra. Esta alianza adoptó como programa la Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario, que constituía un programa político de consenso entre las guerrillas y los grupos socialdemócratas y democristianos representados en el FDR y, entre otras demandas, incluía: la disolución del ejército y las fuerzas de seguridad, la planificación de la economía, la reforma agraria, la desaparición de los poderes del Estado y la promulgación de una nueva Constitución.

Cabe aclarar que el programa no hacía referencia al socialismo como proyecto político y de forma general atenuaba considerablemente las demandas históricas de las organizaciones armadas, lo cual se explica por la necesidad que tenían de articular una coalición en contra del régimen, bajo un proyecto político aceptable para sus aliados más moderados.

Así, el FMLN evolucionó desde un marco de interpretación a inicios de los ochenta en el que la revolución y el socialismo eran identificados como la única solución a los problemas del país y la lucha armada la única forma de conseguirlos, hacia un segundo momento en el que la negociación política comenzó a ser considerada como una opción alternativa a la derrota militar del ejército a partir de 1983; para arribar a un tercer momento hacia 1988 en el que claramente emerge un nuevo marco de significado, en el que la celebración de elecciones limpias, el funcionamiento independiente del poder judicial y la desmilitarización se convierten en objetivos principales de la lucha, una lucha que debía combinar negociación junto a presión militar.

La implementación de reformas dentro del marco de la democracia representativa y la economía de mercado pasó a ser identificada con una revolución ahora definida como democrática. La estrategia idónea para alcanzar el poder dejaba de ser la lucha armada para convertirse en la participación electoral. Los objetivos originales del Frente, como la edificación de algún tipo de sociedad alternativa, no desaparecieron, sino que quedaron articulados [9] y subordinados al objetivo primordial de supervivencia de la organización.

La referencia a la revolución continuó siendo necesaria como fuente de incentivos de identidad y de propósito para la militancia, pero en la práctica la nueva estrategia del Frente adquirió fuertes similitudes con la defendida por el Partido Comunista Salvadoreño desde los años setenta: la participación en elecciones como forma de tomar el poder para iniciar posteriormente el tránsito hacia una nueva sociedad[10].

 

Las armas como herramienta que abre los caminos a la participación política

Las guerrillas del FMLN y el M-19 nacieron de la unión de diversas organizaciones y movimientos, en sus ideales de lucha y revolución en contra, no solo de los gobiernos de turno, sino de toda la estructura estatal, que cada vez cerraba más las instancias de participación. Resaltamos el hecho de que ambas guerrillas se desarrollaron en torno a tres momentos históricos que van desde la consolidación de sus ideales en un movimiento guerrillero, en ambos casos, pasa por un periodo de negociación política del FMLN, mientras que este segundo momento en el M-19 se identificó por la persecución de sus líderes y su posterior agotamiento militar, que en el FMLN se concretó en su desmilitarización.

Ahora bien, mientras las acciones por las que fue reconocido el M-19 se configuraron desde lo simbólico y lo mediático, las del FMLN fueron netamente bélico-subversivas. Resaltamos, además, que las fuentes de financiación del M-19 eran secuestros, asaltos y algunas veces ayudas internacionales, teniendo una contabilidad bastante limitada. El FMLN, por su parte, logró mayores niveles de autonomía, gracias a la ayuda internacional que constantemente recibía y a los impuestos de guerra que cobraba.

Por último, es importante destacar que tanto el M-19 como el FMLN fueron compuestos originariamente por jóvenes y exmiembros de otras organizaciones, pero mientras el primero fue netamente urbano, el segundo fue urbano con un importante apoyo de los sectores urbanos.

 

LOS PROCESOS DE PAZ: UNA APERTURA A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Tanto el M-19 como el FMLN vieron en los procesos de paz una salida propicia para abandonar el conflicto armado, mas no la lucha de cambio. En tal sentido, es importante comprender cómo se desarrollaron dichos procesos de negociación.

 

Proceso de Paz M-19

Para 1989 Colombia estaba atravesando por una de las luchas más fuertes contra el narcotráfico, tiempo en el que el gobierno nacional decidió apostarle a la Paz con el M-19; que, como lo plantea Tobón (1989), no solo es la primera organización guerrillera en finalizar el conflicto armado en Colombia por medio de un proceso de negociación, sino que abrió el camino a las negociaciones con otras guerrillas y a la reforma de la Constitución de 1991. Ahora bien, este acontecimiento histórico estuvo antecedido de varios intentos.

De acuerdo con Lizarazo (2016), un primer intento de negociación fracasó en 1980, año en el que el Eme le propuso al Gobierno Nacional, encabezado por el entonces presidente Julio César Turbay (1978-1982), realizar un esbozo para la construcción de la paz que llamaron diálogo nacional, con una reunión en Panamá, a lo que el presidente respondió con órdenes de captura.

Otro proceso, señalan Zárate y Roa (2014), se propició en 1982, cuando el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se dispuso a intentar una salida negociada del conflicto, a partir de la solicitud realizada por el Comando Superior del M-19, que planteó un acuerdo de paz que no fue cumplido, lo que llevó a que la guerra se intensificarse.

En 1984 se hizo otro acuerdo de tregua y esta también se rompió de forma violenta por ambas partes, lo que dio fuertes bajas de líderes de la Eme en 1985, a lo que la guerrilla respondió con la toma del Palacio de Justicia. Para Lizarazo (2016), dicha toma fue un fracaso, en tanto no se cumplió el objetivo de presionar al gobierno a negociar la paz, sino que el movimiento perdió la legitimidad y el apoyo popular que caracterizaba su obrar.

Tres años más tarde, el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) presentó su política de paz titulada Iniciativa para la Paz, con la que buscaba acercamientos de negociación, lo que inició con una tregua bilateral de cese al fuego, mientras que los demás grupos guerrilleros mostraban su rechazo al proceso. El M-19, no obstante, continuó con su idea de realizar un diálogo nacional, pero esta fue rechazada y llevó a persecuciones por parte del gobierno, ante lo cual secuestraron a Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que, para Riaño y Bernal (2016), llevó al gobierno a aceptar participar de las negociaciones de paz.

De tal modo, afirma Lizarazo (2016), a comienzos de 1989 se desarrollaron las primeras reuniones en el sur del Tolima, y se procedió a instalar las mesas de concertación y análisis para debatir el contenido del Pacto Político, que buscaba la democratización del país. En Santo Domingo Cauca se asentaron temporalmente la mayoría de los guerrilleros a desmovilizarse, y fue esta la zona que se desmilitarizó y en la que se convenció a los más renuentes de la viabilidad del proceso, en el que participaron representantes del gobierno, partidos liberal y conservador, guerrilleros, gremios, universidades, sindicatos, organizaciones populares y sociales y la Iglesia Católica[11].

Este proceso tuvo una duración de 15 meses, tras los cuales, el 9 de marzo de 1990, el M-19 se desmovilizó, en medio de un acto simbólico en Caloto Cauca, en el que periodistas, miembros de la Internacional Socialista y familiares de los desmovilizados sirvieron de testigos. La paz se firmó en Bogotá el 15 de marzo de ese mismo año, entre Carlos Pizarro y Antonio Navarro, como representantes del Eme, y Virgilio Barco, por el gobierno, y, posteriormente, fue refrendado mediante una Asamblea Nacional Constituyente (Riaño y Bernal, 2016).

Cabe preguntarnos por las dinámicas que posibilitaron el proceso que analizamos, en el que, junto con Lizarazo (2016), encontramos que en la trayectoria del Eme hacia la firma de la paz influyeron también causas internas, tales como la redefinición de la lucha armada en la búsqueda de la democracia y la paz desde la Séptima Conferencia (1979), el hecho de que la guerra se haya llevado hasta su límite –lo que se evidencia sobre todo en la toma del Palacio de Justicia–, debates internos sobre los riesgos del autoritarismo de la organización, la disminución política y militar luego de la toma, fisuras en la dirección interna y replanteamiento estratégico como apuesta por la vida. En cuanto a las causas estructurales, encontramos la imposibilidad del gobierno de tener una guerra paralela con el Eme y el narcotráfico, el cansancio social con la guerra, la necesidad de modernizar el Estado, los límites que el Eme percibía en el proceso de unidad guerrillera y el tránsito en América Latina hacia la democracia.

En conclusión, este Proceso de Paz transformó la historia reciente Colombia, pues no solo finalizó la participación armada del Eme transformándola en un partido político, sino que posibilitó ampliar el alcance de la participación política, que se veía tan limitada por la reducción de la Constitución de 1886, que sirvió de modelo a otros procesos nacionales e internacionales.

 

Proceso de paz FMLN

En la década de los 80 la violencia a causa de la guerra seguía en aumento en El Salvador. Tanto así que las acciones militares del FMLN y del Ejército tuvieron su cúspide hasta 1989, año en el que ambos bandos se dieron cuenta de que existía un empate militar que se fundamentaba en que las acciones que realizaran tanto el grupo guerrillero como la autoridad gubernamental no iban a hacer que terminase el conflicto armado y mucho menos acabar con el contrincante. Por esta razón, las partes buscaron una salida desde el diálogo y la Organización de las Naciones Unidas serviría como apoyo para dicho proceso.

Luego de los acuerdos de Ginebra del 4 de abril de 1990, era necesario establecer una primera ronda de negociaciones. Para ello se destinó la ciudad de Caracas, al ser Venezuela uno de los países amigos del proceso. Allí se pactó la agenda, cuyo objetivo principal era lograr acuerdos que condujeran a la finalización del conflicto y los cuales serían verificados por la Organización de las Naciones Unidas. La primera parte de los acuerdos políticos pactados se enfocaron en ocho temas: las fuerzas armadas; los Derechos Humanos; la reforma al Sistema Judicial; las reformas al Sistema Electoral; las reformas constitucionales; el problema económico-social del país; la reincorporación de los integrantes del FMLN a la vida civil y, por último, la verificación de las Naciones Unidas. Además, se acordaron dos fases del proceso: como primera medida, se ratificó que los acuerdos políticos que fueran pactados permitirían la finalización del conflicto armado y, como segunda medida, se establecieron las garantías necesarias para la inclusión política de la organización político militar alzada en armas al nuevo sistema democrático incluyente (Gordon, 1989).

De acuerdo con Álvarez (2011), desde junio de 1990 hasta enero de 1992 negociaron de forma permanente las partes implicadas (Gobierno y FMLN), hasta que el 16 enero de 1992 se firmó el Acuerdo de Paz. El desarme, el final del conflicto y el control de las armas fueron los principales desafíos del proceso de paz; sin embargo, otros aspectos se venían a unir a este complejo y delicado proceso. Dentro de ellos se debe incluir la resistencia a transferir la tierra y a legalizar las ocupaciones, como consecuencia de territorios y zonas que otrora fueran dominados por el FMLN.

Junto al tema de las tierras se sumó el tema de las violaciones a los Derechos Humanos, ya que, una vez terminada de manera oficial la guerra, la violencia persistió. Esta se expresó, en su gran mayoría, en la delincuencia y los asesinatos. A partir de 1993, cuando el Frente ya había entregado sus armas y se había desmovilizado en su totalidad, este factor de violencia e inseguridad amenazaba al proceso en sí mismo. Afortunadamente, los ex militantes del Frente dieron señales de madurez frente a los compromisos adquiridos y evitaron reincidir en los antiguos escenarios de violencia.

 

Caminos hacia la democratización

Como pudimos analizar las guerrillas del M-19 y el FMLN vieron en los procesos de paz un camino hacia la democratización, por lo que decidieron dejar las armas. Pero, mientras la primera lo hizo en medio de diversos intentos fallidos, en el territorio nacional y en medio de una visión deslegitimada de su lucha, la segunda lo hizo en instancias internacionales, fue más pragmática en sus procesos de negociación, aunque este contrajo el problema agrario que la primera no enfrentó, pues era una guerrilla urbana.

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: LA LUCHA SIN ARMAS

Ni el M-19 ni el FMLN se propusieron abandonar la lucha de transformación estatal; más bien, hubo un cambio de estrategia, pues se trataba de hacer una lucha dentro de lo legal, lo que equivalía llevar sus ideales al sistema de partidos.

 

Alianza Democrática M-19

La Alianza Democrática M-19 (de ahora en adelante AD-M-19) fue el nombre del partido con el que el Eme consolidó políticamente el paso de guerrilleros a ciudadanos; en búsqueda de dar continuidad a su proyecto político, referido a ampliar el alcance de la democracia en una Colombia equitativa, justa y en paz. Ahora bien, pasar de poco más de 20 años de lucha clandestina a integrar un sistema de partidos, nos lleva a preguntarnos si el AD-M-19 estaba preparado para dar dicho paso. Para dar respuesta al anterior cuestionamiento presentaremos una corta reseña del partido y un breve análisis de su declive.

El M-19 se desmovilizó el 9 de marzo de 1990 y, en conjunto con la Acción Nacionalista por la Paz, dos días después ya estaba participando en elecciones por la alcaldía de Bogotá, obteniendo, tal y como lo precisan Patiño Hormanza, Grabe Loewenherz y García-Durán (2009), un memorable tercer lugar con 70.901 votos a favor de Carlos Pizarro, correspondiente a un 7,8 % de la votación total, y más de 120.000 votos para cargos diversos.

El 2 de abril de 1990, según lo refiere Lizarazo (2016), se hizo la conformación oficial del partido AD-M-19, en el que hubo participación de exguerrilleros y de otros sectores políticos. En el mes de mayo, y tras la significativa votación que obtuvo Carlos Pizarro, empezó su campaña por la presidencia, pero en menos de dos meses fue asesinado, lo que afloró el miedo en los desmovilizados, teniendo como precedente el exterminio de la Unión Patriótica; sin embargo, Antonio Navarro calmó las ansias, explicando que el asesinato se había dado más por ser Pizarro candidato que exguerrillero. Navarro, entonces, heredó la candidatura, en cuyas elecciones obtuvo el 12,5 % de la votación total, y el movimiento se mantuvo dentro del proceso de paz.

Como puede observarse, el inicio del AD-M-19 estuvo marcado por logros y avances significativos, y contó con un alto respaldo de la opinión pública y un alto nivel de apoyo popular; lo que, desde la percepción de Valero (2010), respondió a las circunstancias del país que pedía democratización. Tanto así que, afirman Patiño Hormanza, Grabe Loewenherz y García-Durán (2009), en los comicios para elegir los constituyentes, el 9 de diciembre de 1990, el partido fue el segundo con mayor participación, luego del Liberal, alcanzando 19 asientos de 70 que eran en total, con el 27,3 % de los sufragios y logró, además, que Antonio Navarro fuese uno de los presidentes de la Asamblea. También se destacó el nombramiento de Otty Patiño en la Comisión Asesora de Orden Público y de Antonio Navarro como Ministro de Salud, en 1991.

No obstante, la popularidad del AD-M-19 empezó a caer en 1994, como nos lo muestra Grabe (2010), cuando en las elecciones al Congreso y a la Presidencia obtuvo sólo alrededor del 3 % de la votación total, panorama que se mantuvo en las elecciones regionales, hasta que, en 1998, tras no poder competir electoralmente, se disolvió.

En cuanto a las razones de la disolución, para Medina (2020) el partido se vio enfrentado a una serie de situaciones que no supo tramitar, como la falta de liderazgo interno, la cantidad de votaciones a muy corto tiempo y la poca preparación y disposición programática en el desarrollo de las campañas electorales. En este sentido, en la transición de movimiento guerrillero a partido político faltó una consolidación más estructural, que les permitiera actuar como colectividad dentro del sistema, donde no vale solo contar con el voto de opinión, sino que tiene unas incrustaciones propias del clientelismo y de la máquina electoral.

A su vez, para Valero (2010), el AD-M-19 fue un partido de tercera fuerza, por actuar con independencia respecto de los grupos tradicionales que, por sus limitaciones e inexperiencia en el espacio político-partidista, sus bajos niveles de institucionalización y de relaciones clientelares y su insuficiencia interna, fracasó prontamente.

A lo anterior se le suma el que en los noventa entrasen dineros del narcotráfico a financiar campañas electorales. Precisamente, resaltamos con Valero (2010), que las únicas fuentes de financiación del AD-M-19 fueron las partidas aportadas por el Estado Colombiano a los partidos y los aportes del grupo parlamentario, las cuales resultaron ser sumamente limitadas a la hora de garantizar regularidad y estabilidad competitiva.

 

Transformación en partido político: el caso del FMLN

Poco después de los Acuerdos de Paz, el FMLN recibió el reconocimiento legal como partido político. Esta nueva realidad repercutió en el comportamiento de los movimientos sociales, que aprovecharon la presencia de un aliado dentro del sistema político (el FMLN), una disminución relativa en la represión por parte de la recién creada Policía Nacional Civil, el desmantelamiento de las antiguas fuerzas de seguridad como la Guardia de Hacienda, Policía Nacional y la Guardia Nacional, notorias por la represión que ejercieron en el pasado. Además, la democratización y la embestida de la reestructuración neoliberal marcaron el contexto del FMLN como partido político y mantuvieron unidos a sus miembros mientras se convertía en el partido de oposición más importante del fin de la guerra civil. Aunque estas fuerzas se demoraron en converger y producir la alianza estratégica entre los movimientos sociales y el FMLN de finales de 1990 y principios de 2000, finalmente ello llevó al triunfo del partido de izquierda en las elecciones presidenciales de marzo de 2009.

Artiga-González (2008) describe las características de los miembros del partido de la siguiente forma: “de los 145 fundadores 96 tenían menos de 39 años, 95 eran del área metropolitana, muchos de ellos con estudios universitarios en contraste con los de extracción obrera apenas nueve. En general, entre los fundadores del FMLN predominaban miembros provenientes de sectores medios” (p. 159). Además, la mayoría de los simpatizantes y colaboradores se encontraban en el área rural y la participación de la mujer era elevada dentro de las filas de la guerrilla, lo cual hizo que cuando se transformó en partido político mantuviera las bases sociales que había ganado durante la guerra contra la dictadura y obtuviera un mayor número de simpatizantes en el área metropolitana una vez firmado el acuerdo de paz.

En la década de 1990, el FMLN se encontraba en un proceso de transición para constituirse como una importante fuerza electoral. Formado históricamente por una difícil coalición de cinco facciones de izquierda, también sufrió divisiones internas sobre temas como su ideología, plataformas políticas, programas y políticas públicas en el contexto posterior a la guerra fría. Estos conflictos internos estallaron a finales de 1994, cuando siete legisladores dejaron el FMLN, junto con dos de los cinco partidos fundadores la Resistencia Nacional (RN) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (Zamora, 1998). Las bases de estos partidos disidentes permanecieron en las filas del FMLN o regresaron como simpatizantes. Por lo tanto, en la primera mitad del decenio de 1990 el FMLN luchó para superar las divisiones internas hasta convertirse en uno de los principales partidos de oposición en el sistema de partidos salvadoreño (Moreno, 2016).

Ahora bien, de acuerdo con Oñate Madrazo (2009), las diferentes elecciones en las que el partido participó desde 1994 le habían permitido acumular un caudal electoral nada despreciable, suficiente para tener un peso importante en la Asamblea Legislativa y para controlar un número significativo de alcaldías, pero insuficiente para acceder a la Presidencia. La elección de 2009 era una prueba de fuego para el partido, pues tenía que enfrentar el dilema de continuar siendo segundo –permitiendo que la ARENA gobernara por un quinto periodo consecutivo– o prepararse a fondo para llegar a la Presidencia de la República.

Desde el 2000, con el mandato de Francisco Flores (1999-2004), las condiciones del país, sin haber cambiado sustancialmente para abrir las puertas automáticamente al arribo de un gobierno de izquierda, se habían deteriorado de manera sensible en lo económico y social, lo que golpeó con severidad a las clases medias. Bajo el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009) esas condiciones empeoraron. Con una propuesta política creativa, era posible prever que el FMLN podría sumar a su caudal electoral firme los votos adicionales para ser el ganador en las elecciones de 2009, no solo por un castigo a la ARENA, sino por presentar una propuesta que positivamente fuera aceptada por sectores sociales que hasta entonces habían rechazado el proyecto de izquierda representado por el FMLN.

 

CONCLUSIONES

Las guerrillas del M-19 y el FMLN presentan varias semejanzas y diferencias en su desarrollo histórico, desmovilización y organización partidista; las cuales, hemos sintetizado en el siguiente cuadro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fuente: Elaboración propia

 

De tal modo, el marco histórico en el que nacieron las guerrillas del M-19 en Colombia y el FMLN en El Salvador está permeado por condiciones similares tales como la ausencia de mecanismos institucionales de participación que permitan al opositor o al contrario participar democráticamente en los sistemas políticos de ambos países. En este sentido, son contextos en los que reina la exclusión política, se cierra la posibilidad a la emergencia de nuevas fuerzas de participación electoral y se concentra el poder, en el caso de El Salvador bajo el autoritarismo militar, mientras que en el caso colombiano en las hegemonías liberal y conservadora.

Ahora bien, dentro de los elementos comunes en la estructura e historia de las guerrillas objeto de estudio está su afiliación a los sectores populares, el propósito por lograr una transformación social y su intención por trastocar el marco institucional. En cuanto a lo diverso vemos que surgen en épocas diferentes, dado que el Eme nació en los setenta y el FMLN en los ochenta. Además, las fuentes de financiación son diversas, ya que el primero sólo tiene los secuestros y algunos actos delictivos como mecanismos de obtención de recursos que son muy limitados, y el segundo cuenta con una amplia financiación autónoma y con grandes ayudas internacionales. Además, encontramos que el Eme cuenta con seguidores y ayudantes en el sector urbano, mientras que el FMLN lo hace en lo rural. Por otro lado, las acciones del Eme buscaban ser más simbólicas y las del FMLN tendían a ser más contundentes desde la acción subversiva. Por último, mientras que el Eme se separa ideológicamente del resto de las guerrillas colombianas, el FMLN se convirtió en el punto de convergencia de diversos proyectos guerrilleros.

Por otro lado, los procesos de paz desarrollados con ambas guerrillas tuvieron elementos comunes. En primer lugar, se destaca que en ambos casos se llegó a una finalización negociada del conflicto. En ambos casos, durante las negociaciones, se puso sobre la mesa asuntos como: la participación política, el sector agrario, la seguridad de los desmovilizados, el fortalecimiento de la democracia institucional y las reformas constitucionales a las que dieron pie; todo lo cual nos lleva a afirmar que ambos procesos fueron exitosos. Sin embargo, en el proceso de paz llevado a cabo entre el FMLN y el gobierno, se trató un tema crucial para el posconflicto: el desmantelamiento de las antiguas fuerzas de seguridad como la Guardia de Hacienda, la Policía Nacional y la Guardia Nacional, que se encargaron de la represión sistemática ejercida en el pasado.

De tal modo, aunque el FMLN presentó dificultades organizativas al realizar su transición de guerrilla a partido político, finalmente logró afrontar estas dificultades y mejorar su desempeño electoral al contar con votos de sectores más moderados, y contar con garantías en su obrar político. Mientras que el AD-M-19 se presentó a elecciones, incluso antes de finalizar el proceso de paz, contando con un apoyo popular muy fuerte en su inicio, pero fracasó prontamente y tuvo que enfrentar circunstancias de violencia e inexperiencia y el bloqueo por parte de los partidos tradicionales a las terceras fuerzas.

En cuanto a la estructura organizativa de las guerrillas que se convierten en partidos, ambas guerrillas tuvieron que abandonar su férrea postura a favor de la toma violenta del poder, a medida que la coyuntura política se fue transformando, para entrar al sistema y conseguir aliados democráticamente, lo que implicó para el FMLN un cambio ideológico, ya que pasaron del socialismo a la democracia.

Por último, concluimos que lo más importante no es si las guerrillas cuentan con divisiones en el momento de estar en armas, sino su capacidad para afrontar el proceso de transición a partido político y lograr una cohesión al incursionar en la vida política para tener resultados positivos en los comicios, lo que sí es logrado por el FMLN, pero no por el M-19.

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[1] Politóloga por la Universidad de Antioquia. Miembro del semillero América Latina en perspectiva comparada adscrito al grupo de investigación de gobierno y asuntos públicos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la misma universidad.

E-mail: [email protected] / [email protected]

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-7202-0244

[2] Licenciada en filosofía y politóloga, ambas titulaciones de la Universidad de Antioquia. Actualmente cursa el doctorado en historia en la Universidad de la Plata.

E-mail: [email protected]

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-7756-1357

[3] Que, desde el plano formal, busca garantizar una pertenencia a la nación.

[4] Es decir, que los individuos tengan la posibilidad de acceder al poder.

[5] En el Frente Nacional, como bien lo resalta Bushnell (1996), fue una alternancia en el poder de liberales y conservadores; no obstante, era posible que candidatos de otros partidos o movimientos llegaran a las candidaturas utilizando el nombre de los partidos tradicionales, como es el caso de Rojas Pinilla con la ANAPO, partido político fundado y dirigido por Pinilla.

[6] Dicho estatuto tenía como baluarte el eliminar el actuar del enemigo interno a través de la acción bélica, lo que llevó a un fuerte recrudecimiento del conflicto armado colombiano, por lo que fue blanco de críticas de diversos defensores de los Derechos Humanos (Bushnell, 1996).

[7] Donde se sustrajeron las 5.700 armas de un depósito del ejército, acción también conocida como Operación Ballena Azul.

[8] Una serie de acciones militares, con las que se buscaba promocionar la paz, levantar el Estado de Sitio, derogar el Estatuto de Seguridad y promover un diálogo nacional.

[9] El concepto “articulación de los fines” refiere, según Panebianco (1995), a aquellos casos en que los fines oficiales de una organización política no son abandonados, sino que son adaptados a las exigencias organizativas. Según este autor, a lo largo de este proceso de articulación, los fines oficiales se hacen más vagos e imprecisos. Ello va acompañado de una transformación de su ideología que pasa de ser “manifiesta”, con objetivos coherentes y explícitos, a “latente”, con objetivos implícitos y contradictorios.

[10] Tras la firma de la paz, la “revolución democrática”, sería el objetivo de las organizaciones que a finales de los ochenta se encontraban más cerca de la socialdemocracia que del marxismo-leninismo: la RN y el ERP. Para amplios sectores dentro de los otros tres grupos, sin embargo, la desmilitarización y la realización de reformas dentro de la democracia eran una etapa dentro de una transformación con un horizonte socialista. Por tanto, lo negociado en los acuerdos fue aceptable para las cinco organizaciones al asumir que la victoria militar era imposible. Pero las diferencias emergieron cuando en la posguerra se hizo necesario definir ideológicamente a un FMLN convertido en partido político (Álvarez, 2011).

[11] La Iglesia Católica fue reconocida dentro del proceso como su tutora moral.