HACIA UN PODER LEGISLATIVO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO. DESAFÍOS EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA[1]
TOWARDS A LEGISLATIVE POWER WITH GENDER PERSPECTIVE.
CHALLENGES IN THE CITY OF BAHÍA BLANCA
RUMO
A UM PODER LEGISLATIVO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DESAFIOS NA CIDADE DE BAHIA
BLANCA
DG.
Victoria Rodríguez
(Investigadora
independiente, Argentina)[2]
Med.
Florencia Rocio Rapaporte
(Investigadora
independiente, Argentina)[3]
Fecha de recepción: 29 de febrero de 2024
Fecha de aceptación: 26 de mayo de 2024
Creative
Commons 4.0
Cómo
citar: Rodríguez, V. y Rapaporte, F. R. (2024).
Hacia un poder legislativo con perspectiva de género. Desafíos en la ciudad de
Bahía Blanca. Revista Pares - Ciencias Sociales,
4(1), 103-124.
ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark://ekd4kaq8v
Resumen
La perspectiva de género es una forma
de identificar, visibilizar y transformar las desigualdades y violencias que se
ejercen en función del género. Esta nos invita a pensar el impacto diferencial
que tienen para varones, mujeres y disidencias, las acciones y políticas
públicas que llevamos adelante. El objetivo de este trabajo fue analizar la
perspectiva de género en los proyectos presentados en el Honorable Concejo
Deliberante (HCD) de Bahía Blanca durante los períodos legislativos
comprendidos entre 2019 y 2022 inclusive. A tal efecto, relevamos todos los
proyectos publicados en la página del HCD de la ciudad y realizamos un análisis
cuantitativo y cualitativo. Clasificamos los proyectos según la temática y/o
brecha de desigualdad sobre la que impactaban: brechas de ingresos y empleo;
transversalización de la perspectiva de género; salud, soberanía física y
reproductiva; erradicación de las violencias por motivos de género; brecha de
tiempos y cuidados; pedidos de informes y reconocimientos simbólicos. Desarrollamos
un ponderador respecto de su “potencialidad de transformación” y los
clasificamos en las categorías alta,
media y baja. Los resultados obtenidos muestran que solo el 13,5 % de
los proyectos presentados tienen perspectiva de género, con predominio de las
propuestas de Baja intensidad de transformación.
Palabras clave: perspectiva de género, legislación,
brechas de desigualdad, Bahía Blanca
Abstract
The gender perspective is a way to identify, make
visible, and transform the inequalities and violence that are exercised based
on gender. This invites us to think about the differential impact of the
actions and public policies that we carry out on men, women, and dissidents.
The objective of this work was to analyze the gender perspective in the projects
presented in the Honorable Deliberative Council of Bahía Blanca during the
legislative periods between 2019 and 2022 inclusive. To this end, we surveyed
all the projects published on the city's HCD page and conducted a
systematization, quantitative and qualitative analysis. We classified the
projects according to the theme and/or inequality gap on which they impact:
income and employment gaps; mainstreaming of the gender perspective; health,
physical, and reproductive sovereignty; eradication of gender-based violence;
time and care gap; requests for reports, and symbolic recognitions. We
developed a weighting regarding their “transformation potential”, and
classified them into high, medium and low categories. The results obtained
showed that only 13.5 % of the projects presented have a gender
perspective, with a predominance of proposals with low transformation
intensity.
Keywords: gender
perspective, legislation, inequality gaps, Bahía Blanca
Resumo
A
perspectiva de gênero é uma forma de identificar, visibilizar e transformar as
desigualdades e violências, que são exercidas com base no gênero. Isso convida
a pensar no impacto diferencial que as ações e políticas públicas que são
feitas têm para homens, mulheres e dissidentes. O objetivo deste trabalho foi
descrever a perspectiva de gênero nos projetos apresentados no Honorável
Conselho Deliberativo (HCD) de Bahía Blanca durante as legislaturas de 2019 até
2022. Para isso, fizemos um levantamento de todos os projetos publicados na
página do HCD da cidade e realizamos uma sistematização e análise quantitativa
e qualitativa. Classificamos os projetos de acordo com o tema e/ou indicador de
desigualdade sobre a qual impactam: índice de renda e emprego; integração da
perspectiva de género; saúde, soberania física e reprodutiva; erradicação da
violência baseada no gênero; brecha de tempos e cuidados; pedidos de relatórios
e reconhecimentos simbólicos. Desenvolvemos uma ponderação quanto ao seu
“potencial de transformação” e os classificamos em categorias alto, médio e
baixo. Os resultados obtidos mostram que apenas 13,5 % dos projetos
apresentados têm uma perspectiva de gênero, predominando propostas com baixa
intensidade de transformação.
Palavras-chave: perspectiva de gênero, legislação,
brechas de desigualdade, Bahía Blanca
Introducción
Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de
la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra
cualquier grupo. Para analizar la posible “justicia” de leyes y políticas
públicas en el caso de mujeres y diversidades, debemos recurrir a la
perspectiva de género. Las iniciativas que contienen perspectiva de género
desde los Estados, y de los diferentes poderes del mismo, responden a la
necesidad de tomar medidas concretas en pos de erradicar las múltiples
desigualdades que aún subordinan a este grupo que constituye, nada menos, que
la mitad de la población. Estas discriminaciones son sostenidas y reproducidas
por las instituciones y la cultura misma a través de múltiples costumbres y
prácticas sociales
(Batthyány, 2022).
Al mismo tiempo, la supremacía de lo masculino se manifiesta
en formas específicas de estatus cuyas consecuencias más graves son las
violencias por razones de género. Por lo tanto, para su eliminación, se
requieren no solo medidas de reconocimiento y redistribución de recursos, sino
que es indispensable la construcción de nuevos patrones que cuestionen y
transformen las prácticas que reproducen estas normas androcentristas
dominantes (Benavente y Valdés, 2014).
Si no se consideran las desigualdades estructurales entre
varones, mujeres y LGBTIQ+, estas pueden reproducirse o incluso reforzarse en
las políticas públicas, los programas y la asignación de recursos. Es por ello
que realizamos el presente estudio, teniendo en cuenta que la neutralidad de
género en los proyectos, no beneficia a toda la comunidad sin distinción de
género, dado que, en nuestra sociedad, “ser mujer, lesbiana, trans o travesti
es un factor de desigualdad y de riesgo que conlleva una menor autonomía
económica y física, menor participación en la toma de decisiones y un desigual
acceso a derechos básicos” (Min. de Hacienda y Finanzas, 2023).
En el mismo sentido, no es posible gobernar ni impulsar una
administración pública con justicia social simplemente valiéndose de normativa
jurídica que consagre en el papel la igualdad entre varones, mujeres y
diversidades; se necesitan medidas proactivas, afirmativas, que detecten y
corrijan los persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las mujeres y
disidencias en desventaja frente a los hombres (Lamas, 1995). Por ello y para
ello, es indispensable la aplicación de la perspectiva de género.
Tal como sostiene Quintana Medina (2021), el género en sí
mismo constituye un eje de desigualdad estructural y transversal que contiene
múltiples desigualdades. Incorporar la perspectiva de género implica, entonces,
incluir sistemáticamente estas instancias de discriminación visibilizándolas,
identificando los factores que las generan y proponiendo estrategias para
reducirlas con el objetivo final de su erradicación.
Esta perspectiva metodológica, teórica y práctica, es
producto de la lucha de los colectivos y espacios feministas, que han ido
integrando la participación de las mujeres y disidencias dentro de los
mecanismos políticos, garantizando espacios de representación, para, desde
allí, transformar la agenda pública en una con perspectiva de género.
Históricamente, en el mundo han existido hitos que abrieron
camino a repensar la participación de las mujeres en relación a la política.
Hasta mediados del siglo XX, eran incluidas en la planificación social como
parte de la unidad familiar, de grupos vulnerables y carenciados que debían ser
protegidos, o en políticas demográficas, pero nunca atendiendo a las
problemáticas como colectivo con necesidades específicas resultantes de su
condición de género (Anzorena, 2013).
A partir de la década del sesenta y aún con más fuerza a
partir de los años setenta, en América Latina hubo un importante movimiento
feminista estimulado por la segunda ola que, ya a nivel mundial, luchaba por
conseguir derechos cívicos y políticos para las mujeres (Barrancos, 2020).
En este contexto, un grupo de organizaciones de mujeres
sugirió el establecimiento del «Año Internacional de la Mujer» para 1975 y
trabajó en su realización. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyó
la iniciativa siendo la primera aproximación de un organismo mundial al reclamo
de movimientos feministas de visibilización del rol político y social de la
mujer. Este año marcó el inicio del «Decenio de la Mujer» (1975 a 1985) y de
una etapa de gran actividad en relación con la situación de las mujeres (García
y Valdivieso, 2005). Esto fue precedido en 1980 por una conferencia intermedia
realizada en Copenhague y clausurado por una tercera conferencia en Nairobi en
1985 con el fin de observar el cumplimiento de las propuestas y acuerdos
convenidos en México (Falquet, 2003).
Las evaluaciones realizadas en estas conferencias
evidenciaron que, durante la década, aumentaron las investigaciones en torno a
las mujeres, lo que permitió obtener datos que resultaron útiles para la
recomendación de políticas a los gobiernos. Sin embargo, las políticas
elaboradas no mejoraban la realidad efectiva de las mujeres de la época ya que
encontraban grandes dificultades para ser puestas en práctica, debido a la
falta de recursos, a criterios de priorización o porque eran percibidas como
amenazantes (Moser, 1995).
En la década del noventa, el movimiento feminista se
academiza e institucionaliza y, en paralelo con los encuentros de mujeres
financiados por la ONU, aumentan las iniciativas de grupos de mujeres que
luchan por su autonomía y que tienen desencuentros con los movimientos
institucionalizados en la lucha contra la implementación de las políticas de
ajuste y empobrecimiento producto de deuda externa que signan la época en la
región (García y Valdivieso, 2005).
En 1995, se lleva a cabo la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer en Beijing. Esta simboliza la consagración mundial de compromisos relativos
a los derechos de las mujeres pero, al mismo tiempo, señala las dificultades
para el logro de consensos.
A nivel latinoamericano, para fines de los noventa, se
concluye que, si bien se reconoce la importancia del rol de las mujeres en los
procesos sociales y políticos, esto no se traduce en políticas públicas que
disminuyan las brechas de género (Barrancos, 2020).
Por su parte, nuestro país ha dado importantes pasos en lo
que refiere a instalar una mirada integral sobre las condiciones de desigualdad
que profundizan las brechas de género mediante el avance de su legislación en
la temática y con la creación de órganos estatales. En 1987, mediante el
decreto 280/87, se crea la Subsecretaría de la Mujer, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Es el primer organismo institucional
de género del país con el objetivo de crear un espacio dedicado a las políticas
públicas para mujeres (MSyAS, 1994).
En 1991, el decreto 378/91 inaugura el Consejo Coordinador
de Políticas Públicas para la Mujer, dependiente de Presidencia, organismo que
luego se transforma en el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) en 1992 (decreto
1426/92). En el año 2002 se crea el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación (decreto 357/2002),
conformado por tres instrumentos de gestión entre ellos el Consejo Nacional de
la Mujer. En el 2017, el CNM, por el Decreto Presidencial n.o
698/17, se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y adquirió
el rango de Secretaría de Estado bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social. Entre otras importantes iniciativas, se lanza el Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres (MMGyD, 2020a).
En 2019, se reabre la oficina de ONU Mujeres en Argentina y
se crea, mediante el Decreto n.o 7/2019, el Ministerio de Mujeres,
Género y Diversidad (MMGyD) que amplía las incumbencias y suprime al INAM.
Asimismo, en el Compromiso de Buenos Aires en el marco de la
XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
(organizada por Comisión Económica Para América Latina y el Caribe-CEPAL y ONU
Mujeres), se acuerda:
tomar todas las
medidas necesarias y progresivas para acelerar la efectiva implementación de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de la Agenda Regional de
Género, fortaleciendo la institucionalidad y la arquitectura de igualdad de
género, a través de la jerarquización al más alto nivel de los mecanismos para
el adelanto de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género
en los diferentes niveles y poderes del Estado, mediante el incremento de la
asignación de recursos financieros, técnicos y humanos, la presupuestación con
perspectiva de género y el seguimiento y la rendición de cuentas con
participación ciudadana. (CEPAL, 2023, p. 3)
Al mismo tiempo, Argentina es uno de los países de
vanguardia en relación a la normativa en temáticas de género y diversidad. A
continuación, presentamos un breve resumen a modo de contexto:
1926 - Ley 11.357 sobre derechos civiles de la mujer
1947 - Ley 13.010 sobre el voto femenino
1968 - Ley 17.711 - Reforma parcial del Código Civil
1987 - Ley 23.515 de Divorcio Vincular
1991 - Ley 24.012 de Cupo Femenino
1994 - Ley 24.417 de Protección contra la Violencia
Familiar
2002 - Ley 25.674 de Participación femenina en los
sindicatos
2005 - Ley 26.061 de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes
2006 - Ley 26.130 - Régimen para las intervenciones
de contracepción quirúrgica
2006 - Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI)
2009 - Ley 26.485 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en los
ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales
2010 - Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario
2012 - Ley 26.743 de Identidad de Género
2012 - Ley 26.791 Modificación del Código Penal (Se
tipifica la figura de femicidio, como el asesinato a una mujer por el solo
hecho de ser mujer.)
2013 - Ley 26.862 de reproducción médicamente asistida
2017 - Ley 27.412 de Paridad de Género en ámbitos de
representación política
2018 - Ley 27.452 - Régimen de Reparación Económica
para las niñas, niños y adolescentes (Ley Brisa)
2018 - Ley 27.499 (Ley Micaela): capacitación
obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se
desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
2020 - Ley 27.610 de acceso a la interrupción
voluntaria del embarazo
2021 - Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo
Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán -
Lohana Berkins”
2021 - Decreto 476/2021 DNI no binario
Sin embargo, y a pesar de todas
estas leyes, aún persisten obstáculos estructurales que excluyen, descalifican
y discriminan a las mujeres y LGBTIQ+ que se atreven a intervenir en los
espacios de decisión política. Por lo tanto, lejos de ser opcionales, las
políticas dirigidas hacia las mujeres y diversidades deben ser una prioridad en
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.
Tal como sostiene Fassler (2007), no es suficiente con la
creciente participación de mujeres para que la perspectiva de género sea
incorporada en los programas y políticas públicas. Para ello, se requieren
cambios institucionales profundos que solo son posibles si se dispone de una
fuerte voluntad política y de los recursos necesarios para hacerlo.
En ese sentido, la Argentina se mostró plenamente
comprometida con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, adoptada en 2015 por la ONU, la que cuenta con 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas (MMGyD, 2020b). El documento La
perspectiva de género y diversidad en la implementación de la Agenda 2030 en la
Argentina 2020-2021 detalla todas las medidas y recursos destinados por
parte del Estado Nacional para eliminar las causas profundas de la
discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la
esfera pública como privada.
Para garantizar su cumplimiento, tanto los espacios de
representación política, sus instituciones y todas sus
prácticas/programas/propuestas, deberían tener entre sus objetivos, visibilizar
estas desigualdades y eliminar las desventajas que algunas personas incluso
sostienen como “naturales” mediante el desarrollo de medidas afirmativas y
proactivas para (al menos intentar) detener los mecanismos que reproducen estas
prácticas violentas y discriminatorias. Es en este sentido que, al reconocer la
heterogeneidad y diversidad, la perspectiva de género le otorga pertinencia,
eficacia y calidad a la política pública o iniciativa gubernamental
(Valdivieso, 2022, p. 83).
Dada la importancia de lo desarrollado anteriormente, el
objetivo de este trabajo fue analizar la perspectiva de género presente en los
proyectos presentados en el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Bahía
Blanca durante un período de cuatro años.
Creemos que es de vital importancia generar información
accesible para la comunidad respecto del desempeño de quienes nos representan,
como para poder analizar y decidir si efectivamente velan por nuestros
intereses. Del mismo modo, un análisis específico de la normativa vigente y
propuesta, nos permite advertir con mayor claridad cuáles son los aspectos en
los que aún se necesita trabajar, pensar y legislar para contribuir a que
nuestra ciudad devenga en un lugar más libre, seguro e inclusivo.
Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo en relación
a la perspectiva de género de los proyectos presentados en el Honorable Concejo
Deliberante (HCD) de la ciudad de Bahía Blanca durante los períodos
legislativos comprendidos entre los años 2019 y 2022 inclusive. Para entonces,
la composición de las 24 bancas totales del cuerpo correspondía a: 14 al bloque
Juntos por el Cambio, 8 al Frente de Todos y 2 a Avanza libertad. Los 24
lugares estaban representados por 14 mujeres y 10 varones, todas personas
cis-heterosexuales, sin representación del colectivo LGTBIQ+.
La información fue recopilada de la página oficial del HCD
de la ciudad. Los proyectos allí son cargados por la secretaría de cada bloque,
respectivamente, por lo que (cabe la aclaración) puede haber un pequeño margen
de error en los números totales.
Por su parte, para determinar si un proyecto contiene
perspectiva de género utilizamos una serie de preguntas incluidas en el Módulo
3 del Curso Sensibilización en presupuestos con perspectiva de género (Min. de
Hacienda y Finanzas, 2023), a saber:
El programa/actividad/ley ¿Contribuye a…
1.
redistribuir las responsabilidades familiares y tareas de cuidados, en especial
fomentando que los varones incrementen su participación?
2.
incrementar la cobertura y calidad de servicios públicos de cuidado (ej.
jardines, etc.)?
3.
reforzar o desalentar la idea preconcebida de que son las mujeres quienes
realizan tareas “feminizadas”?
4.
fomentar la inserción de las mujeres en actividades no tradicionalmente
femeninas o de varones en actividades no tradicionalmente masculinas?
5.
favorecer las condiciones laborales de poblaciones fuertemente feminizadas?
6.
reducir alguna brecha de género en el mercado laboral (¿participación/ingresos
/paredes y techos de cristal, etc.?)?
7.
fomentar para las mujeres y LGBTIQ+ procesos de terminalidad educativa o
conocimientos en oficios específicos?
8.
promover la inserción/estabilidad laboral de personas LGBTIQ+ especialmente de
las personas trans?
9.
prevenir o erradicar la violencia por razones de género?
10.
fortalecer o garantizar el acceso a derechos de salud sexual y reproductiva?
11.
mejorar el conocimiento de las mujeres y personas LGBTIQ+ sobre sus derechos?
12.
difundir contenidos relacionados con la Educación Sexual Integral?
13.
generar y difundir contenidos que ayuden a sensibilizar a la población respecto
a las desigualdades de género y la necesidad de transformarlas?
14.
transversalizar la perspectiva de género en el ámbito público, especialmente
entre agentes del estado y responsables en el diseño de políticas públicas?
Una
vez identificadas aquellas políticas que cumplían con alguna de estas
características, procedimos a identificar sobre qué brecha de desigualdad
impactaban (Min. de Hacienda y Finanzas, 2023):
Brecha de tiempos y cuidados
1. Incrementan la cobertura y calidad de servicios
públicos de cuidado.
2. Colectivizan servicios de cuidado, generando
alternativas que apunten a desfamiliarizar y desprivatizar el cuidado.
3. Redistribuyen las responsabilidades familiares y
las tareas de cuidados, en especial fomentando que los varones incrementen su
participación.
Salud, soberanía física y reproductiva
1. Difunden contenidos relacionados con la Educación
Sexual Integral.
2. Fortalecen y garantizan el acceso a derechos de
salud sexual y reproductiva.
Transversalización de la perspectiva de género
1. Promueven la institucionalización de la
perspectiva de género tanto al interior del Estado como en el territorio.
2. Transversalizan la perspectiva de género en el
ámbito público, especialmente en el diseño e implementación de políticas
públicas.
Erradicación de las violencias por motivos de género
1. Generan y difunden contenidos que ayudan a
sensibilizar a la población respecto a las desigualdades de género y la
necesidad de transformarlas.
2. Previenen y/o actúan con el objetivo de erradicar
la violencia por razones de género.
3. Garantizan el debido acceso a la justicia.
Brechas de ingresos y empleo
1. Fomentan la inserción de las mujeres en
actividades no tradicionalmente femeninas o de varones en actividades no tradicionalmente masculinas.
3. Favorecen las condiciones laborales de
actividades fuertemente feminizadas.
4. Fomentan para las mujeres y LGBTIQ+ procesos de
terminalidad educativa o conocimientos en oficios específicos.
5. Promueven la inserción/estabilidad de las mujeres
y personas del colectivo LGBTIQ+.
6. Fortalecen la autonomía económica de las mujeres
y LGBTIQ+.
A partir del análisis específico de los proyectos
seleccionados, decidimos agregar dos tipologías más que, si bien no representan
brechas de desigualdad, consideramos necesarias para catalogar todas las
acciones propuestas, a saber:
Pedido de informe
1.
Estado de situación/control de recursos.
2.
Pedido de pronta respuesta de expedientes
Reconocimiento Simbólico
1. Declaración de interés municipal.
2. Homenaje (incluye nombramiento de
espacios públicos/personalidad destacada).
Por
otra parte, consideramos que no es igual un proyecto que, por ejemplo, obliga a
todas las personas que trabajen en el Estado a capacitarse con perspectiva de
género, a un proyecto que expresa beneplácito, o manifiesta preocupación. Es
decir, si bien todas las acciones que puedan llevarse a cabo con el objetivo de
hacer una ciudad más justa e igualitaria son importantes, no todas tienen el
mismo potencial de transformación. Por ello, desarrollamos los siguientes
ponderadores respecto de su intensidad de transformación: Baja, Media y Alta.
Baja intensidad
Se trata de proyectos que, en su mayoría, remiten a un
reconocimiento simbólico. Dicho reconocimiento incluye manifestaciones de
repudio y preocupación, así como pedido de informes y control de recursos. Si
bien dentro de esta categoría hemos incluido proyectos que podrían tener un
potencial mayor, o bien impactan sobre brechas de desigualdad que revisten
importancia, como la erradicación de las violencias por motivos de género; su
ámbito y forma de aplicación es reducido o poco específico. Como puede ser el
caso del decreto de expediente HCD-447/2020 que establece la Difusión de las
líneas telefónicas 109 y 455-8762 de la Comisaría de la Mujer. El mencionado
decreto podría tener una mayor intensidad, sin embargo, esa información será
difundida solo en las transmisiones de las sesiones del HCD por lo que llegará
a pocas personas. Diferente sería si, por ejemplo, se difundiera en las boletas
de los servicios públicos llegando así a la totalidad de la población.
Media intensidad
Los proyectos de media intensidad contienen acciones que
directa o indirectamente involucran/impactan a/sobre la ciudadanía. En esta
categoría se encuentran proyectos que crean programas, que proponen la
realización de jornadas de concientización y la creación de un protocolo de
actuación ante casos de violencia de género y discriminación dentro del propio
Concejo Deliberante. Si bien también hemos incluido algunos pedidos de informes,
estos se diferencian de los catalogados de baja intensidad, porque solicitan al
poder ejecutivo que actúe en consecuencia y, de concretarse dicho pedido, la
acción a llevarse a cabo implicaría un cambio en la legislación y en la vida de
las personas que habitan la ciudad de Bahía Blanca.
Alta intensidad
Consideramos proyectos de alta intensidad de transformación
aquellos que modifican la legislación existente, ya sea creando normativa y
herramientas para una mayor inclusión, como también destinando recursos para la
erradicación de las violencias por motivos de género y la atención y contención
de sus víctimas. Lamentablemente[4],
debimos incluir pedidos de informes que solicitan la acción del Ejecutivo para
proyectos de gran importancia como, por ejemplo, el cupo laboral travesti-trans
(expediente HCD-1070/2015), la reparación de hogares de protección (expediente
HCD-186/2020) y la jerarquización del área de políticas de género (expediente
HCD-158/2022).
Por último, investigamos el estado legislativo de los
proyectos, refiriéndonos con ello al recorrido que debe hacer un proyecto desde
que es presentado, hasta que es aprobado, archivado, implementado o lo que sea
que se determine en el recinto, y los clasificamos en 4 categorías, a saber:
En tratamiento refiere a proyectos que fueron
presentados pero que no fueron sancionados al cierre del período legislativo
2022; Archivado quiere decir que
perdieron estado parlamentario o fueron retirados por presidencia; Sancionado aplicado/Respondido
refiere a proyectos que fueron sancionados e implementados o respondidos en
caso de ser pedidos de informes (o similares); y, por último, Sancionado no aplicado/Respondido, esto
puede ser por estar en alguna comisión o secretaría esperando implementación, o
bien respuesta.
Resultados
La totalidad de proyectos que figuran presentados como autores/as en el período
2019/2022 inclusive fue 804: Bloque Avanza Libertad presentó 34 proyectos,
Bloque Juntos por el Cambio 305 y el Bloque del Frente de Todos 465 (Figura 1).
Figura 1. Proyectos presentados por Bloque
(2019/2022)
Fuente:
Elaboración propia
De estos 804 proyectos presentados, solo 109 contenían
perspectiva de género en alguna instancia de la misma (en este recuento,
incluimos también los proyectos presentados como Bloque, es decir que no
aparece en la categoría autor/a, sino como coautor/a) (Figura 2).
Figura 2. Proyectos presentados con perspectiva
de género (2019-2022)
Fuente:
elaboración propia.
A su vez, de los 109 proyectos seleccionados, las personas
que ocupaban el rol de concejales del Frente de Todos presentaron 93, quienes
pertenecían a Juntos por el Cambio solo 16 de ellos, mientras que el Bloque
Avanza Libertad no presentó ninguno (Figura 3).
Figura 3. Proyectos con PG por Bloque (2019-2022)
Fuente: elaboración propia.
Respecto de las brechas de desigualdad
en la que impactaban dichos proyectos, o bien, su tipología, es necesario
aclarar que varios de ellos entraban en más de una categoría. De todas maneras,
fue posible hacer una caracterización de los mismos: 15 abordaban las Brechas
de Ingresos y empleo; 30 referían a la Transversalización de la perspectiva de
género; 18 trataban de Salud, soberanía física y reproductiva; 43 acerca de la
Erradicación de las violencias por motivos de género; solo 1 proyecto abordaba
muy tímidamente la Brecha de tiempos y cuidados; 16 eran Pedidos de informes y
35 constituían Reconocimientos Simbólicos (Figura 4).
Figura 4. Clasificación de los proyectos con
perspectiva de género
En cuanto a las intensidades de los proyectos con
perspectiva de género, 67 de ellos resultaron de Baja Intensidad, 12 de Media
Intensidad y 30 de Alta Intensidad (Figura 5).
Figura 5. Proyectos según intensidad de
transformación
Fuente:
elaboración propia.
En consecuencia, al desagregar las intensidades según su
brecha de desigualdad/ámbito de aplicación, pudimos confirmar que, a excepción
de las categorías Brecha de Ingresos y empleo y Transversalización de la
perspectiva de género la mayoría de los proyectos presentados para todas las
tipologías establecidas eran de Baja intensidad de transformación (Figura 6).
Figura 6. Proyectos por brecha e intensidad de
transformación
Fuente:
elaboración propia.
Por otro lado, al investigar sobre el
estado legislativo de estos proyectos, advertimos que al cierre del período
legislativo 2022: 27 de ellos se encontraban aún En tratamiento, 6 habían perdido estado parlamentario o fueron
retirados por presidencia (Archivado);
55 proyectos fueron sancionados e implementados o respondidos en caso de ser
pedidos de informes o similares (Sancionado aplicado/Respondido);
y, por último, en la categoría Sancionado
no aplicado/Respondido detectamos 21, esto puede ser por estar todavía en
alguna comisión o secretaría esperando implementación, o bien respuesta.
(Figura 7).
Figura 7. Estado legislativo a diciembre 2022
Fuente:
elaboración propia.
Al analizar los diferentes estados
legislativos según su intensidad de transformación (Figuras 8, 9, 10 y 11),
pudimos concluir que aquellos proyectos de Alta intensidad de transformación
presentaban un bajo porcentaje de efectividad (sanción / aplicación / respuesta)
y por el contrario, estaban presentes en gran cantidad en las categorías de
Sancionado no aplicado / Respondido y En tratamiento (es decir, que no
consiguieron completar el recorrido necesario para cumplir su objetivo o bien
convertirse en ley). Al mismo tiempo, fue posible afirmar que los proyectos de Baja
intensidad de transformación fueron los que presentaron un mayor porcentaje de
resolución.
Figura 8. Proyectos en tratamiento según intensidad
de transformación.
Fuente:
elaboración propia
Figura 9.
Proyectos archivados según intensidad de transformación.
Fuente:
elaboración propia.
Por último, vale la pena mencionar que, de los 15 proyectos
que impactaban sobre la Brecha de Ingresos y empleo, solo seis fueron
sancionados, aunque tres de ellos seguían en diferentes comisiones. De los 30
proyectos que trataban la Transversalización de la perspectiva de género, 17
fueron sancionados, sin embargo, 7 de ellos seguían en comisiones. 18 proyectos
sobre Salud, soberanía física y reproductiva fueron relevados y si bien 15 de
ellos fueron sancionados y solo 1 permanecía en comisión, observamos que el
72,2 % (13 de 18) eran de Baja intensidad de transformación. De los 44
proyectos que trabajaban para lograr la erradicación de las violencias por
motivos de género, 28 fueron sancionados y de ellos, 6 continuaban en
comisiones.
Figura 10.
Proyectos sancionados aplicados/respondidos según intensidad de transformación.
Fuente:
elaboración propia.
Discusión
El sistema de gobierno argentino es una democracia
representativa, republicana y federal, regulado por la Constitución vigente.
“Representativa” significa que el pueblo gobierna por medio de representantes
que elige por el voto; “republicana” refiere a que está basada en la división,
control y equilibrio entre los 3 poderes del Estado: el poder legislativo (hace
las leyes); el poder ejecutivo (ejecuta las leyes); el poder judicial
(interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias). Y el
hecho de que sea “federal” permite que convivan dos clases de gobiernos, los
gobiernos provinciales (ya que cada provincia se gobierna a sí misma) y el
gobierno federal, que abarca todo el territorio de la Nación. Este sistema
permite el control y cooperación entre ambos.
Figura 11.
Proyectos sancionados no aplicados/respondidos según intensidad de
transformación.
Fuente:
elaboración propia.
Esto
resulta relevante porque, si bien en este trabajo nos centramos en el poder
legislativo, necesariamente todos y cada uno de los poderes del Estado deberían
comprometerse e incorporar la perspectiva de género. Si esto no sucede, las
leyes pierden fuerza de transformación.
En lo que respecta al análisis específico del presente
informe, podemos comenzar mencionando que, si bien existía paridad en la
conformación del HCD de Bahía Blanca, no había representantes del colectivo LGBTIQ+,
hecho que se vio reflejado en los pocos proyectos que contemplaban las
múltiples problemáticas que tienen estas personas en su cotidianeidad. En el
mismo sentido, advertimos con preocupación que la normativa relacionada con el
cupo laboral travesti-trans, tenía 3 pedidos de ejecución y, al cierre del
período legislativo, es decir, diciembre de 2022, aún seguía en comisión. Nos
preguntamos entonces, cuál será la razón por la cual el ejecutivo local (en
funciones hasta diciembre de 2023) nunca dio respuesta a esta necesidad
convertida en derecho a través de las leyes n.o 27.636 a nivel
nacional y n.o 14.783 a nivel provincial.
A propósito de los resultados obtenidos, notamos con
preocupación que, varias iniciativas con alta intensidad de transformación, se
encontraban en tratamiento hacía más de 2 años, pudiendo haber mejorado la vida
de incontables personas en este tiempo. Esto nos permite dudar de la
efectividad misma del poder legislativo, de la formación en cuestiones de
género de las personas que conformaban el HCD o bien de su compromiso con la
lucha por la igualdad de mujeres y diversidades.
Por otro lado, resulta llamativo que, si bien está en la
agenda feminista y fuertemente comprobado que la división sexual del trabajo y
en especial, las tareas de cuidado son (sino el principal) componente de
desigualdad de oportunidades para las mujeres respecto de los varones, solo una
propuesta fue generada con el objetivo de impactar en la Brecha de tiempos y
cuidados. Este fue un pedido para que el Departamento Ejecutivo arbitre todos
los medios a su alcance para que se finalice una obra en un jardín. Desde
entonces, no se hicieron nuevas propuestas en este sentido.
A propósito de lo mencionado, queremos resaltar la necesidad
imperante de generar nuevas propuestas que contribuyan a la división algo más
equitativa de estas tareas históricamente asignadas a las mujeres. Ejemplos de
ello podrían ser programas que estimulen la co-pa/maternidad, la creación de
jardines/guarderías municipales, o bien dentro de las empresas de más de 100
personas como lo indica el Decreto 144/2022[5].
Sería extremadamente interesante y superador que el Estado sea el garante de
este derecho, principalmente para alcanzar a aquellas mujeres que no pueden
acceder a un trabajo en primer lugar porque no tienen quién las reemplace en
las tareas de cuidado.
Los reconocimientos simbólicos, si bien siempre son
bienvenidos, son proyectos de baja (casi nula) intensidad de transformación.
Lamentablemente, estas iniciativas son las que mayor efectividad tienen, medida
respecto de la posibilidad de completar el proceso legislativo. Cabe aclarar
que nos lamentamos, no por desear el no avance de estos proyectos, sino porque
creemos que sería mucho más interesante y transformador que se otorgue efectiva
sanción e implementación a propuestas con mayor capacidad de mejorar la vida
real de las personas.
Respecto de los pedidos de informes, como mencionamos
anteriormente, el 75 % de los mismos no fueron respondidos, incluso
algunos presentados en 2019, por lo que surge la duda, ¿qué sentido tienen
estos pedidos si no tienen devolución?, ¿existe alguna herramienta para
agilizar la respuesta? Ante esta situación nos permitimos proponer un Proyecto
de ordenanza de pronta respuesta a los pedidos de informe que establezca la
respuesta obligatoria dentro del mismo período legislativo.
Conclusiones
La presente investigación trae luz sobre la necesidad de
capacitación de quienes ocupan cargos de representación en materia de género y
diversidad. Está demostrado que la paridad de género y la participación
mayoritaria de mujeres no implica, necesariamente, tener/aplicar la perspectiva
de género a la hora de legislar, sin embargo, creemos que la formación
necesariamente brinda herramientas para pensar acciones concretas, políticas
públicas inclusivas y reparadoras.
Como bien sabemos, afortunadamente existen organizaciones no
gubernamentales que acercan las problemáticas de los territorios al Estado.
Reivindicamos fuertemente los espacios de encuentro, de militancia, resaltamos
el compromiso de las personas de a pie, que creen que las salidas son siempre
colectivas y principalmente la importancia de sus acciones, sin embargo,
creemos que, si bien es necesario dotar de recursos a estos grupos, de ninguna
manera los Estados pueden desentenderse. En este caso, el gobierno de la ciudad
debería funcionar como un organizador/coordinador de estas agrupaciones,
ayudando a crear un entramado que articule armoniosamente entre las
dependencias municipales y los diferentes espacios que llegan a la ciudadanía
de otra manera.
Sabemos que el patriarcado (entendido como la serie de
prácticas y costumbres que sistemáticamente ponen a las mujeres en situación de
inferioridad respecto de los hombres) nació junto al capitalismo (Federici,
2010) y que sus prácticas invisibles se aprehenden y reproducen por todas las
personas, en los ámbitos públicos y privados. Por ello es menester el
compromiso de la sociedad toda, y principalmente de las personas que ocupan
lugares de representación y/o forman parte del Estado. En este sentido,
coincidimos completamente con el reclamo de la necesidad imperante de una
reforma judicial transfeminista[6],
pues entendemos que esta tiene el objetivo de remover patrones socioculturales
y estereotipos que están inmersos en la cultura misma del poder judicial: en
jueces/juezas, en camaristas, en las secretarías, en definitiva, en quienes
tienen el poder de decidir en los distintos niveles. Es urgente y necesario que
se incorpore la conciencia de género y se erradique del poder judicial una
cultura conservadora y patriarcal que se evidencia en infinidad de fallos que
reproducen estereotipos y prácticas misóginas.
Asimismo, el poder ejecutivo podría generar e impulsar
grandes cambios no solamente al ejecutar propuestas y programas que contribuyan
a disminuir las brechas de desigualdad existentes, sino también sumando
recursos a través de la implementación de presupuestos con perspectiva de género.
Esperamos que la información recolectada sirva de guía para
crear propuestas superadoras de las dificultades observadas, no solamente del
funcionamiento (o no) de las instituciones y los procesos legislativos, sino
para que cuando las personas deciden involucrarse, el sistema político pueda
dar una respuesta apropiada que estimule y refuerce la idea de que la política
es la única manera de transformar la realidad y estar a la altura de un
movimiento feminista que es ejemplo en el mundo entero.
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