“PORQUE NO SE PUEDE”. APORÍAS DEL TRABAJO EN LA CÁRCEL

“BECAUSE IT CAN NOT BE DONE”. APORIAS OF WORK IN PRISON

“PORQUE NÃO SE PODE”. APORIAS DO TRABALHO PRISIONAL

 

Dra. Rosana Sosa

(Universidad Nacional del Centro de

la Provincia de Buenos Aires, Argentina)[1]

 

Fecha de recepción: 22 de agosto de 2023

                                                                                                                                                                                             Fecha de aceptación: 02 de octubre de 2023

Creative Commons 4.0

Cómo citar: Sosa, R. (2023). “Porque no se puede”. Aporías del trabajo en la cárcel. Revista Pares - Ciencias Sociales, 3(2), 250-274.

ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s27188582/8ziak7zpc

Resumen

Este trabajo se propone caracterizar el proceso de indagación asociado a la creación y fortalecimiento de unidades productivas en la cárcel como intervención institucional de la universidad pública argentina. El supuesto-guía es que la inscripción de tales experiencias vinculadas con las aulas universitarias tensiona tanto los sentidos nativos del trabajo en la cárcel cuanto la construcción de un sujeto improductivo que es estructurante de la eficacia simbólica de las prisiones en la región centro-bonaerense del siglo XXI. La indagación se encuadra en un análisis mayor que sistematiza el proceso generado desde la Universidad Nacional del Centro (Argentina), destinado a desarrollar unidades productivas en las cárceles bonaerenses y que implementa un conjunto de prácticas –materiales y discursivas– asociadas a los procesos autogestivos de trabajo. La investigación se funda en datos empíricos construidos en un trabajo de campo que aconteció durante el año 2021, basado en observaciones participantes, entrevistas en profundidad, aplicación de cuestionarios autoadministrados y sesiones de retroalimentación con detenidos y detenidas en cárceles del servicio penitenciario bonaerense.

Palabras claves: Universidad, Cárcel, Trabajo, Autogestión

Abstract

This work aims to characterize the inquiry process associated with the creation and strengthening of productive units in prison as an institutional intervention of the Argentine public university. The assumption-guide is that the inscription of such experiences linked to university classrooms stresses both the native senses regarding work in prison and the construction of an unproductive subject structuring the symbolic efficacy of prisons in the central region of Buenos Aires of the 21st century. The inquiry is part of a more extensive analysis that systematizes the process generated from the Universidad Nacional del Centro, Argentina aimed at developing productive units in Buenos Aires prisons and that implements a set of practices –material and discursive– associated with self-management work processes. The research is grounded on empirical data built on fieldwork that takes place during the year 2021 based on participant observations, in-depth interviews, application of self-administered questionnaires, and feedback sessions with detainees in prisons of the Buenos Aires prison service.

Keywords: University,  Prison, Work, Self-management

Resumo

Este trabalho pretende caracterizar o processo de pesquisa associado à criação e fortalecimento das unidades produtivas na prisão como uma intervenção institucional da universidade pública argentina. O pressuposto norteador é que o registro de tais experiências vinculadas às salas de aula universitárias põe em relevo tanto os sentidos nativos sobre o trabalho prisional quanto a construção de um sujeito improdutivo que estrutura a eficácia simbólica das prisões da região centro-buenairense do século XXI. A pesquisa faz parte de uma análise mais ampla que sistematiza o processo gerado pela Universidad Nacional del Centro, Argentina, voltado para o desenvolvimento das unidades produtivas nos presídios de Buenos Aires e que implementa um conjunto de práticas, materiais e discursivas, associadas a processos de trabalho autogestionários. A pesquisa é baseada em dados empíricos construídos no trabalho de campo que ocorreu durante o ano de 2021 com base em observações participantes, entrevistas em profundidade, aplicação de questionários autoaplicáveis ​​e sessões de feedback com detentos em prisões do serviço penitenciário de Buenos Aires.

Palavras chaves: Universidade, Prisão, Trabalho, Autogestão

 

Introducción

La presente indagación es parte un análisis mayor de sistematización crítica del proceso generado desde la universidad pública la Universidad Nacional del Centro, Argentina destinado a favorecer el desarrollo de unidades productivas en las cárceles y que implementa un conjunto de prácticas materiales y discursivas asociadas a los procesos autogestivos de trabajo. La investigación se funda en datos empíricos construidos en un trabajo de campo durante el año 2021, basado en observaciones participantes, entrevistas en profundidad, aplicación de cuestionarios autoadministrados y sesiones de retroalimentación con detenidos y detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Asimismo, son convocadas una sucesión de indagaciones acumuladas en la materia (Sosa et al., 2019; Sosa, 2020;  Barraza Soria et al., 2021) y testimonios incluidos en el documental La cárcel territorio de explotación laboral.

El análisis privilegia tres ejes. El primero se ocupa de la trama interinstitucional sobre la que la universidad se inscribe en la cárcel y se proyecta un proceso de creación de unidades productivas conformadas por estudiantes universitarios[2]. Luego, se examinan mecanismos de la cárcel y los modos en los que operan en la subjetivación de un estatuto del trabajo asociado a nociones de castigo y/o resocialización que cristalizan la condición de sujeto improductivo. Por último, el análisis pretende hacer aportes a la objetivación de la dimensión vivencial de las nociones de trabajo instituidas en la prisión (como beneficio, castigo o posibilidad de salida). Ambas son leídas en clave emergente de una trama parasitaria, procurando esclarecer el carácter de proceso sociocultural por sobre su condición individual, situándola como práctica encarnada.

Tales contribuciones se inscriben en la comprensión de categorías nativas, es decir, aquellas que atienden a los puntos de vista de los actores, situadas en el encierro como contexto de producción y matizadas por la interacción con acciones universitarias que buscan generar disposiciones y sentidos instituyentes.

 

La Universidad en la cárcel

La Universidad Nacional del Centro (UNICEN) es una de las siete universidades nacionales radicadas en el interior de la provincia más poblada de Argentina[3]. Fundada en 1973 y con una perspectiva regional, presenta una oferta pública de educación superior a través de once unidades académicas distribuidas en tres sedes y una sub-sede[4].

La presencia de la UNICEN en las cárceles se remonta a la década del 90 del pasado siglo XX e incluye distintas acciones formativas. No obstante esto, el trabajo sostenido se logra dos décadas después, cuando su presencia en las unidades penales incluye la continuidad en el dictado de las carreras de grado de las facultades de Ciencias Sociales, de Derecho y actividades de extensión. Acciones que se articulan desde el Programa “Universidad en la cárcel: desde la resistencia cultural” de la Secretaría de Extensión de rectorado.

En este marco, las personas detenidas en las cárceles de la región centro son incluidos en una propuesta institucional de la UNICEN que se define tanto por la ampliación del derecho a la educación superior cuanto de la cultura (en sentido amplio) de todos los habitantes de la zona centro bonaerense. La educación como derecho humano y la universidad pública como agente facilitador para su ejercicio configuran, a la vez que la perspectiva con la que la UNICEN define su intervención, un posicionamiento disruptivo frente a la “re-inserción” y la “re-socialización” del detenido que definen las políticas penitenciarias.

Las propuestas universitarias alcanzan a personas privadas de libertad con biografías disímiles, aunque con coincidencias en una procedencia mayoritaria de los departamentos judiciales del Conurbano Bonaerense y La Plata (distan entre 250 y 500 km y quintuplican la población de las ciudades en que se alojan las unidades penales) y trayectorias escolares intermitentes, tanto fuera como dentro de la prisión. Antes del ingreso a la cárcel, la escolaridad es interrumpida por las condiciones materiales de vida. Luego, la política de traslados que ejecuta el SPB[5] es lo que dificulta y retrasa la terminalidad escolar. Aun así, el ingreso a la cárcel está asociado por los detenidos a un novedoso ejercicio del derecho a la educación obligatoria[6].

Las acciones que se desarrollan desde la UNICEN abarcan las áreas de gestión, docencia y extensión, y suponen una intervención que es co-construida con los centros universitarios, motorizados por los propios detenidos, tanto en su funcionamiento como en su gestión. Durante el periodo 2018-2021, se ha avanzado en materia de investigación y producción de conocimientos acerca de los entramados de relaciones cotidianas asociados al acceso a derechos de las personas privadas de la libertad, focalizando en los derechos a la educación superior, a las artes y al trabajo.

El estudio abarca tres unidades penitenciarias localizadas en los complejos penitenciarios Centro Zona Norte[7] y Centro Zona Sur[8] de la provincia de Buenos Aires. La Unidad 52, en la que se alojan más de un centenar de mujeres detenidas en un régimen cerrado (modalidad severa y atenuada) y un régimen abierto ubicado en la ciudad de Azul desde el año 2005. Y dos unidades ubicadas en la localidad de Sierra Chica (Partido de Olavarría): la Unidad 2, creada en 1882 y habitada por más de 2000 hombres detenidos en un régimen cerrado, y la Unidad 38, que funciona desde 2003 y actualmente poblada de 900 hombres detenidos en un régimen semiabierto en pabellones de mediana y máxima seguridad.

Un enfoque cualitativo que busca una comprensión relacional, histórica y situada de las prácticas sociales y los procesos estudiados nos conducen a configurar un corpus documental que resulta de un trabajo de campo en varias etapas durante el año 2021. Una primera fase relevó información mediante cuestionarios autoadministrados con 25 detenidos con diferentes niveles de educación (primaria incompleta hasta secundaria en curso durante la detención), de los cuales 15 fueron varones, de entre 28 y 56 años, y 10, mujeres, de entre 39 y 52 años. La recolección y análisis formaron parte de una propuesta formativa y ha tenido participación de estudiantes universitarios intra y extramuros.

Una segunda etapa combinó entrevistas en profundidad, semiestructuradas y registros de observación con 11 estudiantes universitarios de las carreras de grado (cursaban materias de las carreras de grado Comunicación Social, Antropología Social o Derecho). Ocho fueron varones, de entre 26 y 51 años, y tres, mujeres, de entre 36 y 53 años. Las entrevistas fueron realizadas por el colectivo de investigadores durante agosto de 2021. Ambas fases transcurrieron  durante el periodo de tiempo de pandemia y fueron implementadas a través de un formato virtual y mediadas por la tecnología.

 

Trabajar en la cárcel: un catalizador de castigos, beneficios y otros mandatos

El modo en que el castigo se asocia al acto de corregir y de “normalizar” es el foco de atención de la obra de Michel Foucault. Entre sus preocupaciones prioriza analizar cómo quienes ejercen el poder asumen cierto “derecho a castigar” en el que se pone en acto “la defensa de la sociedad” de todos aquellos que atentan contra ella. Dicha cuestión habilita acciones destinadas a la corrección, la reforma, la cura, entre otros procedimientos que se proponen “volver bueno” al corrompido.

El castigo, de este modo, prescinde de un ejercicio directo sobre el cuerpo de los individuos y se despliega de manera sutil por la intervención de una serie de especialistas que juzgan, etiquetan y deciden sobre “aquellos a quienes se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia” (Foucault, 1992: p. 36). La sutileza con que se realiza el castigo no impide focalizar el cuerpo como objeto y destinatario de poder, cuestión que conduce a su manipulación, a su formateo o a su dominación con el objetivo de producir seres útiles. Este procedimiento de moldeamiento se materializa en el desarrollo de rasgos que priorizan la docilidad y la obediencia, asumiendo que la sumisión de los cuerpos es la condición necesaria para la construcción de cuerpos útiles.

En las prisiones bonaerenses analizadas aquí, las enunciaciones que refieren al trabajo en la cárcel presentan algunas tensiones. Por un lado, el enfoque de resocialización de las personas privadas de libertad que estructura gran parte de la narrativa de las propuestas de tratamiento del SPB tienen una orientación que deposita en el trabajo su estrategia y que, por tanto, dicen alentar y fomentar. Por otro lado, y en una inscripción más general a nivel de la discursividad social (Verón, 1987), está marcando que los presos deben trabajar para “ganarse” aquello que supone su manutención durante su reclusión.

Una tercera mirada nos ofrecen las narrativas de los propios detenidos, quienes ponen en evidencia la convivencia en sus vidas cotidianas de los antedichos sentidos más aquellos que van construyendo asociados a las prácticas que resultan de la puesta en marcha de una multiplicidad de procedimientos diseñados e implementados por la institución carcelaria de los que resultan operaciones que dificultan, obstaculizan y, finalmente, impiden el acceso para todos al trabajo. Al mismo tiempo, estas narrativas revelan diversos atravesamientos por las claves de lectura de la sociedad que promueve la universidad pública en las cárceles bonaerenses y, producto de ello, la lógica con la que éstas experiencias se incorporan, mueven, tensionan y/o transforman la subjetividad de los sujetos privados de la libertad.

En este marco, procuramos una lectura analítica desde un posicionamiento dialéctico y situacional que nos permita comprender el devenir de producciones microsociales instituidas e instituyentes (Lourau y Lapassade, 1977). En particular, la identificación de trazas (Diamant et al., 2015) –entendidas como huellas– que se inscriben en la red de experiencias que constituyen a los sujetos que, en el momento de desarrollar este estudio, estaban privados de la libertad.

 

Sujetos, experiencias y subjetividad: algunas precisiones conceptuales

“La subjetividad está esencialmente fabricada y modelada en el registro de lo social”, señalan Guattari y Rolnik (2005, p. 38). De este modo, esclarecen la inexistencia de un sujeto previo sobre el que las experiencias van influyendo, con mayor o menor intensidad. En efecto, las experiencias son dispositivos con capacidad instituyente con las que, en el marco de procesos de subjetivación (Foucault, 1990), los sujetos definen su “estar en el mundo”, con sí mismos y con el otro. Este proceso, no exento de tensiones y contradicciones, permite objetivar al sí mismo como una convergencia entre los deseos que motorizan al sujeto y el modo en que es encausado en sus acciones y aspiraciones por instituciones reguladoras. Asimismo, las experiencias por las que transitan los sujetos son el producto de la vinculación entre el hacer y el pensar y suponen, para John Dewey, una trama de nociones que han sido configuradas en experiencias previas y serán las que dotan de significado a las nuevas. De ello resulta “una visión general concreta y una determinada capacidad organizada para la acción” (Dewey, 1967).

En tal sentido, recuperamos la categoría de sujeto social propuesta por Gramsci (1986) para aludir al “conjunto de relaciones sociales” que conforman su mundo particular y su carácter histórico y específico de aquellas relaciones. En este marco, incluso cuando la cárcel es una marca insoslayable en la historia de los sujetos que ingresan a ella, y aun cuando la lógica de institución total opera en ellos y apunta a ser la experiencia definitiva, procuramos reconstruir los contextos en que se inscribe.

Una primera caracterización de quiénes son y cuáles son las prácticas en las que convergen, nos conduce, en primer término, a una identificación que exhibe, al menos, tres grupos de detenidos. El primero –del que no vamos a ocuparnos en este trabajo, atendiendo a un criterio de accesibilidad (Guber, 2004)– se menciona bajo el nombre de “población”. Su rasgo distintivo es su permanencia en los pabellones durante la totalidad de la jornada y, por ende, su desvinculación con actividades educativas y laborales. “No salen a casi nada” y “se quedan todo el día ahí” son las expresiones más usuales para describir a quienes son la abrumadora mayoría de la totalidad de los internos. Por ello, transitan lo que hemos denominado un “encierro a secas”, sin mayor tránsito por el espacio de la cárcel. Las referencias que de ellos y ellas hacen nuestros informantes (agentes educativos y penitenciarios) nos permiten distinguir entre quienes referencian  algún grado de decisión respecto de su permanencia en el encierro (“dicen que ellos no le quieren  trabajar ni estudiar al servicio”) y quienes “cayeron ahí y están viendo la manera de salir”.

Por otro lado, identificamos a quienes son parte de las acciones vinculadas al trabajo en la cárcel y significan desde allí tanto las actividades que realizan como las lógicas con que están pensadas e instrumentadas. Estos sujetos son quienes cada jornada salen del pabellón por la mañana y, aun cuando son requisados y monitoreados a través de una “pasada de lista” durante sus actividades varias veces por día, transitan los espacios que la prisión tiene destinado a “la escuela”, “los talleres” y otros espacios comunes como senderos, patios y recintos.  

Por último, al tercer grupo lo integran aquellos que pujan por ser parte de las actividades asociadas al trabajo y obtener las ventajas vinculadas a su incorporación. Es, justamente, este proceso en el que batallan para “ser parte” el que cobra significatividad para nuestro interés de acercarnos a los sentidos que tiene el trabajo para ellos.

Tipificados –a grandes trazos– los grupos de detenidos y detenidas que ha sido posible de identificar, reiteramos que nuestro interés está focalizado en los dos últimos y en los sentidos que allí se gestan asociados al trabajo. Más aún, interesa ingresar a la lógica que subyace a los mecanismos por los cuales estos agrupamientos se perfilan como tales.

 

El trabajo: significados compartidos e impuestos[9]

La problemática del trabajo en la cárcel trasciende las experiencias analizadas. Resulta ilustrativa, al respecto, la mirada de quienes conformaron en el año 2012 el Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA) con el objetivo de lograr que se respete el derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad. En este sentido, el diagnóstico que oficia de punto de partida pone en evidencia, como expresa Alejandro Palladino, Abogado, Ex Secretario Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA CABA), que

Para muchos chicos, pedir trabajo es para salir del pabellón. Hay que pensar 24 horas encerrado en un recinto (..) decis ‘por favor, sáquenme a hacer algo, lo que sea’. Ahí empieza, a veces, el servicio a aprovechar. Le dice ‘Bueno, vení a trabajar’. Y por ahí no sabe que está trabajando en negro. (A. Paladino, comunicación personal, 13 de julio de 2022)

En efecto, al preguntar por el trabajo, los detenidos responden refiriendo a “los beneficios”. Trabajar es un medio para “sumar puntos”, dicen. Resulta evidente, en el fenómeno del “trabajo en la cárcel”, que el delito que conduce al encierro de los sujetos detenidos es el sustrato omnipresente de gran parte de la organización de la vida en la cárcel y, en gran medida, del estatuto que asume el trabajo como práctica encarnada. Quienes se resisten a ella aseguran que “el trabajo en la cárcel no existe”.

Las opciones típicas que tiene un detenido de acceder a un lugar de trabajo son dos: asistir a los talleres de trabajo y a los cursos de oficios que ofrece el servicio penitenciario. Mientras que los primeros suponen una inserción real a la producción, los segundos se traducen en la promesa/posibilidad de adquirir un oficio, como señala J., de 34 años: “para la calle pero sin certificación porque eso [certificar] solo te lo da la educación”.  Ambos tienen en común que “es a cambio de nada” aunque tienen un valor asociado a “la parte judicial” ya que quienes asisten a estos talleres “aparecen en computadora del Servicio Penitenciario” donde queda asentado que “esa persona trabaja”. Esto, que suele ser requerido por quienes monitorean las causas judiciales tiene impacto en “el informe”.

Se ponderan además otras utilidades adicionales que balancean el atractivo del trabajo en la prisión. Trabajar es “ir a otro ámbito”, “salir del pabellón”, “es como una mini libertad” porque “se respira otro aire, no se habla de cosas de la cárcel y se puede ver el sol”. Esta enumeración que puntualiza diversos aspectos asociados al “transitar” termina con un atributo adicional: “y se come al mediodía”.

En la cárcel, en efecto, la causa penal o la condena judicial y, por ende, la condición de presidiario resulta ineludible para el proceso de valorización del trabajo. El impedimento de una valorización monetaria asociado a la imposibilidad de disponer de dinero parece colaborar para una subsunción del trabajo al beneficio. En virtud de ello, se construye, fortalece y cristaliza una condición del trabajo que tiene enormes implicancias, no solo para significar la tarea, sino también para la persona que trabaja.

En consecuencia, el enfoque metodológico que encuadra esta indagación asume que, atendiendo a que la noción de resocialización a través del trabajo, perteneciente al repertorio de la asistencia y tratamiento de la política de seguridad del servicio penitenciario, no ha sido una categoría utilizada por los actores de este estudio, no será tenida en cuenta. La noción de beneficio sí, en cambio, ha sido relevada como ampliamente utilizada en situaciones de la vida cotidiana. Es decir, mientras que la promoción del desarrollo social de las personas es una categoría ausente de la perspectiva nativa indagada, el beneficio es una categoría significada por los actores para representar la principal valoración que se le otorga al propio trabajo o el de otros.

 

Gestión, modelaje y producción de los sentidos del trabajo en la cárcel

Las variadas tecnologías de gobierno a partir de las cuales el poder penitenciario se ejerce y renueva comprenden un amplio abanico de acciones entre aquellas que promueven la violencia física directa y otras que apuestan a cierto sometimiento o degradación subjetiva y social. Entre estos últimos, cobran relevancia en nuestro análisis los procedimientos asociados a la gestión, modelaje y producción de los sentidos del trabajo dada su elocuencia para revelar los sentidos que subyacen al “no se puede trabajar”.

En particular, nos detendremos en el “cupo” y la “donación”, dos prácticas  que han sido registrados en campo y que presentan algunas particularidades que a continuación pretendemos describir sintéticamente y que aparecen vinculadas, según sostenemos, a la extensión del castigo a ámbitos de conformación de la subjetividad y cristalización de sujetos/cuerpos in-productivos.

 

El cupo que ordena el trabajo

En los últimos diez años la población alojada en el SPB creció un 44 %. En términos de infraestructura, el sistema tiene capacidad para alojar algo más de 25 mil personas. Sin embargo, la ocupación actual supera las 50 mil personas, registrándose un exceso del 200 %, según lo expresa el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS)[10]. Un único dato basta para graficar lo que se enuncia como “la superpoblación carcelaria” que, aun cuando no es un fenómeno particular de las cárceles bonaerenses, encuentra en este territorio dimensión y contundencia.

Derivado de ello, quienes refieren a la problemática de la superpoblación ponderan la infraestructura como el condicionante principal para programar y proyectar la cantidad de personas que habrán de estar involucradas en lo que la institución penitenciaria enuncia como la principal forma de resocialización. De modo similar a lo que ocurre con el acceso a la educación, es la escasez de recursos materiales y humanos la que determina la existencia de cupos para el acceso al trabajo y la que configura el principal argumento que legitima –objetivamente– la pequeña porción de detenidos que será incluida.

Aquí se remite con rigurosidad a una ecuación que coteja el espacio disponible y el personal penitenciario afectado por recluso, lo que determina las cantidades que asistirán a las escuelas y los talleres. Fórmula a la que parece no acudirse para establecer la dimensión de las poblaciones que habitan los pabellones. En este marco, salir de ellos cada jornada vuelve apetecible el trabajo. Las enunciaciones de quienes están detenidos resaltan que “el cupo laboral es poco” y detallan las odiseas en las que se traducen las largas “esperas” para “conseguir” un lugar para trabajar, atendiendo a lo establecido por la Ley de ejecución de la pena para acceder a libertad anticipada, salidas transitorias y/o prisión domiciliaria.

En algunos casos, el alcanzar un trabajo se exhibe como un valor positivo que indica cierto nivel de aceptación del detenido en la institución carcelaria. Pero llamativamente, en otros casos, se la considera negativamente, como un indicador de desesperación, que señala que aquella o aquel detenido lo que busca es –malogrado el ingreso al sistema educativo– una estrategia para sobrevivir al encierro a secas. En su descripción, los actores acompañan estas palabras con un relato que refiere a un cúmulo de experiencias por haber transitado el trabajo en la cárcel, que conduce a “que los compañeros no se acerquen al trabajo porque lo ven como esclavos, porque el que trabaja dentro de la cárcel no recibe ningún sueldo, simplemente trabaja para poder acceder a vivir diariamente y, si es para el Servicio Penitenciario, ni eso”, señala F., de 26 años.

La limitación del acceso y el evidente proceso de selección que ello supone configuran intersticios en los que los detenidos son conducidos a esforzarse por demostrar su valía para merecer esa oportunidad. Ser “elegidos” requiere un proceso de habilitación asociado a un conjunto de atributos prolijamente identificados por los consultados. “No cualquiera accede”. Y esa aceptación va acompañada de los requisitos que se asumen que deben cumplir: “demostrar confianza” y “una conducta excelente”. Bastan dos requisitos para poner en evidencia que quienes han estado bajo observancia por más tiempo son una primera opción y, por el contrario, “quienes recién llegaron a la unidad penal no pueden salir a trabajar” (F., de 31 años).

En este marco, el establecimiento de un cupo instaura dos mecanismos que afectan el trabajo y lo vuelven atractivo. Por un lado, el proceso de selección de un pequeño puñado de personas habilita un espacio más para el control y la observancia. Por otro, un supuesto listado de gente “en espera” permite construir sentidos que caracterizan al trabajo como “apetecible” y “codiciado”.

La explicitación que hace el personal del servicio penitenciario de los excesos de población al argumentar la introducción de una noción de cupos para el acceso a los mecanismos de resocialización es soslayada cuando los indicadores remiten a los pabellones donde las condiciones de hacinamiento no impiden el acopio de más personas.

El cupo, en efecto, pone un freno a la cantidad de personas que son susceptibles de resocialización, mas no hay un criterio similar con el alojamiento en los edificios que aumenta en cifras exponenciales y justifica la construcción de más. Estos proyectos no contemplan la posibilidad de escuelas y talleres con más dimensiones ni en más cantidades.

 

La donación que exhibe el trabajo

Salvo en aquellos casos en que los talleres producen para empresas y/o particulares mediante un acuerdo que establece un porcentaje para el propio SPB y otro para el trabajador, el único destino posible para la producción del trabajo promovido desde el Área Trabajo y desde los espacios educativos[11] es la donación. Este punto, que ya fue analizado en un trabajo anterior (Soria, 2020), sintetiza un complejo mecanismo instrumentado por la institución penitenciaria que deja en evidencia el segundo procedimiento, la donación, que la institución carcelaria impone al trabajo en la cárcel. La atribución de dar destino final a la producción del trabajo, que es previamente fijada y envestida moralmente, configura una arista más para acceder a las nociones de trabajo que revelan las subjetividades encarnadas.

La ausencia de retribución salarial a los detenidos por el trabajo que voluntariamente realizan en espacios –luego de esperar para ser seleccionados– viene asociada a la expropiación del producto del trabajo a su productor y a la sublimación de ambos elementos en una acción virtuosa consistente en ofrendarlos a instituciones carenciadas. Es frecuente ver en los medios de comunicación locales y en los medios institucionales una logística basada en el conocimiento comunitario del personal penitenciario –tanto para conseguir materia prima donada como para ceder el producto final– y completada en la publicidad mediática de la entrega de materiales altamente significativos para el desarrollo de su tarea. Producto de ello, la resocialización instrumentada por el servicio penitenciario parece no incluir instancias de aprendizaje que conduzcan a la autonomía de los detenidos para disponer de lo que se produce y darle un destino. Siendo la donación la finalidad “natural” de toda la producción, han sido recogidos en campo algunos testimonios que constituyen intentos de modificar esta unanimidad. Referimos a lo que la enunciación nativa señala como “dejar la astilla”, aludiendo a una modalidad informal, o bien formalizada en acuerdos con particulares, atribuída a determinadas autoridades carcelarias ante la solicitud de autorización de la comercialización de la producción. Según se expresa, esta venia estaría ensamblada con cierta compensación por el uso de la infraestructura y recursos –fundamentalmente humanos abocados a la enseñanza de oficios en talleres– durante la producción en la penitenciaría. Entendidos como costos de producción, ameritarían para quienes lo reclaman un resarcimiento enunciado como “astilla” o porcentaje del total de la venta. La solicitud, encuadrada más en una práctica informal que en alguna disposición y/o reglamentación formal, constituye atribuciones particulares que se ejercen en el marco de un plausible abuso de poder.   

La condición de sujeto condenado y/o procesado judicialmente, por un lado, y la eficacia de la institución carcelaria que lo conduce en el aprendizaje de la tarea, en la materialización de piezas útiles y en el desprendimiento de su producto, por otro, son los elementos estructurantes de la operación denominada “donar lo que se produce”. Aun cuando se materializa el acto que conduce a los detenidos a “pedir perdón” a la sociedad este se hace con una reparación “a cuenta” de un perdón que a todas luces debe solicitarse, aunque no esté claro cuándo se accederá a él.

 

“Desde que ingresé me dijeron que yo tenía que trabajar, estudiar, tener conducta y así poder ganar beneficios y tener buen puntaje”

La fórmula pertenece a un detenido que presta un testimonio que abarca “casi 10 años” para un video documental realizado en el marco de la carrera de comunicación social, titulado La cárcel territorio de explotación laboral. Allí se recorre un taller textil y uno metalúrgico, ambos situados en la Unidad 2. En el contexto del primero, se asegura que “no hay un rédito económico, es por vos. Es para vos”. Al respecto, también se asevera:

Yo con el trabajo logré mucho beneficio. Porque nosotros no trabajamos por la economía, por plata… porque yo al juez no le debo plata, le debo días. (..) logré beneficios y un montón de cosas: logré pasar al régimen abierto que es el beneficio más esperado. (A. Paladino, Comunicación personal)

Los portavoces de estas recomendaciones incluyen un amplio e inabarcable “acá se sabe”, “lo vamos aprendiendo” o algo más concreto: “otros compañeros que te van diciendo”. Trabajar parece ser un sendero sugerido y valorado para “retomar” el camino correcto y esto implica que no es a cambio de dinero, sino “para uno mismo”, haciendo referencia a cierta capacidad que tiene el trabajo de “arreglar” a las personas detenidas.

Los procedimientos analizados –el cupo y la donación– resultan eficientes para cierta objetivación –en su dimensión vivencial– de un estatuto del trabajo que, lejos de ser un fin en sí mismo, se convierte en un medio y que, según hemos puesto en evidencia, se configura estrechamente vinculado con su condición de detenido. El primero le permite acceder a mejores condiciones de vida durante la detención o bien ofrece variantes para capitalizar beneficios que atenúen su condena. El segundo le vehiculiza una acción reparatoria de su obrar pasado y lo involucra en una práctica bondadosa con otros que tienen necesidades similares, pero resultan merecedores porque no han infringido la ley y, por tanto, no necesitan ser curados, solo asistidos. Sin embargo, el estatuto del trabajo que promueven estas prácticas, lejos de generar experiencias que ensanchen las capacidades de los sujetos, las circunscriben a su condición de “preso”.

La indagación en la perspectiva nativa de los actores ha sido un recurso para visibilizar algunas dimensiones de la realidad social que permanecen ocultas en el decir de los individuos y que, sin embargo, resultan fundamentales para aprehender la relación social que la sostiene. En este punto resulta significativo preguntarnos acerca de la eficacia simbólica (Levi Strauss, 1977) de las prisiones en la región centro-bonaerense del siglo XXI y su relación con la construcción de un sujeto improductivo.

Así, mientras los espacios exiguos habilitan y justifican la selección de quienes serán efectivamente resocializados mediante el trabajo, la acción donativa encubre la expropiación del producto terminado. Con ello, logra resituar la eficacia simbólica del trabajo en la cárcel: una puerta de acceso a otras recompensas que re-vinculan a las personas con la condena y su condición de sujeto condenado. Tal cuestión acontece tanto en la prisión –accediendo a bienes y servicios vedados para la mayoría– como fuera de ella –configurando instancias que interpelan a la indulgencia de la sociedad–. Ambas resoluciones dejan en claro que el trabajo es realizado por un sujeto preso y su ponderación alude a la capacidad de la cárcel de resocializarlo, mas no de constituir una puerta de acceso a un derecho que, hasta ese momento, le había sido vedado.

Así, el “preso que trabaja” en la cárcel consigue, en el mejor de los casos, ser parte de un grupo (o mostrar interés por serlo) caracterizado por estar transitando hacia “ser un buen preso”, mas no un sujeto de derecho. Cuestión que, recordamos, es una realidad que comprende a una escasa minoría de la población carcelaria que, además, convive o ha convivido con el mensaje que la penitenciaría oculta y exhibe alternativamente: “no se puede trabajar”. 

En el marco de una discursividad social que da por sentado que, como señala M. J., de 55 años, “los presos deberían trabajar [y no lo hacen]” y un sistema penitenciario que enarbola “la resocialización depende de la inclusión a través del trabajo”, quienes se encuentran detenidos aseguran que, en su mayoría, “no pueden” trabajar. He ahí la aporía que no exhibe una salida posible, o bien expone un camino que carece de salida. 

 

Hacer del trabajo una aporía: entre infligir el castigo y disuadir la acción

Los itinerarios narrados por los detenidos para sortear los impedimentos que la cárcel impone para trabajar incentivaron preguntas vinculadas a cómo pensar la improductividad normada y encarnada en historias específicas y, respecto de esa norma, cómo pueden producir prácticas que irrumpen con relación al ejercicio del trabajo, esto es un sujeto que, de todos modos, se construye productivo.

Los eventos con los que la prisión va hilvanando la disuasión para trabajar son igual de numerosos a los que ensayan alternativas para “saltar la aporía”. “No se puede. Y ¿por qué no se puede, señora?”, dice M., de 35 años, simulando tonos y gestos de un diálogo que resulta reiterado para ella y para todas sus compañeras que acompañan con muecas y gestos de fastidio. Finalmente, comparte la respuesta: “porque no se puede”. La expresión con la que se titula el presente artículo es la contestación que se reitera y que culmina en el callejón sin salida aparente: “no se puede”.

“Quedó en contestar y todavía no contestó”, “nos iban a prestar un rastrillo y dos palas y no las trajeron”, “el cable no alcanza para llegar al aula así que no se va a poder”, “no tenemos manguera así que vamos a ver si conseguimos”, “el superior no lo autoriza”, “para acá no hay recursos”, “y así es una lista que te puedo seguir enumerando”. Los lugares comunes a los que acuden los argumentos se percibe como una compleja mezcla de “Falta de predisposición, falta de personal, falta de recursos. A veces, es verdad. A veces, es mentira” (A., 54 años).

Una porción de detenidos encuentra atajos aunque no todos son exitosos. “No hemos podido aprovechar cosas en la zambullo’”, señala G., de 56 años, refiriéndose a los materiales de descarte y desecho que son arrojados a la basura. Allí donde la institución percibe residuos, algunos ven un espacio potencialmente proveedor de elementos, materia prima para la producción (“nos sirven para alguna artesanía, para desarmar y rescatar algunas partes, darle una utilidad a algo que se tiró ¡es zambullo!”, F., 45 años) o bien para la confección de herramientas (“con dos o tres cosas hacemos herramientas, para poder trabajar porque sabemos cómo se hace”, F., 28 años). Conocida la potencialidad, sin embargo, se les impide reutilizar el descarte. La referencia al zambullo ubica en el ámbito del ridículo lo que acontece ante una propuesta de hacer y una respuesta que frena, impide y, finalmente, paraliza.

Otros procedimientos –aunque no previstos por la institución– son incorporados y aceptados de hecho en negociaciones en las que priman las posibilidades de agencia de los sujetos particulares. Como relata  L., de 53 años, aludiendo a la experiencia de sus compañeras de la Unidad Penal 52:

Uno lo puede proponer. Y, si uno propone, después, uno puede disponer. Yo durante dos años y medio estuve ahí, me hice un lugarcito. Lo preparé para mi estadía, lo convertí en taller de herrería y les arreglé todo el penal. El servicio penitenciario no propone nada para nosotros. Ni para que cambiemos, ni para nada. (...) Las chicas igual hacen, con lo que tienen, con lo que pueden. No se podía tener quinta porque no había pala. Se han agarrado palos de los escobillones y con el palo hacen los surcos para la quinta. Ganas hay.

Al mismo tiempo, son relatadas variantes que ubican su origen en el Centro Universitario, como testimonia M., de 34 años:

Muchas veces desde el Centro [Universitario] proponemos e incentivamos a las compañeras para que capitalicen su tiempo en algo positivo y aprendan a hacer otra cosa que no sea lo cotidiano, lo que propone “la unidad femenina” [mientras simula las comillas con sus manos y dedos] y entra en toda una protocolización para autorizar, para el ingreso de ciertos elementos. Para cuando llega la autorización, capaz que ya no está la compañera que lo había propuesto, porque ha sido trasladada y nos quedamos ahí.

Los amplios repertorios de acción que buscan operar más allá de la lógica que impera en la cárcel se han relevado por medio del análisis etnográfico de los procesos transitados por los detenidos en la cárcel, entrevistas en profundidad y profundizadas en sesiones de retroalimentación. Allí emergen narrativas que resisten, desarticulan y transgreden diferentes mecanismos de dominación, control y regulación, muchos de los cuales se asientan en el cuerpo, acechando y perforando las normas.

Los impedimentos con los que los detenidos se enfrentan cuando proponen hacer nos acercan los argumentos y las razones que subyacen a las prohibiciones. En este marco, una faceta importante estuvo asociada al contrapunto de las lógicas que organizan las cárceles de mujeres y las de hombres. 

Las restricciones fundadas en argumentos de “seguridad”, “precaución” y “cuidado” que organizan la vida cotidiana de la unidad femenina se traduce en desazón: “estamos limitadas el acceso a herramientas” (L., 56 años). El diagnóstico lo completa A., de 36 años: “es muy difícil conseguir y no tenemos permiso para tener nada que sea punzocortante, supuestamente, por seguridad. (..) estamos en un régimen abierto y no podemos armar una quinta, porque no tenemos una pala. No está autorizada”.

Los hombres, por su parte, acercan sus experiencias en materia de la provisión de herramientas y exponen una contracara:

Acá estamos en un penal de máxima y salen a trabajar 300 personas todos los días y todos salen con herramientas, elementos contundentes, de hierro. [Pero acá] No se puede dejar crecer demasiado el yuyo o que los caminitos no estén marcados (..) Hay una persona encargada pero el que reparte las herramientas es un preso. Y están dando vuelta con las herramientas en la mano todo el tiempo pero para mantenimiento [de la infraestructura del penal]. Si vos pedís una herramienta para hacer un trabajo porque de ese trabajo te permite conseguir un jabón, eso no se puede.  (G., de 49 años)

El intercambio entre varones y mujeres transitó por varias aristas que convergen, mayoritariamente, en “el famoso patriarcado que está muy instalado lamentablemente acá en el servicio” (S., de 34 años). Este aspecto, aunque no es un eje de análisis de este trabajo, se presenta como una arista que es susceptible de ser profundizada.

La búsqueda de “saltos a la aporía” en las narrativas de los detenidos nos acerca a la figura del “paria”. Su apelativo refiere a quienes no son visitados por familiares o allegados en su estancia en la cárcel y, como consecuencia, ven comprometido su aprovisionamiento básico de la alimentación. La figura del paria constituye un analizador (Lourau, 1975) de variados repertorios de acción que buscan operar en la lógica de la cárcel y que configuran una zona de permitidos y prohibidos que son redefinidos y (re)apropiados por los actores vinculados. Los relatos que revelan lógicas fundantes de control, intercambio y reciprocidad surgen y acontecen durante “la visita”.

“El paria tiene que trabajar para él porque no tiene visitas”: la expresión pertenece a G., de 56 años, que refiere, en su caso personal, a la presencia de su familia. Con diferentes matices, remite a lo que dicen varios testimonios: “no tiene cómo conseguir cosas básicas” (P., de 39 años) “no le llegan artículos necesarios” (M., de 29 años), “cómo hace para tener lo que necesita para vivir” (D., de 35 años).

En la vida cotidiana de la cárcel “la visita es lo más importante”. En efecto, la llegada de familiares es uno de los eventos más significativos para la dinámica carcelaria: días y horarios especialmente dedicados, y espacios para recibir expresamente dispuestos configuran una oportunidad del detenido para mantener, renovar o reconstruir los lazos vinculares con las personas del “afuera”.

La figura del paria revela la configuración de un escenario en el que el aprovisionamiento queda en suspenso y deja al descubierto que la institución carcelaria no provee las provisiones necesarias para la supervivencia de los detenidos.

Un derivado de la visita que también muestra la presencia de vínculos en el exterior es la llegada de “la morocha”. La denominación, que hace uso de un vocablo coloquial para referirse a una persona de tez morena o negra, corresponde a la caja o envoltorio –también llamada encomienda– que se envía por correo postal mediante el cual los familiares o allegados remiten provisiones a los detenidos. El ingreso de las mercaderías a las instalaciones de la unidad penal es requisado, controlado y, una vez terminado el procedimiento, se lo deposita en una bolsa de plástico de color negro (similar a las utilizadas para el acopio de residuos) y este es el modo en que ingresa al sector de pabellones donde habitan los detenidos.

La expresión: “te llegó la morocha” supone la presencia (y la ocupación) de un otro que está afuera de la cárcel y envía cosas necesarias para la supervivencia de su allegado. Ese otro generalmente está imposibilitado de una visita presencial sistemática, mayormente explicada por los costos que suponen las grandes distancias que separan el domicilio de origen del detenido y la ubicación geográfica de la unidad penal.

La alta ponderación que tienen ambas referencias presenta como aspecto principal y más evidente la continuidad de los vínculos: el esfuerzo (físico y material) que supone para los allegados renovar esa presencia. Sin perjuicio de la importancia de esta dimensión vincular, emerge otra que, por invisibilizada, no es menos importante: la visita se traduce en aprovisionamiento de artículos de primera necesidad. Surtidos de comida, ropa, medicamentos, etc. son esperados por los detenidos en tanto son parte de su supervivencia durante el periodo en prisión, sea para consumo personal o para intercambio.

Ambas prácticas –la visita y la morocha– evidencian, además, que hay un otro que provee y esta provisión se posiciona como una condición necesaria para la supervivencia, revelando que la institución carcelaria no garantiza el aprovisionamiento de todo aquello que se requiere para vivir dignamente. En especial, artículos de primera necesidad para la alimentación, la higiene personal y la de los ambientes. Mientras la visita y la morocha aseguran las provisiones, la institución carcelaria terciariza –de hecho– en estos contactos estrechos de los detenidos parte de la responsabilidad de garantizar la supervivencia. Y, justamente, lo antedicho logra mayor claridad cuando nos enfrentamos a la evidencia de que una porción de detenidos no recibe visitas. En efecto, la ausencia de redes personales que garanticen el acceso a bienes destinados a su reproducción pone en cuestión la supervivencia y se configura –de hecho– en una llave con la que se puede flexibilizar normas que se presentaban rígidas: los espacios y los tiempos habilitados para trabajar. La flexibilización que permite el paria también hace evidente que la provisión de alimentos por parte de la institución penitenciaria es insuficiente.

La característica de convergencia en el hecho de “no tener visitas” y “no recibir la morocha” conduce a la configuración del concepto de “el paria”. Sin embargo, la búsqueda de otros aspectos que colaboren en su caracterización y la ponderación de su complejidad nos conduce a ingresar a un escenario en el que se hace posible acceder a una nueva dimensión del término nativo “trabajo”. Dicha dimensión, al mismo tiempo que exceptúa las labores coordinadas desde el área de Asistencia y Tratamiento del servicio penitenciario, refiere mayormente a “los que saben hacer cosas”, aludiendo a la fabricación de objetos, artesanías, prendas de vestir y hogareñas, etc.

Al mismo tiempo, los eventos que se suscitan en torno de “el paria” son reveladores de la capacidad de agencia con el que es posible reconocer a los y las penitenciarias, habilitando o restringiendo espacios de negociación de normas y preceptos que –salvo ante la presencia del paria– se muestran rígidos e inamovibles.

 

“Ese lugarcito, pequeño, construye grandes cosas y me gusta ser parte (..)”

La expresión pertenece a D., de 35 años, un detenido de Sierra Chica, con régimen abierto, que en ese momento comenzaba el tercer año de una carrera de grado del campo de las Ciencias Sociales de la UNICEN, institución a la que ingresó cuando estaba en un régimen de máxima seguridad y continuó luego de su traslado a régimen abierto. Su mirada del espacio universitario en la cárcel está asociado a “crear, abrir espacios, abrir mentes, compartir conocimiento y experiencias vividas”.

La complejidad que adquiere la mirada de los fenómenos sociales es la segunda referencia con la que se asocia la universidad:

poder tener una visión del mundo, de la vida, de las problemáticas que han ocurrido en la historia de vida, para poder cambiar. Ese punto, el único que lo genera es la universidad, es la educación y es la formación de grado. (F., de 26 años)

Respecto del trabajo en la cárcel, es tematizado en producciones académicas en el marco de cátedras, intervenciones en espacios universitarios y la participación en los propios trayectos educativos:

Nosotros, como estudiantes, observamos que estas cuestiones [el objetivo de resocializar o reeducar], tienen muchas falencias: falta de acompañamiento por parte del Estado, falta de políticas públicas que permitan que las personas privadas de su libertad acceder al trabajo formal dentro de la cárcel y que, mediante ese trabajo, puedan transformar, mejorar y pensar en un futuro mejor. Esto, sinceramente, no ocurre de esa manera (...) Si bien los medios masivos de comunicación muestran un pantallazo de la cárcel y muestran espacios donde las personas trabajan, donde se rehabilitan, no es tan así, es una farsa. (Taller V Diseño gráfico, 2:10)

En la tarea de identificar algunas trazas en la subjetividad de quienes transitan por propuestas de la universidad, hacemos notar la complejidad de la “problemática del trabajo” y la diversidad de dimensiones que se convocan para pensarlo. Asimismo, el posicionamiento “como estudiante universitario” hace evidente, por un lado, un replanteo respecto de los modos nativos de entender el trabajo y, por otro, un reposicionamiento desde el lugar desde el que se lo piensa y analiza. “Muchas veces los estudiantes somos perseguidos por intentar generar un cambio, por pensar diferente, por no ser sumisos; y tenemos ciertas problemáticas a la hora de impulsar estos cambios”, manifiesta F., de 35 años, lo que nos advierte acerca de los costos que estas trazas suponen. Una indagación mayor en esta dirección nos aportará elementos para mensurar los impactos en la gestión de la cárcel.

 

Conclusiones

La creación y fortalecimiento de unidades productivas en la cárcel desde una intervención institucional de la universidad pública nos condujo a indagar en la forma en que acontecen los procesos de negociación y disputa acerca de los sentidos que adquiere el trabajo en la cárcel. El camino espinoso por el que transitan quienes procuran trabajar en la prisión ha sido una recurrencia de este relevamiento, cuestión que contrasta con las enunciaciones de la discursividad social que aluden a una composición parasitaria de las cárceles.

La exploración abordó tanto los sentidos promovidos por la institución carcelaria y sus políticas de seguridad cuanto los que –resistiendo a ellos– generan y propician otras conceptualizaciones acerca del trabajo en prisión y del sujeto que trabaja, focalizando en la construcción de evidencias empíricas que mensuren la incidencia de la universidad en el reposicionamiento de los sujetos privados de la libertad. A continuación, señalaremos algunas cuestiones.

En primer lugar, la consideración de los mecanismos de gestión, modelaje y producción de los sentidos del trabajo en la cárcel ha evidenciado distintas operatorias de clasificación y conformación de grupos de detenidos: uno seleccionado como destinatario de acciones enunciadas con la misión de resocialización y definidas por una lógica carcelaria que se inscribe más en el mérito que en la condición de derecho. Otro, mayoritario, sometido a un encierro con escaso o nulo contacto con la antedicha misión. El estudio realizado –focalizado en el primer grupo, el más restringido– obtiene que las y los detenidos son instruidos e instruyen en la vida cotidiana en un mandato que encuentra en el trabajo una instancia más en la que se cristaliza el castigo y la condena, dejando huellas en la subjetividad que aparecen asociadas más a la conformación de un “buen preso” que a un sujeto de derecho. Las narrativas de las personas encarceladas en el centro de la provincia de Buenos Aires exponen el obrar de una institución penitenciaria que opera mediante un despliegue sistemático de mecanismos –formales e informales– que confluyen en un estatuto del trabajo que permite emplearlo como pieza de cambio para mejores condiciones de vida en la prisión, circunscribir al sujeto que lo realiza a la condición de detenido e imprimirle sentidos asociados a la improductividad, aunque bajo la rúbrica de la resocialización como estructurante de la política penitenciaria. En efecto, la indagación proporciona datos que ponen en evidencia la conformación de una espiral viciosa que se retroalimenta hasta convertirlo en una aporía que se permite a medias, se restringe o se impide.

En segundo lugar, la complejización de la categoría nativa de “beneficio” ha permitido elucidar operaciones por las que el trabajo, al adscribirse al ámbito de la resocialización, subraya en el sujeto que trabaja la condición de condenado y, por tanto, se asocia a la gestión de la pena en el ámbito judicial y penitenciario. Así, se impone una modalidad de valorización que prescinde de generar o ampliar mecanismos de sostenimiento y manutención propia o colectiva en las personas que trabajan, cuestión que los conduce a la dependencia de otros para ello. En ese marco, la retribución monetaria se percibe intrascendente al ser comparada con la recompensa judicial en tanto esta última se asocia al egreso o bien al logro de un mejor pasar tras las rejas. Con esta base, la lógica de la cárcel opera mediante el trabajo consolidando dos procesos de expropiación. El primero, expropia la condición de derecho del trabajo inscribiéndolo en la condena y consagrándolo como un medio para la resocialización del sujeto condenado, cuestión que embarga la posibilidad de construir espacios de autonomía en la tarea de provisión individual o colectiva de los detenidos, acreditándolo como único destino la construcción de “pequeños logros” que potencialmente conduzcan a la redención. El segundo, expropia el producto del trabajo ingresándolo a un recorrido que aspira a la indulgencia en el ámbito social, exponiéndolo como un penado que ha retomado el rumbo mediante acciones de donación que gestiona y exhibe la penitenciaría. Ambos despojos consolidan una condición para el sujeto detenido que le impide asumir individual o colectivamente la gestión de la reproducción de su vida, siendo esto el estructurante de la eficacia simbólica de las prisiones en la región centro-bonaerense del siglo XXI. En efecto, el trabajo –en función de la condena– garantiza la dependencia de otros que proveen.

En tercer lugar, examinar los modos en que los mecanismos de la cárcel, que operan en la subjetivación de un estatuto del trabajo asociado a nociones de castigo y/o resocialización, permiten poner en evidencia cómo se cristaliza la condición de sujeto improductivo con que las políticas carcelarias definen e igualan a las personas detenidas sin distinción de causas judiciales ni trayectorias delictivas. El análisis deriva en aportes para comprender la objetivación de la dimensión vivencial de las nociones de trabajo instituidas en la prisión y la reproducción de un sujeto improductivo –limitado en la capacidad de autosustentarse–. En esta clave, la detección de la figura del paria, al mismo tiempo que habilita espacios reales de negociación, lo hace cuestionar la lógica penitenciaria. Se asoma allí un mecanismo que merece ser profundizado y que nos lleva a hipotetizar acerca de la ductilidad con que esta figura alterna la resistencia y la adaptación. En este punto, ha resultado crucial la conceptualización de la capacidad de agencia de los actores –tanto el personal penitenciario como los detenidos– que en sus relaciones cotidianas ensanchan y restringen, según las coyunturas, aquello que implica trabajar.

Por último, y en el plano de identificar huellas del trabajo promovido por la universidad, las experiencias académicas son asociadas a la construcción de una mirada más compleja de la sociedad. El extrañamiento, la elucidación y la proyección son tres trazas reconocidas en las experiencias asociadas a la “otra mirada” que ofrece la universidad. Una cuestión aún más importante reside en que tales reposicionamientos se asocian a procesos mentales que se explican por la condición de estudiante universitario, revelando de este modo que es el propio sujeto el que se visualiza reposicionado.

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[1] Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Economía Social por la Universidad Nacional de General Sarmiento, Licenciada y Profesora en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Se desempeña en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro como docente en los Departamentos de Comunicación Social y Periodismo y de Educación, en Investigación es Co Directora del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas “Estudios sobre sociedad, acceso a derechos y cárceles” e integrante de “Programa de Investigaciones Comunicacionales y Sociales de la Ciudad Intermedia y es Coordinadora del Programa Institucional Economía Social Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1810-5420

Correo electrónico: rsosa@soc.unicen.edu.ar

[2] A lo largo del trabajo se emplea el género gramatical masculino por motivos de brevedad, pero debe entenderse que estos términos no refieren solamente a los hombres, sino a todas las personas; en este caso, por ejemplo, a todas las que constituyen el estudiantado universitario de las unidades productivas.

[3] En la provincia de Buenos Aires se radican un total de 22 Universidades Nacionales, de las cuales 15 están ubicadas en el área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las restantes 7 fuera de la capital provincial (La Plata, Tandil, Bahía Blanca, Luján, Mar del Plata, San Antonio de Areco y Junín).

[4] Las cuatro ciudades sedes de la UNICEN tienen en común su condición de centros urbanos de rango intermedio. La especificidad de tales urbes atiende tanto a indicadores estructurales y de funcionalidad asociados a un rango poblacional amplio (desde los 50.000 a los 500.000 habitantes) cuanto a los aspectos significacionales y las dinámicas simbólicas del espacio urbano.

[5] El Sistema Penitenciario Bonaerense, según datos de 2021, aloja 46.560 personas detenidas en cárceles y alcaldías en una estructura compuesta por 12 complejos integrados por 58 unidades carcelarias que se distribuyen en 22 distritos del territorio provincial (Comisión Provincial por la Memoria, 2021).

[6] A partir de la sanción y promulgación de la Ley 26.206/06, en Argentina la obligatoriedad escolar se extiende desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel de la educación (Artículo 16).

[7] El Complejo Penitenciario Centro zona norte comprende 5 unidades penitenciarias que se encuentran localizadas en pequeñas localidades bonaerenses. Las Unidades 7 y 52 en la ciudad de Azul (70.545 habitantes), las Unidades 14 y 30 en la ciudad de Gral. Alvear (9.812 habitantes) y la Unidad 37 en Barker donde viven 1.241 habitantes de los 20.500 habitantes del partido de Benito Juárez (INDEC, 2012).

[8] El Complejo Penitenciario Centro zona sur está integrado por las Unidades 2, 38 y 27, ubicadas en Sierra Chica, localidad habitada por 4.812 personas de los 111.708 habitantes del partido de Olavarría. A esto se suma la Unidad 7, situada en Urdampilleta, localidad de 3.633 habitantes del partido de Bolívar (34.190 habitantes) (INDEC, 2012).

[9]  Atendiendo al espacio acotado, no nos detendremos en el desarrollo del sustento conceptual de esta investigación; puede encontrarse una síntesis de nuestra aproximación en Sosa (2014, 2015). La conceptualización del trabajo, en tanto práctica social, interesa como generador de diversos saberes cuya complejidad e interrelación ha merecido un análisis pormenorizado de lo que allí ocurre. Desde la sociología del trabajo, se logra una tipología que permite advertir los matices que en este constructor tienen lugar. Así, establece diferencias entre los conocimientos que están objetivados, organizados y sistematizados en conceptos o teorías, los saberes de las acciones –las capacidades asociadas a la intervención y se expresan en acciones, habilidades y destrezas– y los saberes de las situaciones –requeridos para la toma de decisiones en el marco de una acción (Barbier, 1999)–. En referencia al encarcelamiento como situación que significa el trabajo, interesan los desarrollos que profundizan en las fluctuaciones asociados a los sentidos del trabajo entre las dimensiones productivas-comerciales y las estrategias de capacitación y disciplinamiento basadas en la creencia de la rehabilitación (Matthews, 1999; Routier, 2015).

[10] El Sistema Penitenciario Bonaerense se estructura en 12 complejos penitenciarios integrados por 58 unidades carcelarias (distribuidas en 22 distritos del territorio provincial) en las que para el año 2021 permanecían 46.560 personas detenidas en cárceles y alcaldías, de las cuales 1.681 eran mujeres (CELS, 2022). Esta cifra muestra un crecimiento de casi 4.000 personas en un año ya que en 2020 se registraban 42.821 (siendo 1.443 mujeres). En 1863, año en que se  edificó la primera cárcel bonaerense en San Nicolás, se inicia en el siglo XX un proceso que caracteriza la construcción de un promedio de 75 plazas por año. Este ritmo estuvo próximo a duplicarse durante el siglo XX (132 plazas cada año), tendencia que se profundiza en lo que va del siglo XXI, exhibiendo un incremento que asciende a 838 lugares anuales (Senatore, 2015).

[11] Estos quedan excluidos de nuestro análisis en tanto nos interesan aquellos que organizan exclusivamente como donación o se “cobran a voluntad”, recibiendo productos alimenticios o de higiene como pago.